Mario Ruiz Hernández
NAUCALPAN, Méx., a 31 de julio 2018.- Hasta más de 250 mil pesos, es la multa a una fábrica por no contar con un extinguidor, y quizá “una iguala”, evita la sanción aplicada al 50 por ciento.
En ello, y en las sistemáticas supervisiones del área de protección civil municipal al sector productivo, del comercio y los servicios, al evaluar según las medidas de seguridad.
Las denuncias sobre el particular hechas llegar a “Vallemex Noticias”, de propietarios de empresas y representantes de cámaras de comercio, en verdad que son ya pandémicas.
Insisten y acusan directamente a inspectores de un impresionante y presumible alto grado de extorsión, que los mantiene en la total incertidumbre.
El asunto no es nuevo, y solo que en este último bimestre con la llegada al cargo de Cesar Gómez Guevara, la corrupción se recrudeció en esta tan crítica área.
A saber e incluso, al interior de la propia dependencia, en la que revelan de una serie de supuestos inspectores que han pasado al nivel de operadores financieros y sostener según un ingreso diario de más de Un millón de pesos que controla Enrique Peña.
Aunado a otros funcionarios de la dependencia entre ellos Alfredo Hernández Contreras, Luciano López Gómez, Javier Wences Gutiérrez, Gonzalo Giovanni y Gonzalo Ambriz.
Las visitas, son cotidianas y cada verificador tiene la obligación de cubrir de entre 5 o 6 empresas, en la que al parecer, tiene fijada su cuota respectiva.
Pero igual, un grupo de alrededor de siete personas en el área de geología, en la investigación y/o inspección de obras, sobre todo en la zona residencial del municipio.
Lo anterior, tanto en Lomas Verdes VI sección, que Tecamachalco y en ciertas lugares, en lo que se conoce de la progresión de distintos conjuntos habitacionales, negocios particulares y centros comerciales o plazas del mismo giro.
Por otra parte, la queja de presuntos “entres” que varían de 5 mil a 50 mil y hasta el millón de pesos, además de las exigencias de una serie de requerimientos a proceso de tramitología.
“En protección civil apareció una probable “Red de corrupción”, impecable que viene pegándole a todo lo que se mueva y que rebasó por completo al buen gobierno”, sostienen afectados, quienes esperan que las cosas bajen de tono, al menos en esta etapa final de gerencia.
NAUCALPAN, Méx., a 31 de julio 2018.- Hasta más de 250 mil pesos, es la multa a una fábrica por no contar con un extinguidor, y quizá “una iguala”, evita la sanción aplicada al 50 por ciento.
En ello, y en las sistemáticas supervisiones del área de protección civil municipal al sector productivo, del comercio y los servicios, al evaluar según las medidas de seguridad.
Las denuncias sobre el particular hechas llegar a “Vallemex Noticias”, de propietarios de empresas y representantes de cámaras de comercio, en verdad que son ya pandémicas.
Insisten y acusan directamente a inspectores de un impresionante y presumible alto grado de extorsión, que los mantiene en la total incertidumbre.
El asunto no es nuevo, y solo que en este último bimestre con la llegada al cargo de Cesar Gómez Guevara, la corrupción se recrudeció en esta tan crítica área.
A saber e incluso, al interior de la propia dependencia, en la que revelan de una serie de supuestos inspectores que han pasado al nivel de operadores financieros y sostener según un ingreso diario de más de Un millón de pesos que controla Enrique Peña.
Aunado a otros funcionarios de la dependencia entre ellos Alfredo Hernández Contreras, Luciano López Gómez, Javier Wences Gutiérrez, Gonzalo Giovanni y Gonzalo Ambriz.
Las visitas, son cotidianas y cada verificador tiene la obligación de cubrir de entre 5 o 6 empresas, en la que al parecer, tiene fijada su cuota respectiva.
Pero igual, un grupo de alrededor de siete personas en el área de geología, en la investigación y/o inspección de obras, sobre todo en la zona residencial del municipio.
Lo anterior, tanto en Lomas Verdes VI sección, que Tecamachalco y en ciertas lugares, en lo que se conoce de la progresión de distintos conjuntos habitacionales, negocios particulares y centros comerciales o plazas del mismo giro.
Por otra parte, la queja de presuntos “entres” que varían de 5 mil a 50 mil y hasta el millón de pesos, además de las exigencias de una serie de requerimientos a proceso de tramitología.
“En protección civil apareció una probable “Red de corrupción”, impecable que viene pegándole a todo lo que se mueva y que rebasó por completo al buen gobierno”, sostienen afectados, quienes esperan que las cosas bajen de tono, al menos en esta etapa final de gerencia.
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