Implicados 20 altos funcionarios en fallida cédula de identidad... sólo un sancionado

LA CRÓNICA Por incapacidad u omisión, una veintena de altos mandos de la Secretaría de Gobernación han estado implicados en la falaz expedición de la cédula de identidad.

Sin embargo, sólo uno ha sido sancionado por la vía administrativa: Alberto Alonso y Coria, un físico-matemático artífice del Registro Federal de Electores, y quien estuvo en la dirección del Registro Nacional de Población —Renapo, operador del programa— el último año y medio de la administración calderonista. En julio de 2014 la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió inhabilitarlo por 10 años y multarlo con 40 millones de pesos tras autorizar un pago por una cantidad similar a Talleres Gráficos de México para elaborar cédulas que al final no fueron entregadas en su totalidad. El académico interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual sigue inconcluso y en suspenso. Así, el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la deslucida SFP aparece en blanco en este tema, pese a los más de cinco mil de millones de pesos derrochados en seis años, en la administración panista. Por corruptelas, falta de planeación y errores cometidos en licitaciones, compra de equipo y operación, la Segob calcula hoy que la reactivación del proyecto requeriría entre 9 y 10 mil millones de pesos extra. DESTRUCCIóN. La historia de truculencias ha derivado ya en que padres de familia exijan a Segob la destrucción de los datos capturados a sus hijos. Apenas en marzo pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales —mejor recordado como IFAI— ordenó a la dependencia eliminar de sus archivos los insumos biométricos y fotografías de dos menores de edad de la ciudad de México. Los padres argumentaron que, ante la parálisis del proceso, el manejo oficial de datos carecía de sustento y legalidad. Aunque en una primera instancia la Secretaría se negó a la cancelación, pues aseguró que en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental no se contempla el procedimiento, los integrantes del Instituto concluyeron que la Constitución sí tutela el derecho a la supresión o cancelación de datos, aun con anuencia previa. “El consentimiento no es un cheque en blanco”, refirió el actual comisionado Francisco Acuña. Y así lo explicó a Crónica la ex comisionada Sigrid Arzt: “El corazón del principio legal para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición está en el artículo 16 de la Constitución. Segob sólo se fijaba en la Ley, pero estaba en falta al no querer observar que se trataba de un derecho humano… En realidad tenemos una asimetría entre las leyes actuales y nos falta una Ley General de Protección de Datos Personales, pero esté o no actualizado el marco normativo se deben priorizar los principios constitucionales”.