Por Arlen Jaime Merlos
En días recientes, se publicó el informe “Censura Indirecta en México”, elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Centro de Asistencia Internacional de Medios de Comunicación (CIMA), y con la colaboración de Fundar y Open Society Foundations (OSF), en el que se concluye que la falta de transparencia en la publicidad oficial favorece la censura indirecta, ya que la asignación discrecional de ésta en los medios de comunicación coadyuva a la censura indirecta.
De acuerdo con el estudio realizado, la información pública relacionada con los recursos asignados y erogados por parte del Estado en materia de publicidad oficial, es deficiente, caracterizado de una ausencia clara de transparencia real, y por la falta de control de gastos que son destinados a la publicidad oficial.
En este sentido, el informe resalta el sobreejercicio de recursos destinados a la publicidad oficial, detallando que sólo en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, se ejercieron 7.1 mil millones de pesos en publicidad oficial. Mientras que en el ámbito local durante ese mismo año, 27 estados gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Sumando los gastos federales y los realizados en esos estados, la cantidad de 13 mil 640 millones de pesos; reflejando así, la falta de fiscalización y deficiencia en el control del gasto.
Por otro lado, en el año 2014 el Gobierno Federal ejerció 6.8 mil millones de pesos en espacios de publicidad oficial en los medios de comunicación.
Frente a esta problemática del sobreejercicio de recursos que se destinan a la comunicación oficial, preocupa de igual manera, la asignación discrecional de la publicidad a los medios de comunicación, girando así la mirada hacia los proveedores. Llama la atención que a nivel federal, de los 1,767 proveedores que obtuvieron contratos, sólo 10 acumularon el 45% del gasto total anual. Siendo que dos firmas (Televisa y Estudios Azteca) son las que concentran más del 25% de todo el dinero erogado, sumando en conjunto cerca de 1.78 mil millones de pesos. Por lo tanto, resulta necesario reflexionar si a partir de la contratación de publicidad oficial, se puede incidir en coartar la libertad de prensa y expresión.
En este sentido, el reto principal es contrarrestar la opacidad del gasto ejercido en la publicidad oficial, es decir, entre lo que se dice que se gasta y lo que realmente se ejerce. De la misma manera, es indispensable abatir la discrecionalidad en la asignación de la contratación de la publicidad oficial, la cual deberían ser bajo mediciones de impacto de los distintos medios de comunicación. Por lo tanto, es necesario entender que la opacidad y la discrecionalidad de estos recursos generan un ambiente de castigo o premio para los medios en función de su línea crítica.
Es evidente que la libertad de prensa en México enfrenta amenazas de censura indirecta que incluye el uso gubernamental de incentivos financieros y sanciones a los medios para presionar y castigar reportajes críticos, y un claro ejemplo es el caso de Carmen Aristegui.
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