domingo, 16 de febrero de 2014
Piden apoyo a legislador Martinez Vargas para evitar la colocación de antena de telefonía celular
• Vecinos de Jardines de Morelos, en Ecatepec, refieren que estas torres que emiten microondas de celular causan cáncer.
• Pidieron apoyo al legislador Octavio Martínez Vargas para impedir sea colocada y se proteja la salud de la población y no los intereses del dueño el inmueble.
Tras mostrar su rotundo rechazo por la instalación de una antena de telefonía celular que pretenden colocar en la azotea de un inmueble en su comunidad, residentes de Jardines de Morelos aseguraron que este aparato no puede ser colocado a menos de dos kilómetros de distancia de una zona habitacional, además de que afectará gravemente su salud por la radiación que emite y provocará serios daños a sus aparatos eléctricos.
Habitantes de la sección Ríos, de Jardines de Morelos, solicitaron el apoyo del legislador Octavio Martínez Vargas para que impida la colocación de la estructura metálica de la compañía Nextel, que dicen tiene más de tres toneladas de peso lo que probablemente ocasionará que el edificio de tres niveles donde intentan asentarla se hunda todavía más de lo que ya está y continúe perjudicando las casas aledañas como hasta ahora lo ha hecho.
También denunciaron las múltiples anomalías que han encontrado en la autorización del permiso por parte del ayuntamiento, ya que mientras a los residentes la dirección de Desarrollo Urbano les extendió un documento firmado en el que les asegura que no es posible colocar dicha antena, a la empresa telefónica le otorgó el permiso, sin requerir el estudio de impacto como lo señala la normatividad.
Igualmente destacaron que el municipio dio el permiso para situar una antena de 9 metros y Nextel pretende colocar una de 22 metros, aunada a los 12 metros de construcción de la base, suma en total 34 metros la altura de la misma.
Acusaron que el dueño del inmueble Rodolfo Macarena insulta a los vecinos y los llama “ignorantes” por tratar de impedir se coloque la antena, advirtiéndoles que esa es su propiedad y en ella puede hacer lo que a él le convenga.
Los quejosos aclararon que el propietario del edificio ya firmó un contrato por 20 años, por la cantidad de 20 mil pesos mensuales, con la empresa telefónica, motivo por el cuál, lucha porque a toda costa se instale la estructura metálica.
Así mismo, manifestaron que en tres ocasiones, personal de la empresa ha intentado colocar la antena sin éxito alguno, por la oportuna intervención de los vecinos, sin embargo la última ocasión los trabajadores llegaron silenciosamente a la una de la mañana con el propósito de instalarla sin que nadie se diera cuenta, afortunadamente un residente los percibió y alertó a la comunidad, quienes desde ese día se turnan para hacer guardia y evitar sean sorprendidos.
Por su parte el legislador Octavio Martínez Vargas acudió al lugar para respaldar a los vecinos y argumentó que es muy claro que el ayuntamiento ha sido muy generoso con la empresa y con el dueño del inmueble en términos de favorecer y de retirar sellos cuando aún no se ha terminado de integrar un expediente, sin duda existe presunción de que hay corrupción y esto es muy grave.
Subrayó la desatención que se ha dado a los vecinos respeto a los daños que han sufrido los aparatos eléctricos y las casa aledañas, así como la falta de información sobre si existen riesgos a la salud y si éste es el lugar apropiado para asentar la estructura.
Martínez Vargas ofreció solicitar una reunión con el presidente municipal para que atienda a los vecinos y dé respuesta a este problema, asimismo convocará a Gobierno del estado y al director de Desarrollo Urbano, a quien le requerirá muestre el expediente y se verifique si se está cumpliendo con la normatividad, al mismo tiempo pedirá se consulte a los residentes sobre si están de acuerdo o no para la instalación de la antena.
Se comprometió a llevar el tema al Congreso del estado de México, para que se inicie una investigación al respecto y de igual manera informarlo a sus compañeros regidores y síndicos para que en la siguiente sesión de Cabildo lo traten y se pida la suspensión definitiva o clausura del inmueble.
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