• El límite, operar la figura con el uso de las clásicas “letras chiquitas en identificaciones oficiales” y en los procesos administrativos actuar como notificadores y verificadores en las respectivas diligencias o inspecciones, a la vez de entorpecer la facilidad en la inversiones.
Por Mario Ruiz Hernández
NAUCALPAN Méx., a 20 de marzo del 2019.-Aún y cuando insistimos que, la figura ilegal de los “Promotores de la Legalidad” no existe en ningún tipo de norma jurídica, reglamento u Estatuto, continúan operando en el municipio con total impunidad.
En ese sentido, no se pude por congruencia pública, sesgar “la ley”, a efecto de sustentar su desempeño en las diligencias que realizan, cuando creímos en que se acabaría la corrupción.
Lo anterior e incluso, y dentro de sus facultades en las revisiones de licencias de funcionamiento entre otros, que en lugar de facilitar las mismas, entorpecen las inversiones.
En tanto y mientras que verificadores o inspectores en la revisión para la revalidación de los documentos en negocios, hay incumplimiento por la falta de papeles y dejan inconcluso el trámite, en muchas unidades económicas además carecen de la actualización de requerimientos establecidos, como lo es licencias de uso del suelo, medidas de higiene y seguridad.
Sin embargo, es la propia coordinación jurídica de la Secretaria de Fomento Económico, cuyo titular es Juan Pablo Jiménez Salas, quien ha venido autorizando la recepción de los papeles incompletos, a saber de quién o quiénes que, a lo mejor sean “sus cuates y no medir con la misma vara a todos".
Asimismo, y dentro de innumerables transgresiones, el tener registros con duplicidad en domicilios y otras inconsistencias asentados en los Formatos de Atención Empresarial (FUAE), quien es el área encargada de “Los Promotores de la ilegalidad”.
El asunto complicado y quizá no pase nada en ese quiebre, al presentarse con tal figura y actuar en el proceso administrativo como verificadores y/o notificadores.
Luego entonces, dónde nos perdimos cuando supuestamente desapareció la oficina de verificaciones y clausuras, según por acusaciones de elevados actos de extorsión y corrupción.
No obstante, “el torcer la ley” igual o peor, es -CORRUPCIÓN-y pongámosle algún calificativo apropiado, y que tal vez configurar la usurpación de funciones u abuso de autoridad, e ir al orden penal.
Por otra parte, decíamos en cierto momento, que no podemos “erradicar la ilegalidad con ilegalidad”, y continuar trabajando abiertamente debido a que no pasa nada, y pasa de todo.
Lo interesante pues, es el definir y que no va hacer en el corto plazo el sustentar y motivar la figura, y olvídese que lo hagan alcalde, síndico y regidores, porque tampoco está en sus atribuciones.
La enmienda, al congreso local definitivamente para elevar a “Los Promotores de la Legalidad”, al rango o nivel constitucional, y evitar el uso de las “letras chiquitas” en identificaciones oficiales.
En ese orden, y en la ironía, el ayuntamiento en su función de cómplices de la ilegalidad y digo, al permitir “el quiebre de la ley”, para justificar un desempeño totalmente cuestionado de esta estructura de gobierno, que trascendió de la según entrega de una licencia de funcionamiento de un negocio de cierta marca automotriz sin mediar documento alguno por el momento.
Inferir y cuando presuponíamos que las cosas se iban hacer diferentes, el no ejecutar lo que siempre criticaron y lo vienen haciendo similar o más burdo.
En ello y una tras otra “regada”, el improvisar en las áreas de oportunidad, y todavía presumir de un reclutamiento de “puros abogados” que imagino, se la saben de todas.
Encontraparte y pese a que justamente no lo parecen, percibir el qué hacer en aferrase en sostener la ilegal figura de los “Promotores de la Legalidad, aunque traigan especialistas de la FES-Acatlán.
En resumen, y hagan lo que hagan, por el momento no es factible la operación de estos funcionarios públicos bajo ese fraudulento nombramiento.
NAUCALPAN Méx., a 20 de marzo del 2019.-Aún y cuando insistimos que, la figura ilegal de los “Promotores de la Legalidad” no existe en ningún tipo de norma jurídica, reglamento u Estatuto, continúan operando en el municipio con total impunidad.
En ese sentido, no se pude por congruencia pública, sesgar “la ley”, a efecto de sustentar su desempeño en las diligencias que realizan, cuando creímos en que se acabaría la corrupción.
Lo anterior e incluso, y dentro de sus facultades en las revisiones de licencias de funcionamiento entre otros, que en lugar de facilitar las mismas, entorpecen las inversiones.
En tanto y mientras que verificadores o inspectores en la revisión para la revalidación de los documentos en negocios, hay incumplimiento por la falta de papeles y dejan inconcluso el trámite, en muchas unidades económicas además carecen de la actualización de requerimientos establecidos, como lo es licencias de uso del suelo, medidas de higiene y seguridad.
Sin embargo, es la propia coordinación jurídica de la Secretaria de Fomento Económico, cuyo titular es Juan Pablo Jiménez Salas, quien ha venido autorizando la recepción de los papeles incompletos, a saber de quién o quiénes que, a lo mejor sean “sus cuates y no medir con la misma vara a todos".
Asimismo, y dentro de innumerables transgresiones, el tener registros con duplicidad en domicilios y otras inconsistencias asentados en los Formatos de Atención Empresarial (FUAE), quien es el área encargada de “Los Promotores de la ilegalidad”.
El asunto complicado y quizá no pase nada en ese quiebre, al presentarse con tal figura y actuar en el proceso administrativo como verificadores y/o notificadores.
Luego entonces, dónde nos perdimos cuando supuestamente desapareció la oficina de verificaciones y clausuras, según por acusaciones de elevados actos de extorsión y corrupción.
No obstante, “el torcer la ley” igual o peor, es -CORRUPCIÓN-y pongámosle algún calificativo apropiado, y que tal vez configurar la usurpación de funciones u abuso de autoridad, e ir al orden penal.
Por otra parte, decíamos en cierto momento, que no podemos “erradicar la ilegalidad con ilegalidad”, y continuar trabajando abiertamente debido a que no pasa nada, y pasa de todo.
Lo interesante pues, es el definir y que no va hacer en el corto plazo el sustentar y motivar la figura, y olvídese que lo hagan alcalde, síndico y regidores, porque tampoco está en sus atribuciones.
La enmienda, al congreso local definitivamente para elevar a “Los Promotores de la Legalidad”, al rango o nivel constitucional, y evitar el uso de las “letras chiquitas” en identificaciones oficiales.
En ese orden, y en la ironía, el ayuntamiento en su función de cómplices de la ilegalidad y digo, al permitir “el quiebre de la ley”, para justificar un desempeño totalmente cuestionado de esta estructura de gobierno, que trascendió de la según entrega de una licencia de funcionamiento de un negocio de cierta marca automotriz sin mediar documento alguno por el momento.
Inferir y cuando presuponíamos que las cosas se iban hacer diferentes, el no ejecutar lo que siempre criticaron y lo vienen haciendo similar o más burdo.
En ello y una tras otra “regada”, el improvisar en las áreas de oportunidad, y todavía presumir de un reclutamiento de “puros abogados” que imagino, se la saben de todas.
Encontraparte y pese a que justamente no lo parecen, percibir el qué hacer en aferrase en sostener la ilegal figura de los “Promotores de la Legalidad, aunque traigan especialistas de la FES-Acatlán.
En resumen, y hagan lo que hagan, por el momento no es factible la operación de estos funcionarios públicos bajo ese fraudulento nombramiento.
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