Diputados avalan que grupos vulnerables sean contratados en los procesos de adjudicación directa del gobierno

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 404 votos a favor, reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que los artesanos, personas con discapacidad, jóvenes, madres jefas de familia y pequeños productores sean contratados en los procesos de adjudicación directa.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que el gobierno otorgará puntos extraordinarios a aquellas empresas que tengan por lo menos, en su plantilla laboral, el 5 por ciento de jóvenes de 18 a 25 años de edad con un mínimo de seis meses de antigüedad y que estén afiliados al Seguro Social. También plantea que cuando el gobierno contrate asesorías externas o estudios o investigaciones, dé prioridad al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o a los centros estatales del ramo o sus derivados. Al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena) señaló que las reformas a los artículos 14, 19, 21, 41 y 42 buscan otorgar puntos a las empresas que liciten una obra por contratar jóvenes de 18 a 25 años. Además establece la intervención del Conacyt, en los estudios y asesorías que requiera el poder público. Hace obligatorio que las dependencias publiquen su programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y determina que en el caso de los artesanos, se les entregue la adjudicación directa, ya que eso dará oportunidad a pequeños productores y grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) indicó que uno de los grandes problemas de la sociedad es el desempleo de casi siete millones de jóvenes, pues representan el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa, por lo que estas reformas lograrán que en las licitaciones públicas se dé preferencia a las empresas que cuentan por lo menos con una plantilla laboral de un 5 por ciento de trabajadores entre 18 y 25 años. Reiteró que “los jóvenes tienen que ser nuestra prioridad para poder impulsar el desarrollo presente y futuro de este país”. En representación de Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres manifestó que su voto sería a favor, ya que se establecen las condiciones legales e institucionales para impulsar la incorporación económica de los jóvenes y sectores productivos que requieren mayor apoyo estatal. Aseguró que estas modificaciones lograrán atender un problema de rezago social y generar valor agregado a las economías familiares y regionales, pues propician su contratación y la de los consejos estatales de ciencia y tecnología, cuando de asesoría e investigación se trate en las dependencias y entidades públicas. Por su parte, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) sostuvo que la igualdad en todos los ámbitos de la vida social permitirá proteger e impulsar las cadenas productivas de las empresas nacionales y entrar a un esquema de fortalecimiento del mercado interno. Indicó que su fracción seguirá pugnando para que el 30 por ciento de adjudicación directa no sólo no aumente, sino que sea absolutamente transparente y no se permita el compadrazgo, la corrupción, la opacidad ni el clientelismo. El legislador Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) dijo que su voto sería a favor, pues se debe incentivar a las empresas que adquieren bienes, arrendamientos o servicios y que se sujetan a la evaluación de puntos y porcentajes en las licitaciones públicas; sin embargo, aclaró, esto no resolverá el problema de la falta de empleo de miles de jóvenes. Consideró pertinente garantizar que en la realización de estudios, investigaciones y asesorías, se tomen en cuenta a los diferentes institutos de educación superior públicos. “No sólo se debe fortalecer el aparataje gubernamental, sino también a las instituciones educativas públicas que impulsan el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país”. El diputado Noé Bernardino Vargas (PVEM) sostuvo que este dictamen hace que la igualdad de oportunidades actúe como un mecanismo justo para la distribución de la riqueza. “Hoy tenemos la enorme oportunidad de legislar para que, a través del derecho, se incluya a los grupos vulnerables y a los empleadores, y acercarlos a los contratos gubernamentales para la adquisición y venta de bienes y servicios. “La norma jurídica y la transformación social deben ir evolucionando a la par de las necesidades del ser humano, pues hoy los jóvenes, artesanos, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y pequeños productores se encuentran atrapados en un laberinto de dogmas, de intereses perversos, de oportunismo y de populismo que les impiden encontrar una salida”, consideró. El diputado perredista Rafael Hernández Soriano respaldó la posibilidad de que por adjudicación directa se otorgue a grupos de artesanos, a mujeres y a pequeños ganaderos, la posibilidad de participar en licitaciones de carácter público. Agregó que hace falta incentivar el mercado interno y acordar una política industrial, también con inclusión juvenil. Es decir, tomar medidas mucho más amplias, para que este porcentaje de la población que se está quedando sin la posibilidad de trabajar, sobre todo los egresados de las escuelas, tengan la posibilidad de un empleo. La panista Cecilia Romero Castillo puntualizó que los problemas no solamente se resuelven con programas sociales, pues la gravedad de la pobreza y de la desigualdad que existe en nuestro país requiere algo mucho más allá. “Bienvenidos los programas sociales cuando hay escasez extrema, cuando hay necesidad urgente de apoyo. Cuidado con aquellos que se convierten en apoyos asistencialistas y muchas veces, desgraciadamente, en apoyos electoreros”. Finalmente, la priista Laura Mitzi Barrientos Cano puntualizó que las reformas a este ordenamiento jurídico proponen una solución a uno de los problemas más recurrentes, ya que define, propone e impulsa una estrategia o un conjunto de acciones que van a fortalecer la política pública para enfrentar uno de los grandes desafíos que hoy tiene México: la inclusión de jóvenes, de personas con discapacidad y de grupos vulnerables. “Los mexicanos de hoy debemos responder a un nuevo paradigma, donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que deben impulsarse. La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar, los cuales difícilmente saldrán al mercado laboral sin ayuda y sin incentivos”, concluyó la legisladora.