Un mes, 52 detenidos y todavía no aparecen

Se espera el resultado de las pruebas hechas por argentinos a cuerpos hallados en fosas David Vicenteño.

Diversos artistas se han sumado al reclamo por la aparición de los 43 normalistas, pintando o dibujando sus retratos. Foto: Reuters Hace un mes, la noche del 26 de septiembre, la violencia se desató por parte de un grupo de policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, en complicidad con integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, con saldo de seis personas muertas, 20 heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos. Estos hechos revelaron la relación de complicidad entre corporaciones municipales con el crimen organizado, desde la misma presidencia municipal en manos del perredista José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, directamente vinculada con uno de los cárteles con más presencia: el de los hermanos Beltrán Leyva. Según reportes de autoridades, los que no alcanzaron a ser alterados, así como versiones de testigos y sobrevivientes, los ataques a normalistas iniciaron aproximadamente a las 21:00 horas, a su llegada a Iguala. Antes de la medianoche, el saldo era: tres estudiantes muertos, dos con heridas de bala y otro con huellas de haber sido desollado del rostro, cuyo cuerpo se halló en la avenida Periférico Norte. Las agresiones se extendieron a la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en el kilómetro 176, donde los agresores dispararon en contra del autobús en el que viajaba el equipo Avispones de Chilpancingo, matando a un jugador: David Josué, de 15 años. Además del conductor del camión con los futbolistas, también murió Blanca Montiel, una mujer que viajaba en un taxi. Para las primeras horas del 27 de septiembre, a las seis víctimas mortales se sumaron los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo paradero, a un mes, todavía se desconoce, y por quienes la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 64.5 millones de pesos de recompensa por información que lleve a su localización: millón y medio por cada uno. Un mes de investigaciones A un mes de los hechos violentos en Iguala, Guerrero, las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, han llevado a la detención de 52 personas, entre policías municipales, funcionarios y de Guerreros Unidos. También se estableció como móvil de las agresiones la orden del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de impedir el paso de los normalistas, debido a que se realizaba un baile para su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien rindió su segundo informe de labores al frente del Sistema DIF Municipal. Por estos hechos se giraron órdenes de aprehensión en contra del matrimonio Abarca Pineda, del director de Seguridad Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y del subjefe de la Policía Municipal de Cocula, César Nava. En relación con la cúpula de Guerreros Unidos, su líder, Sidronio Casarrubias Salgado, ya fue detenido y consignado a un penal de máxima seguridad en el Estado de México; además, se abatió a Benjamín Mondragón Pereda El Benjamón, durante un operativo en Jiutepec, Morelos, el pasado 14 de octubre. También es buscado Salomón Pineda Villa El Molón, otro dirigente de Guerreros Unidos y hermano de la exprimera dama de Iguala, cuya supuesta captura se había realizado en Morelos, lo que desmintió el gobernador de la entidad, Graco Ramírez. Una persona identificada como El Gil también es buscada por las autoridades, quien es señalada como la responsable de organizar el traslado de los normalistas a un predio de Pueblo Viejo, en las inmediaciones de Iguala, para lo que dispuso de un camión de redilas. Las investigaciones establecen que El Gil reportó directamente de todo lo ocurrido en Iguala a Sidronio Casarrubias, por medio de un equipo de radiocomunicación. La noche negra de Iguala A partir de las declaraciones de detenidos, testigos y víctimas, las autoridades saben que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la mayoría de primer ingreso, se trasladaron a Iguala en dos camiones secuestrados de la empresa Estrella de Oro. El motivo del traslado era “botear” en esa ciudad para obtener recursos y poder viajar a la Ciudad de México, con motivo de la marcha por la conmemoración del 2 de octubre. Alrededor de las 18:00 horas, el grupo de casi 80 estudiantes partió de Ayotzinapa con destino a Iguala, pero esa noche tres perdieron la vida y 43 fueron desaparecidos. Para establecer la relación de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, han sido relevantes las declaraciones de Sidronio Casarrubias y sus cómplices: Honorio Antúnez Osorio El Patachín, Martín Alejandro Macedo Barrera, Marco Antonio Ríos Berber y Luis Alberto José Gaspar. La información aportada por los integrantes del grupo criminal se confrontó con la que proporcionó David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala, quien estaba a cargo del Centro de Control de la Policía Municipal. Los halcones al servicio de Guerreros Unidos y de la Policía Municipal de Iguala comenzaron a informar, aproximadamente a las 21:00 horas, la llegada de los dos camiones con normalistas por la avenida Periférico Norte. En ese punto de ingreso a la ciudad, los estudiantes bajaron de las unidades para intentar secuestrar otros tres camiones, ahora de la línea Costa Line, logrando apoderarse de dos, y en un tercer caso el conductor opone resistencia y es lesionado. A las 18:00 horas de ese viernes 26 de septiembre, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, había presentado su segundo informe de labores al frente del Sistema DIF-Municipal, en la Plaza Cívica de las Tres Garantías. Posteriormente se organizó un baile amenizado por los grupos Collage y La Luz Roja de San Marcos, como parte de las celebraciones por el informe. El operador del Centro de Control de la Policía Municipal, Hernández Cruz, comenzó a reportar la presencia de normalistas, para que elementos de la policía acudieran a atender llamadas con denuncias de ciudadanos, relacionadas con algunas agresiones de los estudiantes. Esa información fue interceptada por un sicario operador de Guerreros Unidos, identificado como El Gil, o El Cabo Gil, quien inicialmente infirió que los agresores podrían ser integrantes del grupo criminal Los Rojos, con quienes se disputan la plaza. Por parte de los uniformados municipales, la sospecha era que los normalistas pretendían dirigirse a la plaza de las Tres Garantías para irrumpir en el baile, por lo que se reportó así al secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y éste lo hizo a su jefe, el ahora exalcalde, José Luis Abarca Velázquez. En junio de 2013, integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían realizado una serie de protestas en ese municipio, que concluyeron con ataques al edificio de la presidencia municipal y un enfrentamiento con policías locales. Ante la posibilidad de que los normalistas se acercaran a la plaza en donde se realizaba el baile, el responsable de seguridad pública, Flores Velázquez, ordenó que se solicitara el apoyo de la Policía Municipal de Cocula para replegar a los estudiantes. Para esos momentos, los primeros ataques a balazos ya se habían realizado, con el reporte de un joven muerto, por lo que los estudiantes abordan un camión para escapar del lugar. Mientras tanto, en otro punto, policías municipales y hombres encapuchados atacaban un camión que transportaba al equipo Avispones de Chilpancingo, en donde pierden la vida el jugador David Josué, de 15 años, y el operador del autobús, identificado como Víctor Lugo. Cuando los agresores se percataron que se habían equivocado de objetivo, dejaron de atacar a los deportistas, pero también asesinaron a Blanca Montiel. Para interceptar a los normalistas que habían logrado escapar del primer ataque, por las frecuencias de radio de los policías y de los integrantes de Guerreros Unidos se recibió la orden de enfrentarlos. Según las declaraciones, la orden vino de A-5, clave con la que se identifica a José Luis Abarca, por lo que se inicia la detención del mayor número de estudiantes normalistas. Elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula pasaron del bloqueo de la carretera de ingreso al municipio a la persecución de los estudiantes, los que una vez capturados son enviados a la Central de la Policía Municipal de Iguala. Aparece El Gil Bajo las órdenes de César Nava, subjefe de la Policía Municipal de Cocula, quien presuntamente también está vinculado con Guerreros Unidos, un grupo de uniformados a su mando llegó a las instalaciones en donde estaban retenidos los normalistas. El grupo de estudiantes, ahora se sabe, serían los 43 que permanecen desaparecidos, fueron obligados a salir de las instalaciones de la Policía Municipal para abordar un camión de redilas color blanco, para ser entregados a El Gil, operador o lugarteniente de Sidronio Casarrubias. El dirigente del grupo delictivo recibe la información de lo ocurrido en Iguala, pero El Gil se lo adjudica a la presencia de Los Rojos, sus enemigos en el control de las operaciones delictivas en la región, como el tráfico y producción de drogas, el secuestro y el cobro de derecho de piso. El camión con los estudiantes a bordo es dirigido por un camino de terracería hacia la comunidad de Pueblo Viejo, en donde vive El Gil, y se pierde el rastro de las víctimas, quienes ya cumplen un mes como desaparecidas. El pasado 9 de octubre la PGR realizó un cateo en la casa de El Gil, y halló, entre otras cosas, un camión de redilas con las características del descrito por los sospechosos que presuntamente conocieron del traslado de los estudiantes. Desde el inicio de las investigaciones y hasta la fecha, como parte de los trabajos para ubicar a los 43 normalistas desaparecidos, en las inmediaciones de Pueblo Viejo se han localizado 11 fosas clandestinas y 38 restos humanos. Peritos forenses argentinos realizan estudios para confirmar la identidad de las víctimas, luego de dos estudios realizados por la PGR y la División Científica de la Policía Federal, que resultaron negativos ante errores en el procedimiento de toma de muestras por parte de la Fiscalía General de Guerrero.