Naucalpan. - Méx. -Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, ex secretario del ayuntamiento de Ecatepec y un grupo de abogados interpondrán un amparo contra el reemplacamieto aprobado por la Cámara de Diputados el local el pasado 31 de diciembre, que entregará en vigor a partir de este año. “vamos a levantar un amparo en el Juzgados de Distrito de Naucalpan, en contra del decreto número 18 emitido por el Gobierno y aprobado por la Legislatura del Estado de México”.
El amparo se interpondrá porque: “Este consiste en imponer a los gobernados la obligación de pagar un derecho violatorio de la constitución, es un actuar inconstitucional, y esperamos que el Juzgado de Distrito se declare en favor del recurso jurídico interpuesto por los ciudadanos y lo declare inconstitucional”, expresó Hernández Leyva.
Agregó que los diputados, principalmente de Morena, por ser mayoría, debieron considerar la opinión e interés general de la ciudadanía y no “defender una opinión personal y de avaricia institucional” porque la aprobación de dicho impuesto afecta el bolsillo de miles y miles de mexiquenses que a partir del 2013 hacia atrás deberán pagar el reemplacamieto, luego los del 2014 y así hasta llegar al 2018, sin que antes del 2012 existiera ésta ley, lo que implica implicar la ley retroactivamente en perjuicio de los gobernados lo cual es inconstitucional, reiteró el entrevistado.
Explicó que, de declararse inconstitucional una norma, la Ley de amparo advierte que tanto el Gobernador como el Congreso del Estado no deben de reiterar la acción y los ciudadanos que se amparen pueden beneficiar a todos los afectados, en esto caso los automovilistas. Abundó que si el juez declara inconstitucional el decreto y otorga el amparo; pero el Gobierno del Estado lo aplica actuaría al margen de lo que dice la ley y todos los ciudadanos que busquen el amparo quedarán exentos de reemplacar y continuarán con una placa permanente conforme se les dio hasta el 2018.
Consideró que “está bien que el Estado busque la forma de allegarse recursos; pero no puede ir contra la ley, porque el Artículo 133 de la Constitución Federal establece la “supremacía de leyes, lo cual quiere decir que lo que beneficie a los gobernados es lo que debe tomarse en cuenta en el momento de dictarse una resolución, y, en este caso, independientemente de que las leyes locales establezcan algo en contrario, debe de prevalecer el texto constitucional”, razón de lo cual el reemplacamieto debe resultar inconstitucional y esperamos que así lo declare el juez y la Cámara de Diputado la eche para atrás”.
Acotó que los derechos humanos que se garantizan por los Artículos 14 y 16 son los de legalidad y seguridad jurídica y en este caso no dan a los ciudadanos la opción de tener una garantía de audiencia ni de mantener sus bienes de la forma en que se encontraban hasta el momento de emitirse un acto de autoridad, que en este caso fue el decreto del pasado 31 de diciembre.
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