Por: David Esquivel
Nicolás Romero, Méx.- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), consideró probados los actos de violencia política de género cometidos por el Alcalde Armando Navarrete contra la Segunda Regidora Melva Carrasco; el fallo le impide al edil volver a ser candidato en el proceso electoral 2021.
El Tribunal Electoral del Estado de México recibió la queja de Melva Carrasco Godínez, Segunda Regidora del Ayuntamiento de Nicolás Romero, en contra del Presidente Municipal Armando Navarrete López.
Los magistrados en Pleno, una vez estudiado el caso, resolvieron que tanto el presidente municipal, Armando Navarrete López, como el tesorero, Manuel de la Vega Suárez, deberán subsanar los actos denunciados por la regidora.
El fallo jurisdiccional inhabilita a Armando Navarrete para volver a ser candidato a la Presidencia Municipal, pues la Ley Electoral y los estatutos de Morena son claros: uno de los requisitos para ser candidato es no haber recibido sanción por violencia política de género, por lo que Navarrete López ya no podrá ser candidato en el proceso electoral.
Según los antecedentes del caso, desde el 2019 el edil Armando Navarrete López emprendió diversas acciones en agravio de la regidora, quien, además, ha sufrido acciones que entorpecen su labor y ataques verbales, por parte de la sexta regidora María Martha Ronzón Pérez, el Secretario del Ayuntamiento, Rodolfo López Olvera y la Síndica Municipal Éricka Flores Hernández.
Entre las acciones que le valieron la enemistad del alcalde y sus compañeros ediles se menciona el hecho que la regidora cuestionó en Cabildo, el ecocidio cometido en la ex fábrica de papel del Pueblo de Progreso Industrial y la falta de permisos para la tala de más de 2 mil árboles. Debido a estos cuestionamientos la administración del Ayuntamiento dio de baja a su asesora jurídica, y, después, a otros dos miembros de su equipo de trabajo.
Por su voz crítica en las sesiones de Cabildo la regidora es blanco de alusiones personales, no se le otorga derecho de réplica, se le ha impedido exponer temas o cuestiones de interés público, como son los viajes del edil a España y ha votado en contra de la contratación de un préstamo por 40 millones de pesos, entre otros cuestionamientos, lo que causó que, el 17 de noviembre pasado, como una represalia más, se dio de baja a las dos últimas personas que quedaban en su equipo de trabajo.
Ante los hechos la Diputada Anaís Burgos Hernández presentó un exhorto al Congreso local, se ha pedido la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEDOMEX) y, si procede, hasta la aplicación del Código Penal al alcalde Morenista, quien no podrá competir en la elección venidera.
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