El gobierno morenista de Naucalpan requebró la hacienda pública

• El año pasado, en el 2021, la irresponsabilidad fue brutal y en el que se documentan una serie de irregularidades también, en el gasto público.
• El 45 por ciento del presupuesto de ese año, se fue al rubro de servicios personales, a sueldos y salarios, pero no pagaron a empleados sindicalizados y de confianza, éstos últimos que ellos mismos incorporaron a la administración, según los resultados de la cuenta pública 2021 del OSFEM entregada al Congreso Local.
• Incrementaron la deuda a corto plazo, la cual aumentó durante los tres años del gobierno morenista, pues de mil 812 millones 916 mil pesos en 2019, pasó a dos mil 565 millones 508 mil pesos en 2020 y para el 2021 cerró en dos mil 946 millones 974 mil pesos.

Por Mario Ruiz Hernández

Naucalpan, Méx., noviembre del 2022.- Es evidente que, el pasado gobierno morenista de Naucalpan encabezado por la ex alcaldesa, Patricia Durán reveles, requebró la hacienda pública.

Los daños fueron totalmente sorprendentes, y pese a que la alta probabilidad de que ex funcionarios actuaron a las espaldas de la ex munícipe, como que está a estas alturas es de pensarse.

El mal manejo de los recursos públicos, los altos compromisos con el partido movimiento, el partido de AMLO, y el cobro de facturas con las “tribus al brincar a MORENA”, no se la perdonaron.

De igual manera, el incorporar a su gobierno de la 4T, a más ex panistas y ex priístas que a morenistas en las denominas “Súper Secretarias”, y lo peor, que no eran del municipio de Naucalpan de Juárez.

En ese orden, y entender o para justificar el peor desempeño de al menos la última década, que al final, y dirían no era morenista sino Petista, y, de cualquier manera, las secuelas fueron desastrosas.

Los resultados de la cuenta pública 2021, en Naucalpan entregados por el Órgano Superior de Fiscalización del Edoméx (OSFEM), al congreso mexiquense arrojan una serie de irresponsabilidades.

De acuerdo a los informes de la dependencia, publicaciones por los medios escritos de la fuente y digitales, la ex alcaldesa en su último año de gobierno aumentó la deuda pública y el gasto en servicios personales.

Asimismo, realizó gastos no justificados, pagos fuera del plazo legal, adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas y sub ejercicios en algunos rubros.

El ayuntamiento ejerció más recursos de los que tenía autorizados, pues su presupuesto modificado fue de cuatro mil 611 millones de pesos, pero ejerció cinco mil 132 millones, de los cuales la mayor parte fueron a servicios personales con dos mil 905 millones, es decir, el 45% de su gasto.

Adicional a ello, el 14 por ciento se erogó en servicios generales, un porcentaje idéntico en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, un 12% a pagar deuda pública y apenas un 6% a inversión pública.

En 2021, el endeudamiento de Naucalpan fue calificado como alto tanto para el Órgano Superior, como para la Secretaría de Hacienda en el indicador referente a las obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas, sobre sus ingresos totales.

La administración de Patricia Durán contrató financiamientos en 2020 por 275 millones de pesos inscritos ante la Secretaría de Hacienda a pagar en diez meses, y aunque las anteriores autoridades pagaron una parte, heredaron un saldo de 66 millones 226 mil pesos.

En el anterior gobierno del municipio de Naucalpan la deuda a corto plazo aumentó durante los tres años de su gobierno, pues de mil 812 millones 916 mil pesos en 2019, pasó a dos mil 565 millones 508 mil pesos en 2020 y para el 2021 cerró en dos mil 946 millones 974 mil pesos.

A ese monto se suman los 461 millones 527 mil pesos de pasivos a largo plazo, con lo cual totalizan tres mil 408 millones 501 mil pesos.

En materia de cumplimiento Financiero el municipio de Naucalpan registró 22 pliegos de observaciones por sobregiros y sub ejercicios presupuestales, gastos no justificados, ingresos no comprobados, ni justificados, saldos de obligaciones no liquidadas, otros que representan adeudos y anticipos pendientes de comprobar.

También pagos en exceso de ADEFAS, otros fuera del plazo, adjudicaciones directas indebidas y gastos no justificados.

Entre las observaciones destacan el pago de adeudos fuera del término legal, la adquisición indebida de servicios de software y otros, a través de adjudicación directa, sin acreditar por qué se hizo mediante esa modalidad, y no por licitación pública y la autorización indebida para la adquisición de servicios de combustibles, lubricantes y aditivos.

El OSFEM también observó que hubo sobre ejercicios en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 9000, y en el rubro de predial, el municipio no acreditó que los ingresos por ese concepto fueran debida e íntegramente depositados en las cuentas bancarias de esa entidad.

Además, Naucalpan no recuperó ni canceló recursos y no mostró evidencia para justificar el origen de adeudos y anticipos para gastos pendientes por cobrar y comprobar.

Otras observaciones fueron por no contar con la documentación para comprobar y justificar la entrega de bienes y servicios adquiridos, ni el origen de adeudos. Tampoco la entrega de bienes y servicios obtenidos por acreedores.

Por otra parte, en control financiero el ayuntamiento incumplió con el objeto del gasto, pago ADEFAS con recursos propios, incumplió el contrato y los lineamientos del FEFOM, realizó adjudicaciones directas improcedentes, hubo estimaciones devengadas que contienen cantidades no ejecutadas obra y realizada en ejercicios anteriores. Además, no aplicó penas convencionales definitivas e hizo una contratación improcedente.

Entre otras cosas el órgano superior señaló que no se cubrió en su totalidad el crédito simple quirografario, pese a contar con recursos autorizados, además pagó de manera indebida ADEFAS del 2020 y adquirió indebidamente obras o servicios a través de adjudicación directa.

En la construcción del andador en el barrio La Mora del pueblo San Francisco Chimalpa y en la edificación de la Universidad Naucalpense primera etapa, Naucalpan devengó indebidamente recursos del FEFOM, pues esas obras no fueron ejecutadas y contravino las disposiciones respecto a la fecha límite para ejercer, aplicar y pagar los recursos.

El órgano superior también emitió una observación porque el ayuntamiento no exigió el cumplimiento del contrato en obras que no se encontraban concluidas en el plazo pactado, como la construcción de un andador, la rehabilitación de la subestación de bomberos El Chamizal y de la plaza comercial La Victoria.

Asimismo, el informe señala que incumplió los lineamientos para utilizar el FEFOM por no pagar obras, pese a tener suficiencia presupuestal, y al término del ejercicio se desconocía el uso y destino final de los recursos.

Así también se observó que la entidad autorizó recursos y contrató la adquisición de insumos en cuestiones que no guardaron relación con el mantenimiento y rehabilitación de la obra.

Además, se autorizaron recursos del mismo fondo para ejecutar obras que no cumplían con el objeto de los proyectos de infraestructura económica, no se aplicaron debidamente las penas convencionales por trabajos no ejecutados y plazos vencidos en obras que no fueron concluidas en los tiempos establecidos en los contratos.

Las auditorías arrojaron que se autorizaron de manera indebida recursos para la partida "reparación y mantenimiento de inmuebles", pese a no guardar relación con el mantenimiento de obra pública y se usaron recursos de inversión a gastos de operación del capítulo mil, a los cuales no se podían destinar.

Dejaron de pagar nóminas a más de 4 mil trabajadores sindicalizados sus salarios en tiempo y forma, a la vez que no liquidaron aguinaldos ni prestaciones de ley.

En ese mismo sentido, no pagaron a personal de confianza que ellos incorporaron al ayuntamiento, al Sistema DIF, a la policía municipal, a protección Civil y Bomberos.

A proveedores les perdieron facturas, a otros los trasladaron a los pasivos, pero lo más grave de todo el asunto, es que si no pagaron al sindicato y a empleados de confianza, qué ocurrió.

La hipótesis a despejar, si no pagaron sueldos, y salarios, prestaciones de ley a la burocracia sindicalizada y de confianza, luego entonces, dónde quedó el dinero público.

Cuestionar y sí, si está documentado un aumento del 45 por ciento de su gasto en servicios personales, del presupuesto de egresos, cuál fue el destino final, y todavía errar sus obligaciones por la Covid-19.

Referir y claro, que hay sujetos obligados a indagar, a investigar, a resarcir los daños, y superar las observaciones, a estas alturas, a casi un año que dejaron el gobierno, ya no es posible defender lo indefendible y en donde versa la impunidad, la corrupción y la traición a los que votaron por ellos.