En febrero, "iniciativa de gran calado" para pueblos indígenas: Martínez Veloz

Por Elio Henríquez, corresponsal

Miembros del EZLN transportan en combis y camiones de redilas a los asistentes al segundo curso “La Libertad según los zapatistas”, de la escuelita del EZLN, que se realiza en estos días en diversas comunidades de Chiapas. Foto Moysés Zúniga Santiago San Cristóbal de Las Casas, Chis. El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz informó que para febrero podría estar lista “una iniciativa de gran calado” que recogerá los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en materia indígena. “Durante seis meses hemos trabajado tema por tema con un grupo de abogados y expertos, consolidando los temas de los sistemas normativos, la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada”, agregó. Ex integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que participó en la firma de los acuerdos de San Andrés, suscritos por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) el 16 de febrero de 1996, Martínez Veloz dijo en entrevista con La Jornada, que “2014 debe ser el año de las definiciones en las reformas indígenas que reclama el país”. Reiteró que ello permitiría establecer una nueva relación entre los pueblos originarios del país y el Estado mexicano, a través de la definición de políticas públicas sobre la base de que los éstos son sujetos y no objetos”. Subrayó: “Los tiempos para que este gobierno pueda consolidar una estrategia sólida y adecuada en materia indígena mediante las reformas tendrán que producirse el próximo año”. Martínez Veloz insistió en que la nueva propuesta de ley que elabora la dependencia a su cargo “se está consolidando tomando como base los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de Ley Cocopa, pero será mejorada con aportaciones como la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena”. Manifestó que “por ninguna circunstancia” la iniciativa que está en proceso de elaboración “podría eludir los compromisos que el gobierno mexicano firmó con el EZLN, y estoy convencido de que en ningún momento los textos allí plasmados tienen problemas de carácter jurídico como algunos dijeron en 1996 para descalificar la iniciativa Cocopa”. Luego de asegurar que “hay sectores con poder político y económico que están en contra” de la aprobación de la iniciativa Cocopa, sostuvo que quienes se opusieron a la iniciativa de 1996 con el argumento de que “tenía fallas de técnica jurídica e iba a fragmentar el país son quienes han entregado casi la mitad del territorio nacional mediante el otorgamiento de 96 millones de hectáreas para explotación minera”. Sin identificar a los opositores a los acuerdos de San Andrés, Jaime Martínez, agregó: “A ellos que nos acusaron de que fragmentaríamos el país y la unidad nacional les pregunto: ‘¿cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar la mitad del territorio nacional y poner en riesgo la gobernabilidad del país?”. Como en 1996 defendió los acuerdos de San Andrés porque “no sólo no fragmentan al país sino que están construidos en la misma ruta de los tratados internacionales y la declaración de la ONUI sobre los derechos indígenas”. Señaló que “si la reforma de 2001 tuviera cuando menos mejores resultados y un mejor nivel de vida de las comunidades indígenas no estaríamos en desacuerdo en reconocer que lo que veníamos planteando era un error, pero la realidad nos indica que no es cierto, ya que las comunidades siguen en condiciones de atraso, pobreza y marginación”. Expresó que “desde aquellos tiempos hay gente que distorsiona la realidad para intentar siempre ubicar al zapatismo en el terreno de la provocación y de la sospecha, pero desde los primeros enfrentamientos todas las iniciativas del EZLN son de carácter político”. Afirmó que ahora “he visto no sólo que hay disposición en término de palabra sino un respaldo y una obligación para el Estado”, con la publicación del programa gestorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre, en el que se establece el compromiso de impulsar la armonización de la legislación nacional con la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas e impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en la materia. “La publicación del programa representa un compromiso del gobierno federal y tenemos que acatarlo y llevarlo a la práctica”, concluyó.