sábado, 24 de mayo de 2014

Tennessee vuelve a usar la silla eléctrica, a falta de fármacos para inyección letal

Agencias en Washington |
Medida. Tennessee reactiva el uso de la silla eléctrica para ejecutar a presos sentenciados. Ante la escasez de fármacos para aplicar la inyección letal a reos condenados a muerte, la noche del jueves el gobernador del estado de Tennessee, Bill Haslam, firmó una ley que regresa el uso de la silla eléctrica para cumplir con las sentencias ordenadas por la justicia. Tennessee se convirtió así en el primer estado en obligar a los presos en el corredor de la muerte a ser ejecutados en la silla eléctrica si las autoridades penitenciarias no encuentran los medicamentos para la inyección letal. ESCASEZ. La aprobación de la norma ya había sido respaldada en abril pasado en las dos cámaras del Congreso estatal por amplias mayorías, y llega en un momento en el que estos fármacos se están agotando. Las farmacéuticas que los fabricaban dejaron de venderlos, lo que obligó a los estados a buscar nuevas inyecciones letales o a volver a métodos antiguos, como ahora hizo Tennessee. ANTECEDENTE. El uso de la silla eléctrica ya era legal en este estado, al igual que en otros siete, pero sólo para los condenados a muerte antes de 1999, a quienes se les daba la opción de elegir entre la inyección letal y la electrocución. Precisamente Tennessee fue el último estado en ejecutar a un preso en la silla eléctrica, en 2007. Según recordó el observatorio Death Penalty Information Center en un comunicado, en Estados Unidos han muerto 158 personas en la silla eléctrica desde 1976, algunas de las cuales sangraron o se quemaron durante sus ejecuciones y otras necesitaron varias descargas eléctricas antes de morir. DEBATES. Pero Tennessee no es el único estado que está contemplando alternativas a las inyecciones letales: Virginia y Luisiana también han debatido en los últimos meses una vuelta a la silla eléctrica. Además, legisladores de Utah y Wyoming ya han anunciado su intención de presentar en las cámaras estatales proyectos de ley que vuelvan a permitir las ejecuciones mediante fusilamientos.

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