• Representantes de la UNICEF, OIT, ACNUR, OPS, ONU Mujeres plantean como prioridad salvaguardar los derechos humanos de las personas en movilidad
Urgió a que se adopten legislaciones fiscales justas que permitan la redistribución de los recursos y atiendan las necesidades de las poblaciones con mayor desigualdad, toda vez que hay más de 22 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe.
Planteó incorporar en los marcos normativos la protección nacional e internacional para las personas que se desplazan por razones climáticas, ampliar las vías de migración regular y asegurar el acceso de asistencia humanitaria e integración.
Expresó que en este encuentro se escucharon las voces de las y los parlamentarios y se conocieron sus puntos de vista, propuestas, al tiempo que se generó un punto de arranque para una agenda regional en la materia. “Los legisladores tenemos que trabajar para erradicar la idea de que migrar es un delito, empezar a diseñar políticas públicas desde otra perspectiva y tener claro que la migración llegó para quedarse”.
La diputada con licencia, María Elena Serrano Maldonado (PRI), indicó que es necesario que los Estados y gobiernos de los países de la región y sus respectivos congresos y parlamentos impulsen reformas que incorporen a los marcos jurídicos el concepto de “binacionalidad”, a fin de permitir que los países de origen y destino de las personas migrantes logren la transversalidad, orden y ejercicio adecuado a los programas, acciones y políticas públicas con perspectiva migratoria.
El Diputado Augusto Gómez Villanueva (PRI) dijo que la crisis de la migración es uno de los grandes temas que abarca a todas las regiones del mundo, ya que tiene que ver con la pobreza, desocupación, pandemias, crisis democrática, cambio climático y crimen organizado.
José Antonio Ruiz Hernández, representante de la Oficina Ncaional de Protección a la Infancia (UNICEF), señaló que el 25 por ciento de la población en movilidad de América Latina y el Caribe son niñas, niños y adolescentes, por lo que planteó atender sus necesidades en los procesos migratorios y garantizar su protección, toda vez que no pueden ser detenidos y llevados a instalaciones para adultos ni separados de sus madres, padres y tutores. Además, se debe invertir en programas que eviten la violencia en sus regiones de origen.
Guillermo Díaz Ordaz Rigada, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), sugirió incluir en los marcos legislativos la garantía de la no detención y devolución de las personas en contexto de movilidad, la no discriminación y xenofobia a partir de la sensibilización de las ciudades de acogida, así como incorporar el concepto de cambio climático, pues este factor también contribuye a la migración.
Stephanie Cabello, oficial de migración laboral en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que la misión de esta organización se centra en promover el trabajo decente y su visión es enfocada en la migración laboral; es decir, que las personas en movilidad puedan acceder a trabajos decentes que permitan contar con todas las garantías de seguridad social.
La representante de ONU Mujeres, Nayeli Sánchez, explicó que la agenda regional debe reconocer a las mujeres que huyen de la violencia basada en el género, pues “no todo es violencia generalizada o social”, ya que son blanco para las organizaciones criminales. De igual manera, que las iniciativas en sistemas de cuidados consideren a las niñas y mujeres en situación de movilidad y que el sector empresarial impulse los servicios de bancarización.
Abish Romero, consultora en movilidad humana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que estos encuentros permiten intercambiar ideas entre países. Dijo que es necesario seguir trabajando para que los sistemas de salud estén centrados en las personas y sus necesidades, particularmente en las personas en contexto de movilidad.
Laura Canché, oficial nacional del Programa Regional sobre Migración OIM, afirmó que el fenómeno de las personas en movilidad no se da en un solo país, sino en diversas naciones de todos los continentes, por lo que es necesario verlo no como un número, sino como personas. Comentó que las agencias de las Naciones Unidas son un aliado para brindar apoyo técnico y acompañamiento en la construcción de políticas públicas en la materia.
Geison Valverde Méndez, parlamentario de Costa Rica, apuntó que en el ámbito de la educación su país otorga a los migrantes este derecho, a fin de que alcancen sus estándares. Expresó su deseo de que el nivel educativo en Centroamérica sea mayor, ya que ello les permitiría tener mejor calidad de vida.
Carolyn Ann Trench Sandiford, senadora de Belice, señaló que recientemente el gobierno de su país tomó la decisión de establecer un sistema gratuito de salud donde no existe discriminación. Respecto de los servicios de educación, dijo que cualquier niño es elegible para acceder a escuela gratuita.
Julio Pedro Gómez Gómez, parlamentario de Guatemala, indicó que su país impulsa el trabajo temporal para trabajadores en el extranjero, a fin de vincularlos con oportunidades laborales dignas mediante la migración regular, ordenada y segura.
César Roberto Dávila Córdova, parlamentario de Guatemala, manifestó que es necesario hacer reformas en materia de salud en el Instituto Geográfico de Seguridad Social y para beneficio de migrantes que quedan en el código de trabajo. “Este tipo de encuentros sirve para tomar ideas y ver cómo desarrollan iniciativas los diferentes países en estos temas tan importantes, a fin de buscar un beneficio para las personas”.
La parlamentaria de Guatemala, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, consideró que los migrantes deben contar con servicios consulares y certificaciones técnicas para quienes se especializan con lo aprendido en el extranjero.
Karina Sosa, secretaria de la Junta Directiva del Parlacen, indicó que es importante poner atención al alto grado de incidencias que pueden tener los parlamentos regionales. “Hay que reflexionar en el sentido de que el flujo migratorio que está pasando por nuestra región tiene un fuerte origen, el tema migratorio es permanente, no lo podemos ver de carácter coyuntural y eso implica visibilizarlo”.
Carlos Higinio de Jesús Veras, parlamentario de República Dominicana, expuso que su país ha trabajado en cómo regularizar e integrar a cada uno de los migrantes. Por ejemplo, en las áreas de empleo, le da oportunidad a los migrantes a que participen en diversos trabajos y en cuanto a la salud los apoya de una manera gratuita.
Melvin W J Bouv, parlamentario de Surinam, consideró que las regiones de América Latina y el Caribe deben diseñar modelos migratorios seguros que salvaguarden la vida y los derechos humanos y evitar cualquier acto de discriminación o xenofobia e impulsar medidas que permitan el acceso a la banca, salud, educación, ya que ello contribuye a la integración social. Para ello, solicitó que siga el apoyo de la Naciones Unidas y sus agencias, a fin de generar programas en beneficio de la población en movilidad.
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