Informa la legisladora del Sol Azteca que organizaciones de mujeres de la sociedad civil vienen organizando desde hace meses una marcha nacional para el domingo 24 de abril, misma que está confirmada en 27 estados del país.
También presenta iniciativa en materia de violencia obstétrica, referente a la Ley general de Salud, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dijo que “hay que expresarse en contra de la violencia de género y la violencia machista. Esta iniciativa partirá en el caso de la zona metropolitana, de Ecatepec a las 11:00 horas para llegar a las 14:00 horas al Monumento a la Revolución y de allí marcharemos al Ángel de la Independencia.
Se le ha llamado, participemos en esta primavera violeta y es un esfuerzo muy interesante de la sociedad civil, a la que invitamos a que las diputadas y diputados se sumen para que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia.
Uno de los slogans es: “Nos queremos vivas”. Es cuánto en esta parte y entraría, gracias al diputado Valencia, por pegar las cartulinas, en lo que damos, mi intervención.”
Agregó que no es ninguna novedad que nuestro sistema de salud se encuentra muy lejos de cumplir con servicios de calidad, eficientes y que resuelva las necesidades de la población para ejercer el derecho constitucional a la protección social en salud.
La crisis en el sector se ve reflejada en ausencia de insumos, insuficiencia de personal médico, falta de acceso a servicios básicos y una carencia en instalaciones en zonas marginadas que más lo necesitan.
Esta problemática se torna más complicada respecto al derecho a la salud de las mujeres y sobre todo, en lo que tiene que ver en la salud sexual y reproductiva, que aquí, es en este momento y es a partir de nuestra condición de mujer que surge la violencia obstétrica.
Son muchos los casos de mujeres embarazadas que fallecieron al negarles una atención oportuna, pues se vieron forzadas a parir en los pasillos de hospitales o en plena vía pública sin ningún tipo de cuidado médico.
La problemática es tal que, “en tan sólo cinco años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha recibido mil 200 quejas y emitido 25 recomendaciones para atender casos de violencia obstétrica y evitar que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres.
La percepción de esta violencia es alarmante: de acuerdo a una encuesta de la Secretaría de Salud entre personas usuarias de los servicios de salud ginecobstétricos del país, la mayoría se manifestó de manera contundente de esta forma”
“El modo de atención es violento y se trabaja más en las necesidades de burocracia de las instituciones que en las necesidades de las mujeres”.
Resaltó que las propuestas que se someten a consideración, toman como base la violencia obstétrica como una violación grave a los derechos humanos y una violencia institucional, donde el Estado no garantiza a las mujeres el derecho a la salud y a la atención con calidad y con calidez. De esa manera, habrá las siguientes acciones.
Proporcionar a las mujeres el acceso a servicios de salud.
Respetar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad.
Proporcionar información necesaria y suficiente para tener el consentimiento informado en todas las decisiones que involucren el ejercicio de los derechos sexuales.
No permitir que se les obligue a la utilización de métodos anticonceptivos temporales o permanentes.
Se propone también adicionar en la Ley General de Salud, la obligación de las autoridades sanitarias a disponer medidas para que el personal de salud, mediante acciones u omisiones, no cause daños físicos o psicológicos a la mujer durante la atención de su embarazo, durante el parto y en el puerperio.
Maricela Contreras recalcó que este daño no debe expresarse en la falta de acceso a servicios de salud, con tratos crueles, inhumanos o degradantes, o bien con una inadecuada prescripción de medicamentos, y que afecte la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.
Resulta necesario establecer sanciones a los responsables que violen las medidas que establezcan las autoridades, para que el personal de salud no incurra en ese tipo de violencia.
En suma, se propone un enfoque de derechos humanos para la atención de la violencia obstétrica, respetando los derechos a la salud de las mujeres, a la integridad personal y la información a la vida, a no ser sometidas a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y vivir libres de violencia.
Se busca atender esta problemática desde las causas estructurales y no sólo con los buenos deseos. Se debe trabajar por la salud y trabajar por la dignidad de las mujeres en esta función biológica y particular que nos acontece.
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