Chocan PGR y Aguirre por desaparecidos; Murillo pide cautela sobre identidades

El gobernador de Guerrero afirma que algunos de los cuerpos de fosas no son de normalistas Rolando Aguilar - EXCELSIOR.

Mientras el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que algunos de los 28 cuerpos hallados en cuatro fosas no corresponden a estudiantes de Ayotzinapa, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República (PGR), aseveró que hasta terminar las investigaciones se podrá determinar si los restos pertenecen o no a alguno de los 43 normalistas desaparecidos. Aguirre reveló que según los avances de los peritajes en materia forense, a cargo de la PGR, algunos cuerpos “no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa”. Murillo dijo desconocer de dónde había obtenido Aguirre los datos y que se dará a conocer una versión oficial hasta que concluya la investigación. Luego de una reunión con abogados y padres de normalistas desaparecidos, Murillo manifestó que una vez culminado el proceso de identificación los primeros en ser informados de los resultados serán los familiares y, mientras, no dirá nada para “no caer en especulaciones”. Sobre el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, explicó que se investiga como indiciado. PGR DESACREDITA DICHOS DE AGUIRRE Todavía “no se han acabado las pruebas” y no hay datos suficientes para identificar los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas de Iguala, Guerrero, aseguró el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Lo anterior, ante la declaración pública del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien afirmó que “de acuerdo con los avances que se llevan con los peritajes en materia forense, no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa”. Personal de la Procuraduría informó de manera extraoficial que un número indeterminado de los 28 cuerpos –a los que se les practican exámenes de ADN–pertenecen a personas mayores de 30 años, lo que descartaría que se trate de los normalistas. En tanto, en un breve encuentro con la prensa en Chilpancingo, donde tuvo una reunión de coordinación con las familias y sus representantes, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, externó: “No sé en qué se base el gobernador”. El vocero de las familias de los desaparecidos, Manuel Martínez, criticó a Aguirre por hacer esas declaraciones antes de que haya un resultado de las pruebas. Las autoridades, dijo, “saben dónde los tienen y lo único que deben hacer es entregárnoslos vivos”. Murillo Karam añadió que una vez que culmine el proceso de identificación de los restos y el cruce de datos con el ADN de los familiares, serán éstos los primeros en ser informados de los resultados, y mientras tanto no dirá nada para “no caer en especulaciones”. El procurador se reunió con los familiares de los normalistas desaparecidos, los abogados que los representan y con una representación del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En este primer encuentro directo con Murillo, las familias le solicitaron acceso total de los peritos llegados de Argentina a las fosas y de los abogados al expediente de la PGR, algo que todavía no ha ocurrido pero que el fiscal se comprometió a hacer realidad este mismo fin de semana. Los familiares mostraron preocupación porque la búsqueda de los jóvenes “ha disminuido de intensidad” desde el hallazgo de las fosas, y exigieron que se intensifiquen los esfuerzos para encontrarlos con vida, añadió Manuel Martínez. El gobernador Aguirre adelantó por la mañana que “hay nuevas detenciones” tanto por parte de la Fiscalía estatal como de la federal. Murillo Karam no quiso hacer ningún comentario. La víspera de este cruce de declaraciones entre gobierno federal y estatal, Amnistía Internacional (AI) había denunciado que la investigación que se realizaba sobre este caso era “caótica y hostil” a pesar de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de “ir a profundidad y tope donde tope”. El gobernador de Guerrero aprobó ayer varias medidas para dar apoyo sicológico, médico y económico a las víctimas y comenzar así la reparación del daño. Aguirre dijo que, además, se ha puesto en marcha una segunda fase de búsqueda de los 43 jóvenes normalistas. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre y existen versiones de que fueron secuestrados por un grupo armado en colaboración con policías municipales. Además de las desapariciones, seis personas murieron en los incidentes y 17 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Hasta el momento los investigadores consideran probados los vínculos de la Policía de Iguala con integrantes del crimen organizado y hay una treintena de detenidos, y las declaraciones de algunos de ellos llevaron a localizar fosas clandestinas. El procurador Murillo Karam, dio a conocer que se investiga como indiciado al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Dijo que la detención de Salomón Pineda Villa, El Molón, cuñado de Abarca Velázquez, acentúa la posibilidad de que se localice al alcalde. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han subrayado la importancia de realizar una búsqueda efectiva de los jóvenes y una investigación clara de lo que se apunta como un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. —Con información de AFP Legisladores de AL piden atender crisis Legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños demandaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aclarar de inmediato y resolver las severas violaciones a los derechos humanos en los casos de Tlatlaya, Estado de México, y Ayotzinapa, Guerrero. Además, los parlamentarios le recuerdan a las autoridades mexicanas que ante hechos como éstos “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad” y solicitan que se intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, se deslinden responsabilidades de acción y de omisión y “se castigue con rigor a los culpables de estos crímenes”. Esto a partir de un resolutivo que signó el Grupo Geopolítico Latinoamericano y del Caribe (Grulac), de la Unión Interparlamentaria de y Reuniones Conexas, que celebra en Ginebra, Suiza, su 131 reunión. La declaración conjunta obedeció a una propuesta de legisladoras del PRI, PAN y del PRD, Graciela Ortiz, Laura Rojas y Dolores Padierna, participantes del grupo. Asimismo, los integrantes del Grulac le piden a Peña Nieto establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las víctimas y “construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir”. A la vez, los legisladores latinoamericanos “hacemos un llamado a los gobiernos de nuestros países para reforzar las acciones de cooperación regional para combatir al crimen organizado que es un verdadero flagelo para nuestros jóvenes y nuestros pueblos”. Esta declaración conjunta condena los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por presuntos miembros de la Policía de Iguala, y otros tres fueron asesinados. El Grulac realizó una reunión previa en la que la delegación mexicana presentó un pronunciamiento, mismo que fue aprobado con esta declaración conjunta dirigida al gobierno mexicano, en la que los miembros del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe en la Unión Interparlamentaria “expresamos nuestra consternación por los acontecimientos acaecidos en el estado de Guerrero de ese país, en los que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados por presuntos miembros de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero”. A su juicio, el homicidio de tres de ellos y la desaparición y presunción de homicidio del resto de los estudiantes representa una acción que debe ser condenada y sancionada con todo rigor “por un país en el que prevalezca el Estado de derecho”. En el caso de Tlatlaya se recuerda que durante más de dos meses las respectivas autoridades no actuaron para explicar cómo miembros de una patrulla del Ejército “salieron ilesos de un supuesto enfrentamiento en el que murieron 22 presuntos criminales” el 30 de junio pasado. Los legisladores afirman que la Procuraduría General de la República comenzó a investigar “hasta septiembre” en el lugar de los hechos, lo que sumado a que no se interrogó a testigos sembró más dudas “sobre lo que verdaderamente sucedió”. —Jaime Contreras Salcedo Estrategia Segunda fase de la estrategia para intentar ubicar a los 43 estudiantes normalistas: 1.– Impresión y distribución de folletos y materiales informativos con las imágenes de los jóvenes desaparecidos. 2.– Conformación de Bloques de Búsqueda de Reacción Inmediata. 3.– Reuniones de coordinación e información con familiares y representantes. 4.– Colocación de anuncios espectaculares para solicitar la colaboración de la ciudadanía. 5.– Despliegue de perifoneo radial en las comunidades cercanas a Iguala, reiterando el ofrecimiento de un millón de pesos para quien proporcione información veraz. 6.– Se enviarán correos electrónicos y correos postales de manera masiva. 7.– Se publicarán en diarios imágenes de los desaparecidos y anuncios de la recompensa y los teléfonos para proporcionar información. 8.– Habrá jornadas ciudadanas de búsqueda y se utilizará el hashtag #HastaEncontrarlos. Diputados gestionan la reparación de daño En el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la Cámara de Diputados gestionará en lo inmediato, con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAC), la protección y la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de los hechos. Así se establece en el plan de trabajo de la Comisión Especial de San Lázaro, creada el martes para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala, cuyo principal propósito, se indica, será contribuir a facilitar, agilizar y completar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Destaca igualmente el objetivo de “promover el diseño e implementación de una campaña de difusión para incentivar la denuncia pública ante las autoridades competentes para que la población colabore en aportar información que facilite su tarea de investigación sobre los hechos que dieron origen a esta Comisión”. En el documento, al que Excélsior tuvo acceso, se prevé que los siete diputados que conforman la instancia legislativa habrán de verificar que las investigaciones realizadas con respecto a lo sucedido a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa procedan conforme al más estricto apego al Estado de derecho. Lo anterior implica, señala el plan de trabajo, que las investigaciones se realicen con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y la legislación correspondiente, así como los principios de buena fe, transparencia, rendición de cuentas, protección de las víctimas, probidad, honradez, y objetividad. Encabezada por el panista José Guillermo Anaya Llamas, la comisión prevé la entrega de un reporte final para el cual enlistó una serie de entrevistas que sus integrantes realizarán con los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, PGR y Cisen; con el gobernador de Guerrero, entre otras autoridades locales; con los familiares de las víctimas, e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. En entrevista, el diputado federal confirmó que, dentro de sus investigaciones, los diputados viajarán a la entidad y entrarán en contacto con los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos. “Con estos elementos vamos a empezar a trabajar a la voz de ya. Sabemos que ahora no creen en nada ni en nadie. Y entendiendo su dolor, el mensaje nuestro es que el Congreso está de su lado, queremos protegerlos y que haya justicia para sus familias”, expuso. “Para nosotros es primordial y urgente que los padres de familia encuentren a sus hijos, que tengan la certeza de dónde están, lo que sucedió. Para nosotros es primordial acompañarlos en este dolor que están sufriendo”, recalcó Anaya Llamas. —Ivonne Melgar PRD propone acuerdo en seguridad Para el PRD en la Cámara de Diputados el señalamiento del presidente Enerique Peña Nieto sobre los nexos de autoridades y crimen organizado resulta importante para dar un siguiente paso: reconocer la necesidad de un acuerdo nacional que conforme una política de Estado en seguridad. En esos términos, el coordinador de los perredistas en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, fija postura sobre las declaraciones presidenciales ante gobernadores, a quienes urgió a acelerar el paso en el cumplimiento de las acciones pendientes. “Ahora se tiene que aceptar que la política pública en materia de combate al crimen organizado y la inseguridad no está dando los resultados que debiera y que debe ser replanteada, y que esto pasa, entre otras cosas, por la construcción de un gran acuerdo con todos los actores más relevantes de la sociedad”, definió el líder parlamentario. En entrevista con Excélsior, el legislador de izquierda planteó que en dicho acuerdo deberían participar con el Ejecutivo federal las cámaras del sector empresarial, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, los partidos políticos y el Congreso. “Ningún partido, como ningún gobierno solo, aislado, va poder ser eficaz en el combate al crimen organizado si no contamos con una serie de acuerdos, cuya construcción implica que ahora revisemos instituciones completas”, argumentó. “Necesitamos construir una política de Estado para dar respuesta al problema de inseguridad y de la delincuencia organizada, porque de otra manera no veo salida”, alertó.