Limitaciones a la libertad de expresión y a la manifestación en México

Por Arlen Jaime Merlos Como es ya conocido, México padece una grave crisis de derechos humanos manifestada en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura como método de investigación, la trata de personas y la impunidad a los ataques de periodistas. Sin dejar de agregar la limitación del ejercicio pleno de otros derechos como el acceso a la justicia, el debido proceso, la participación ciudadana, el acceso a una vida libre de violencia, a la diversidad sexual, la igualdad de género, a un trabajo bien remunerado, entre otros; escenarios que sin duda, se viven bajo un marco general de impunidad, desigualdad y de pobreza. Situaciones que han generado un gran descontento social que puede manifiestarse mediante el ejercicio de derechos y libertades protegidas por nuestra Constitución; como la libertad de expresión, el derecho de reunión, de libre manifestación de ideas y opiniones, de asociación, entre otros, los cuáles además de representar un medio para expresar opiniones, también lo son para evidenciar públicamente los problemas que son una realidad nacional; es decir, representan un mecanismo de exigencia social y un elemento indispensable de toda sociedad democrática. En Mexico empieza a configurarse una tendencia a restringir el derecho de expresión y libre manifestación. En los últimos años diversas entidades federativas han presentado iniciativas restrictivas de estos derechos, que permiten el uso de la fuerza excesiva de manera arbitraria en contextos de protesta social o establecen numerosos requisitos desproporcionados; situación que es preocupante y que a los ciudadanos debe ocuparnos. La presencia de cuerpos de seguridad en las manifestaciones es una constante que frecuentemente motiva actos de represión en su contra. Las protestas a través de las cuales la ciudadanía ejerce los derechos a la libertad de expresión, reunión, petición y participación, han sido afectadas con incidentes violentos. Casos paradigmáticos como la protesta de la comunidad de San Bernardino, Puebla del 2014, en donde los pobladores fueron agredidos por policías municipales quienes con el uso excesivo de la fuerza, de balas de goma y latas de gas, dispersaron la manifestación y en donde un menor de edad perdió la vida a consecuencia del impacto de una bala de goma en la cabeza; represión por cierto, amparada en una Ley aprobada por el Congreso del Estado que permitió el empleo de armas en el uso de la fuerza pública y denominada por la ciudadanía como “la ley bala”. O el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes originalmente se disponían acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Hechos que no han sido fenómenos aislados, sino que representan la tendencia de un esquema de represión que se ha extendido a muchos estados de la República como Quintana Roo, Puebla, Jalisco, San Luís Potosí, Veracruz y que ahora ha enmarcado al Estado de México con la reciente aprobación de la llamada “Ley Atenco” en memoria de la represión policial lanzada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco y en donde se documentó la muerte de dos personas, la violación de 26 mujeres por parte de miembros de la policía y la detención de más de 200 personas. La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, recién aprobada autoriza el uso de la fuerza pública y armas de fuego en manifestaciones civiles; hecho que refleja el proceso de crisis de libertades democráticas y de derechos humanos en nuestra entidad y en el país. No olvidemos que la voz de los ciudadanos representa una herramienta para expresar inconformidades ante la profunda crisis de confianza que se vive en México, y la limitación de esos derechos ciudadanos marcan unos de los rasgos de la restauración autoritaria en nuestro país. Recordemos que el ejercicio de libertades y de derechos han sido resultado o consecuencia indirecta de la lucha y de las conquistas ciudadanas que tuvieron su origen en las calles y en amplios procesos organizativos.