Este decreto fue vigente desde el 19 de julio de 1945, fue avalado por la 36 Legislatura local y derogado 79 años después, a propuesta de la diputada local Azucena Cisneros Coss, quien consideró que era un gasto innecesario y lesivo, porque además de la pensión tenían favores que no representaban utilidad para el gobierno.
Aunque el decreto había sido anulado por los legisladores hace algunos meses, el gobernador lo hizo público y entró en vigor el pasado 12 de abril y esta quincena surte efecto formal, pues ya no se pagarán salarios al personal a su servicio, por lo que ahora ningún ex gobernador de la entidad podrá gozar de privilegios a cargo del erario.
La única forma en que puedan tener personal de seguridad pagado por el estado es justificando el riesgo que corren sin tener escolta y solo así la Fiscalía General de Justicia del Estado de México podrá evaluar su situación.
Ahora Eruviel Ávila, Enrique Peña, César Camacho, Arturo Montiel, e Ignacio Pichardo, por mencionar algunos; deberán pagar sus escoltas con dinero propio, así mismo sus secretarias y asistentes.
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