Los ex-policías quieren que la dependencia de gobierno repare los daños causados, luego de manchar su nombre, al asegurar que no cumplieron con una indicación de sus superiores, por lo que causaron baja definitiva; hasta el momento son 174 elementos los que fueron cesados de la corporación y cerca de 70 personas los que acudieron a presentar la queja.
Fueron citados en el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia con sede en Lerma, presuntamente para unos cursos; sin embargo, fueron obligados a firmar una serie de documentos para la remoción de su contrato, sin que hubiera derecho para poder defenderse.
Rigoberto López Valdés, Coordinador Nacional de la Asociación Ciudadanos Uniformados, encabezó una manifestación, en la cual dijo que son 74 elementos los que ya prácticamente fueron despedidos y 100 que están en proceso de ser dados de baja.
También comentó que los elementos que no han sido notificados de su baja, son 100 que ya se han amparado y al igual interpondrán su denuncia correspondiente, insistiendo que los elementos fueron citados en el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y que les hicieron firmar un documento en blanco.
Finalmente, señaló ellos están llevando su proceso conforme a la ley y de forma pacífica, aunque no descartan el acudir a la Cámara de Diputados a reunirse con el presidente de la Comisión de Seguridad Publica y Transito a quien le pedirán que solicite cuentas del por qué el despido.
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