Naucalpan. Méx.-La ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, aseguró que el nuevo sistema de justicia acusatorio aún no tiene abogados, fiscales, ministerios públicos, y juzgadores "altamente capacitados sobre la forma de llevar un juicio oral", durante el cual puedan defender a las víctimas del delito o culpar al hechor. Expresó que, mientas no se capaciten a los involucrados en un juicio, el sistema de justicia penal acusatorio “seguirá siendo un fracaso”.
Afirmó que la incapacidad de los interpretes de la ley, abogados, no se debe a la falta de recursos económicos de los gobierno estatales para capacitarlos, porque, con la reforma constitucional del sistema penal acusatorio, se dio a gobiernos de los estados un plazo de ocho años y recursos públicos para que capacitaran a todos los actores políticos que participarían en los juicios orales y de control.
Abundó que al termino de ocho largos años se esperaba que todos los involucrados estuvieran capacitados: jueces; jueces de control; juez de proceso; los abogados y defensores públicos, los fiscales la policía investigadora “y con mucho respeto, ni siquiera los abogados litigantes se capacitaron en argumentación legal, les cuesta trabajo; no se diga los fiscales, la policía investigadora que no investiga nada; verdaderamente, ni siquiera preserva la escena del crimen, mucho menos la cadena de custodia de todo el acervo probatorio”, acusó Sánchez Cordero.
Recordó que la reforma constitucional del 2008 y del 2016 entró en vigor en los estados, donde debió estar listo el personal e infraestructura para operar el nuevo sistema de hacer justicia. “Pero, ¿qué fue lo que paso?”, Preguntó la ex magistrada y contestó: que en los estados no se capacitó a todo el personal porque, “siempre los gobernadores tuvieron en algo más en qué gastar ese dinero”. Los “gobernadores tenían presupuesto y el resultado lo estamos viviendo: No está nadie capacitado para el juicio oral. ¿Dónde están los recursos para esa capacitación?, pues mejor pregúntaselo a cada uno de los que tuvieron los recursos para capacitar y no lo hicieron”, planteó la exmagistrada.
“¿Qué tenemos que hacer?, tenemos que regresar a lo básico. Nuevamente volver a capacitar a una policía científica, investigadora; a fiscales que efectivamente defiendan a la sociedad y a las víctimas; abogados y litigantes y defensores públicos altamente capacitados que puedan realmente argumentar. “.
Todo lo anterior vino a colación debido a que el segundo Tribunal de Alzada en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) ordenó reponer el procedimiento judicial que se siguió en contra de Ramón Martínez García “El Lagarto”, y dejó sin efecto la sentencia de 111 años de prisión a que fue condenado por el delito de abuso sexual y robo en agravio de Rosa Margarita Ortiz, esposa de Adolfo Micalco, ex líder del PRI de San Luis Potosí. Delito que se cometió a bordo de un autobús de pasajeros de la Línea ATN.
Adolfo Micalco, esposo de la víctima, informó en entrevista telefónica que los magistrados Ricardo Sodi Cuéllar, Alfredo Cid Patoni y José Luis Cervantes Martínez, del Tribunal de Alzada con sede en Tlalnepantla, concluyeron que debe ser repuesto el procedimiento penal bajo el argumento de que durante el juicio hubo cambio de juez del caso, según argumentó la defensa al apelar la sentencia de 111 años de presión a que había sido condenado “El Largarto”.
Cuando se le preguntó sobre este fallo, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero argumento y justicio la decisión judicial con todo lo arriba dicho; mientas la víctima dice con lágrimas en los ojos: “Estoy sumamente enojada; hoy fue la sentencia de la apelación del delincuente y repusieron el proceso y se va tener que repetir, ¡estas nuevas leyes son una porquería: defienden a los delincuentes!”, expresó la noche del lunes Rosa Margarita, quien dio a conocer que las audiencias en contra de El Lagarto deben ser realizadas nuevamente.
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