La descalificación gubernamental de un informe incómodo en materia de derechos humanos

Por Arlen Jaime Merlos México vive una profunda crisis de derechos humanos, lo cual significa que en este país se vulneran y violan los derechos de sus ciudadanos; así lo ha establecido tanto el informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) presentado el pasado 2 de marzo, como también el informe que recién presentó Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y en dónde en el capítulo correspondiente a México hace referencia al mismo problema, un duro diagnóstico por delitos de lesa humanidad que suceden en el país y las violaciones graves de derechos humanos. Es decir, dos organismos internacionales han expuesto un diagnostico de la situación sobre los derechos humanos en México abriendo una caja de Pandora sobre esta crisis humanitaria. Pero lo más preocupante es la respuesta del gobierno mexicano ante estos resultados, la postura de una completa negación de la realidad, queda muy lejos de una respuesta oficial de altura que refleje la preocupación real por resolver esta problemática tan complicada. Y sin embargo, los analistas, periodistas, académicos, ciudadanos y ONG´s de este país, vemos con asombro la respuesta oficial emitida por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR, ya que una actitud inteligente sería reconocer el problema y no enfatizar que en México no se vive una crisis de derechos humanos, aún siendo del conocimiento público nacional e internacional los tan mencionados casos de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, de San Fernando, Ayotzinapa, el reciente caso de Tierra Blanca en Veracruz y el sin número de desapariciones forzadas. Esta postura solo muestra el desesperado intento del Estado por meter la basura por debajo de la alfombra y ocultar el fracaso de garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Indudablemente, el estado que guarda un país se define con cifras, y el escenario que se vive en México es de 26,789 desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional, esto quiere decir que no estamos hablando de un tema menor y las descalificaciones que ha emitido el estado mexicano sobre los resultados del informe de la CIDH, solo reflejan el interés que tienen por su imagen, por evitar el escrutinio internacional y no por asumir la responsabilidad, ni plantear las directrices a seguir para resolver el profundo problema. Desestimar la credibilidad de los organismos internaciones no es la solución cuando el único objetivo de estos organismos es contribuir a resolver este problema que sufre nuestro país. Nuevamente vuelvo a reiterar, éste es un tema de primer orden en nuestro país y si bien, existen avances constitucionales importantes, tal como lo reconocen los organismos internacionales, el gran pendiente es como hacer que esos avances se traduzcan en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y su bienestar, en entonces abatir ese 98% de delitos que quedan en la impunidad. El Informe presentado por la CIDH sobre la “Situación de derechos humanos en México”, reconoce las medidas que ha tomado el estado para hacer frente al problema, pero señala que la administración pasada y la actual no han realizado cambios sustanciales y que la actual crisis de violaciones graves de derechos humanos por la que atraviesa el país, es consecuencia en gran medida por la impunidad que persiste. La respuesta del estado mexicano nuevamente descalifica al mensajero y no afronta la realidad.