• Más allá de las molestias del negocio el Roof, en el fraccionamiento Urbano “La Florida” que está violentando la norma, el otro extremo, presumible usurpación de funciones y abuso de autoridad, de “Promotores de la Legalidad”, figura incluso, no considerada en ninguna ley federal, estatal o municipal.
Por Mario Ruiz Hernández
NAUCALPAN Méx., a 5 de marzo del 2019.-Luego del cierre de un giro negro en el fraccionamiento Urbano “La Florida”, surgen números especulaciones en torno al contundente acto.
Lo anterior y más allá de la operación ilegal del negocio y que es cierto, la total también ilegalidad de los controvertidos “promotores de la legalidad”, a la presumiblemente clausura.
En ese orden, no es menor la situación y sumamente delicado el asunto, cuando en principio de cuentas, el actual gobierno neomorenista despareció la oficina de verificaciones y clausuras, a verificadores y notificadores, que contempla el marco normativo vigente y acotar la corrupción.
En su lugar, crearon la ilegal figura que no tiene un sustento jurídico, ni siquiera se encuentra regulada, motivada y fundamentada en la legislación estatal y mucho menos, municipal.
Asimismo, ni el código de procedimientos administrativos, la ley orgánica municipal y hasta “El Bando de Policía”, 2019-2021, consideran a tal figura, sus facultades y sus atribuciones.
Las consecuencias fatales, al incurrir según en abuso de autoridad, usurpación de funciones, afectación a los derechos humanos y ser sujetos en la mesa de responsabilidades e incluso en el orden penal.
Destacar que, no se puede combatir una ilegalidad con ilegalidad, y sustituir al libre albedrío facultades y atribuciones y pasarlas a otras figuras, y peor, no contempladas en la ley.
En la clausura ordenada por la coordinación jurídica, de la “Súper Secretaría de Fomento Económico” y presumiblemente por los “PROMOTORES DE LA LEGALIDAD”, quienes colocarían los sellos, violentar el marco jurídico vigente.
En ese supuesto, el quedar debidamente acreditada, la justamente usurpación de funciones y abuso de autoridad, entre otros delitos o faltas administrativas graves.
Por otra parte, actuar como tales y sesgar la ley, además de operar analógicamente como la desparecida oficina de verificaciones y clausuras, al salir a según supervisar negocios establecidos, de vías pública y demás.
Finalmente, esperar a que su legalización sea lo más pronto posible, y que realmente se ve complicado por los procesos legislativos para elevar la figura constitucionalmente.
NAUCALPAN Méx., a 5 de marzo del 2019.-Luego del cierre de un giro negro en el fraccionamiento Urbano “La Florida”, surgen números especulaciones en torno al contundente acto.
Lo anterior y más allá de la operación ilegal del negocio y que es cierto, la total también ilegalidad de los controvertidos “promotores de la legalidad”, a la presumiblemente clausura.
En ese orden, no es menor la situación y sumamente delicado el asunto, cuando en principio de cuentas, el actual gobierno neomorenista despareció la oficina de verificaciones y clausuras, a verificadores y notificadores, que contempla el marco normativo vigente y acotar la corrupción.
En su lugar, crearon la ilegal figura que no tiene un sustento jurídico, ni siquiera se encuentra regulada, motivada y fundamentada en la legislación estatal y mucho menos, municipal.
Asimismo, ni el código de procedimientos administrativos, la ley orgánica municipal y hasta “El Bando de Policía”, 2019-2021, consideran a tal figura, sus facultades y sus atribuciones.
Las consecuencias fatales, al incurrir según en abuso de autoridad, usurpación de funciones, afectación a los derechos humanos y ser sujetos en la mesa de responsabilidades e incluso en el orden penal.
Destacar que, no se puede combatir una ilegalidad con ilegalidad, y sustituir al libre albedrío facultades y atribuciones y pasarlas a otras figuras, y peor, no contempladas en la ley.
En la clausura ordenada por la coordinación jurídica, de la “Súper Secretaría de Fomento Económico” y presumiblemente por los “PROMOTORES DE LA LEGALIDAD”, quienes colocarían los sellos, violentar el marco jurídico vigente.
En ese supuesto, el quedar debidamente acreditada, la justamente usurpación de funciones y abuso de autoridad, entre otros delitos o faltas administrativas graves.
Por otra parte, actuar como tales y sesgar la ley, además de operar analógicamente como la desparecida oficina de verificaciones y clausuras, al salir a según supervisar negocios establecidos, de vías pública y demás.
Finalmente, esperar a que su legalización sea lo más pronto posible, y que realmente se ve complicado por los procesos legislativos para elevar la figura constitucionalmente.
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