Es un tema que se tiene que reflexionar a
profundidad; “no podemos ser evasivos”: Eduardo Ramírez.
Legislar en este tema podría bajar los índices de
inseguridad y beneficiar a campesinos, asegura Manuel Añorve.
A fin de reflexionar en los temas pendientes en torno a la
amapola y avanzar en su regulación y transición hacia un mercado legal, el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez
Aguilar, y el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve
Baños, presentaron el libro “Regulación de la amapola: retos y
perspectivas”.
Eduardo Ramírez destacó que el cultivo de amapola impacta en
la inseguridad que vive nuestro país y en el tejido social de las comunidades,
porque los sembradíos no se ubican en las cabeceras municipales, sino en los
núcleos de población ejidal.
Recordó que Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Durango
padecen “esta actividad ilícita”, en la que algunos campesinos son explotados,
otros son conscientes de lo que hacen y otros más son obligados a cultivarla.
Sin embargo, consideró que es un tema que se tiene que
reflexionar a profundidad, para resolver los problemas de fondo que genera y
“no podemos ser evasivos”, sobre todo en lo que se refiere al uso medicinal de
la planta.
Destacó que existe desabasto de medicamentos derivados de
los opioides, como la morfina y oxicodona, y que de las cerca de 500 mil
personas que requieren cuidados paliativos contra el dolor, sólo la mitad los
recibe y no en la cantidad que los necesita.
A pesar de que se cultivan alrededor de 30 mil hectáreas de
amapola en el país, subrayó el legislador, hay un desabasto significativo de
medicamentos, derivados de opioides.
Ramírez Aguilar agregó que México es el tercer productor de
amapola ilícita en el mundo, sólo después de Afganistán y Birmania; además de
que su producción legal para medicamentos no está autorizada por la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, lo que provoca que toda la
amapola que se produce termine en el mercado ilegal.
Por su parte, el presidente del Instituto Belisario
Domínguez, Manuel Añorve Baños, manifestó la necesidad de regular la amapola
para uso medicinal, porque además de “bajar los índices de inseguridad, se
podrá beneficiar a los campesinos que se dedican a cultivar esta planta que,
tan sólo en Guerrero, dijo, suman 130 mil.
“Por lo lucrativo que resulta el negocio de la heroína, se
ha desatado una guerra para controlar los campos de siembra de amapola,
convirtiendo a los campesinos de la zona prácticamente en ´esclavos´, quienes
se ven obligados a sembrar ilícitamente esta planta”.
Recordó que una de las primeras iniciativas que presentó,
como legislador, fue la propuesta para regular el cultivo y producción de la
amapola para uso medicinal, porque de acuerdo con el reporte de monitoreo de
siembra de amapola en México, realizado por la ONU, la siembra en el país se
concentra en los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Detalló que hay avances en el Congreso para regularizar el
cannabis, por lo que confió en que a la par se pueda legalizar la amapola, para
“dar pasos importantes” en la protección de los campesinos del narcotráfico y
el crimen organizado.
“La misma ONU estima que en México hay más de 30 mil
hectáreas de tierra cultivable dedicadas a la amapola, lo que lo convierte en
el tercer productor a nivel mundial, pero todo lo producido es ilegal”.
Por su parte, Pierre Gaussens, investigador del Colegio de
México, afirmó que para avanzar en la regulación se deben dejar de lado las
consideraciones morales, para encarar el problema de una manera más pragmática.
Detalló que con la regulación terapéutica se cubrirían las
necesidades médicas, sobre todo de morfina y otros medicamentos derivados, para
cuidados paliativos en enfermedades terminales y crónico-degenerativas, a fin
de que los pacientes tengan acceso garantizado a los fármacos contra el dolor.
Alejandro Mohar Betancourt, investigador del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, manifestó la urgencia de crear la “Red
de morfina de distribución”, cambiar el concepto de prohibicionismo y proteger
a los campesinos, pero reconoció que esto sólo será posible si se trabaja de
manera conjunta: sociedad civil, autoridades de salud y legisladores.
También destacó que la problemática central, desde la
perspectiva de la salud pública, es que las tres principales enfermedades que
producen dolor son el infarto agudo al miocardio, diabetes mellitus y el
cáncer, principales causas de muerte en gran parte del país, a lo que se suma
la escasez de morfina. Aseveró que el prohibicionismo heredado de Estados Unidos ha
fracasado, “la guerra contra las drogas ha fracasado y la ilegalización no hace
que la gente deje de drogarse”, por lo que insistió en una transición hacia la
regularización de ciertas drogas, en este caso, la amapola, en sentido
terapéutico y ante la necesidad de garantizar el abasto de morfina para
cuidados paliativos.
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