Naucalpan.- Méx-.-Desatadas las extorsiones contra empresarios, prestadores de servicios y de restaurantes cometidas por inspectores de verificaciones, clausuras y Protección Civil municipal de Naucalpan, quienes exigen a los afectados de dos mil hasta dos millones de pesos, para que puedan regularizar sus negocios o extender licencias de funcionamientos, bajo la amenaza de ser clausurados si no pagan. Presidentes de ocho cámaras de empresarios denunciaron los hechos en conferencia de prensa y acusaron de extorsionadores a los empleados municipales del gobierno panista encabezado por Víctor Hugo Gálvez Astorga
“Estamos desesperados, cada día recibimos al menos 50 casos de intento de clausura sino pagamos; somos amenazados de que debemos de entregar dinero a cambio que no sean cerrados los establecimientos”, manifestaron empresarios restauranteros y de servicios en conferencia de prensa. Dijeron estar desesperados porque desde enero iniciaron trámites de revalidación de licencias de funcionamiento y después de cinco meses no reciben sus documentos; pero viven bajo la extorsión y amenazas recibidas por parte de los inspectores municipales.
Señalaron a empleados de la Dirección de Verificaciones y Clausuras e incluso la propia titular de dependencia municipal, Carolina Milán Zavala, “piden dinero directo al empresario”, aseguró presidente del Consejo de Coordinación Empresarial e Industrial Nacional AC (Cocemin), Enrique Aparicio. Abundaron que los afectados prefieren pagar una extorsión de 2 mil; 5 mil; 150 mil y hasta 2 millones de pesos a cambio de que sus negocios no sean cerrados, pues los verificadores no aceptan el argumento que la regularización de los negocios está tramite.
Los denunciantes exigieron al alcalde de Naucalpan Víctor Hugo Gálvez Astorga ponga fin la escalada de extorsiones que padecen, porque que están desalentando la inversión en Naucalpan, pues trámites que deberían durar dos días para ser aprobados, como la expedición de revalidación de funcionamiento, ahora tardan más de seis meses, tiempo que es aprovechado por los inspectores para extorsionarlos.
Precisaron que son varios los negocios afectados por suspensiones eventuales, sin embargo, señalaron de manera concreta a la empresa de ropa Ferrioni clausurada tres días, hasta que el propietario tuvo que pagar 150 mil pesos a cambio de que le retiraran sellos de suspensión. Indicaron que este lunes presentarían la primera demanda penal por el delito de extorsión en contra de la alcaldía local y dijeron tener 50 expedientes documentados para iniciar las carpetas de investigación correspondiente.
Brenda Medina, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, planteó que la alcaldía no logró operar programas de atención empresarial en línea y ello afectó la rapidez en el cumplimiento de trámites administrativos, y ello también es aprovechado para que verificadores extorsionen al sector que enfrenta trabas burocráticas para cumplir con requisitos mínimos de funcionamiento.
Entre los quejosos se encuentran: Hilario Márquez Rocha, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac); Antonio Díaz Medina de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco); Antonio Díaz Gutiérrez, presidenta de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco); Patricio González, Asociación de Bares y Restauranteros del Valle de México; así como de la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex) metropolitano, Arturo Beteta, entre otros.
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