* Se vigilará a detalle solicitud de endeudamiento para los 125 municipios: Luisa Mendoza.
Al expresar su postura contra de los dos nuevos impuestos cedulares propuestos por el Ejecutivo estatal para 2022, pues afectarán a la empresa constituida, al pequeño empresario y a los prestadores de servicios que pretenden reactivar su economía, la diputada Luisa Mendoza, coordinadora del grupo parlamentario Verde Ecologista en el Congreso Local, afirmó que aún no hay condiciones para la aprobación de la Ley de Ingresos para 2022.
En conferencia de prensa, la legisladora Mendoza Mondragón indicó que el actual periodo ordinario de sesiones cerrará el 18 de diciembre, pero queda abierta la posibilidad de continuar el análisis en periodos extraordinarios hasta que no cuenten con suficiente información sobre los nuevos impuestos que, junto con el ecológico, con el cual están a favor, y a las casas de empeño pretende recaudar más de 260 millones de pesos, y que no permitirán que se siga pagando el ISR y que se grave a quien pretende recuperar su economía con un nuevo impuesto cedular.
Acompañada del dirigente estatal de su instituto político, José Couttolenc, las diputadas verde ecologistas también anunciaron que pugnarán por un Presupuesto de Egresos con perspectiva de género, que combata los feminicidios, además de que analizarán a detalle la capacidad de pago y liquidez de los ayuntamientos ante la solicitud de endeudamiento hasta por 5 mil 500 millones de pesos.
La diputada reconoció que la pandemia ha dejado afectaciones a la salud, economía y empleo, y aunque no pueden ser omisas a estas necesidades, tampoco pueden convertirse en cómplices cuando hay municipios que quieren más deuda. Por ello, consideró urgente verificar la situación financiera, contable y la liquidez de cada municipio para determinar si sus finanzas les permiten recurrir nuevamente al crédito, de otro modo sólo se conseguirán mayores deudas que, para pagar, requieran de la venta del patrimonio municipal.
Recordó que, en 2014, 36 municipios recurrieron a un mecanismo similar y que, como en el caso de Jilotepec, aún debe 35 mdp de los 50 que contrató, lo que obliga a revisar su capacidad financiera y de pago para determinar si es viable o no que vuelva a contratar deuda en 2022.
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