jueves, 6 de noviembre de 2014
Yazareth, hija del ex alcalde, rindió su declaración y fue liberada
Yazareth Abarca Pineda, hija del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de María de los Ángeles Pineda Villa, rindió declaración ante el Ministerio Público federal en calidad de testigo dentro de las investigaciones relacionadas con sus padres, acusados de autoría intelectual del asesinato de seis personas y la desaparición de otras 43.
La joven fue detenida junto con Noemí Berumen en el operativo realizado por fuerzas federales en el domicilio ubicado en Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa, uno de los tres inmuebles incluidos en el operativo en que fueron arrestados sus padres.
Yazareth es una de las tres hijas del matrimonio Abarca Pineda y fue presentada en calidad de testigo. Tras rendir su declaración ministerial abandonó ayer las instalaciones de la SEIDO, se dijo de manera extraoficial, aunque otras versiones –igualmente no oficiales— indicaron que la joven salió el mismo martes de su detención.
La detención de Yazareth no fue dada a conocer por la PGR en la conferencia de prensa en que el titular de esta dependencia, Jesús Murillo Karam, anunció el martes pasado, la detención de José Luis Abarca y de María de los Ángeles Pineda, así como de Noemí Berumen.
De acuerdo con datos no oficiales de medios policiacos, Yazareth Abarca, de 24 años de edad, es compañera de escuela de Noemí Berumen.
Hasta ayer a mediodía –de acuerdo con versiones extraoficiales— tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles continuaban rindiendo declaración ante el Ministerio Público con relación al homicidio de seis personas –tres de éstas estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— y la desaparición de 43 estudiantes de la misma escuela normal de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
Tanto Abarca Velázquez como Pineda Villa han sido señalados por la PGR como los autores intelectuales de los asesinatos y desapariciones cometidos por policías municipales de Iguala relacionados con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
En medios de la PGR se daba por hecho ayer que se extendería el término constitucional de 48 a 96 horas para resolver la situación jurídica de las tres personas detenidas el martes.
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