En el foro 7 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política, se abordó en las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, el tema de las modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De forma virtual, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT)
consideró importante tener nuevas reglas democráticas para la designación de
magistrados, consejeras y consejeros electorales “para que no sea esto producto
de cuotas, sino que se garantice la idoneidad de los perfiles”. Agregó que la
intromisión del Tribunal Electoral en los temas de la Cámara de Diputados nos
hace pensar que ya llegó la hora de una nueva generación de reformas
electorales.
Vía zoom el diputado presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), afirmó que falta definir
las facultades del TEPJF y de las autoridades electorales porque “al paso del
tiempo, igual que el Poder Judicial, han estado creando principios jurídicos
sobre los cuales resuelven, independientemente de lo que digan las
leyes”.
También vía zoom, la diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA)
preguntó cuáles son las resoluciones que muestran cómo, tanto la autoridad del
Instituto Nacional Electoral como los Tribunales Electorales, han tomado
decisiones y atribuciones que no tienen conforme a la ley. También cuestionó
¿por qué introducir la suspensión de la resolución de los procesos electorales sujetos
a elección popular?
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García
Almaguer, solicitó información sobre el procedimiento paralelo por parte de la
SCJN y la Sala Superior del TEPJF de casos que están relacionados, por ejemplo,
con la revocación de mandato. La duda es: ¿si cuando la Suprema Corte toma
conocimiento de un asunto no debería de prevalecer sobre cualquier otro
tribunal, incluyendo la Sala Superior, para evitar la posibilidad de que
existan sentencias contradictorias?
El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó vía zoom que
la iniciativa de su bancada propone candados sobre la forma de no resolver
acciones afirmativas una vez que ha iniciado el proceso electoral, con el fin
de que no se repitan casos como “el de experiencias pasadas, que ya
prácticamente resueltas la totalidad de las candidaturas por los partidos
políticos de última hora se presentaron mediante sentencia acciones afirmativas
que tuvimos que remontar tiempos para poder cumplir”.
El diputado del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, señaló
que en los hechos los tribunales electorales locales no brindan certidumbre
jurídica, ni cumplen a cabalidad con el objetivo para el que fueron creados,
siendo en muchos casos una estructura burocrática que duplica las funciones que
de todos modos llevan a cabo otros órganos, pues 7 de cada 20 asuntos que
resuelve el Tribunal Electoral Federal se refieren a procesos locales, por lo
que preguntó ¿qué razón tienen de ser?
Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell indicó que
es importante garantizar la capacidad técnica y que en el proceso de selección
intervengan uno o más poderes independientes al Poder Judicial o incluso al
Tribunal como el órgano autónomo que es. Además, no sería mal, para garantizar
la independencia, un proceso de insaculación tras uno donde hayan participado
ya los órganos que legitimen. Enfatizó que sí sería imposible que sean elegidos
popularmente, pues se perdería la autonomía y la imparcialidad, por lo que
estarían vinculados a un partido o estructura.
Para fortalecer al Tribunal Electoral es importante contar con carrera judicial
Angélica Manríquez Pérez, catedrática de la Facultad de
Derecho de la UNAM, consideró que la reforma electoral debe partir de la
independencia judicial, pues “necesitamos contar con órganos independientes y
autónomos. Si queremos avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones
electorales debemos centrarnos en la carrera judicial, en el ingreso y la
permanencia y evaluación de los funcionarios”.
Puntualizó que es tiempo de pensar en una reforma
constitucional que plantee la posibilidad de la suspensión en materia
electoral, sobre todo porque “ahora vemos procedimientos donde ya las personas
físicas y morales pueden ser sujetas de procedimientos sancionadores. Es
importante pensar en la irreparabilidad de los actos en materia electoral”.
Las autoridades electorales no deben hacer interpretaciones directas de la Constitución
Vía plataforma digital, Eduardo Andrade Sánchez, abogado por
la UNAM, puntualizó que hay un exceso de atribuciones del Tribunal Electoral
cuando pretende intervenir en la integración de un órgano del Congreso como es
la Comisión Permanente. “El método que han seguido las autoridades electorales,
en lo que se está convirtiendo en una invasión al Poder Legislativo, se basa en
el artículo 1º constitucional”.
Consideró que es importante que se delimiten con toda
precisión las posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las
autoridades electorales. “Creo que hay que establecer una limitación muy especial
porque la independencia judicial no puede ir al extremo de pasar por encima de
las facultades del Poder Legislativo”.
No hacer constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos
Jorge David Aljovín Navarro, analista político y observador
electoral, afirmó que se tiene que buscar desincorporar, como se hizo en la
reforma de 2014, a lo que se denominó el procedimiento especial sancionador
para determinar una autoridad que instruya y una que resuelva y esto es lo
mismo que debe ocurrir con la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Respetemos los momentos constitucionales y no hagamos
constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos; demos el espacio para
discutir una justicia dialógica y abierta. Controles y declaraciones
patrimoniales para todos los funcionarios judiciales es muy importante para
evitar el nepotismo que es una de las grandes raíces de la corrupción”,
puntualizó.
Se debe implantar una auténtica carrera judicial
Silvia Gabriela Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta
comisionada a las ponencias de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionó por
qué no implantar una auténtica carrera judicial al interior del Tribunal
Electoral pero que cubra hasta magistrados de sala regional; “se garantizaría
que dichos magistrados tengan el perfil idóneo, así como ventajas, donde la
meritocracia y el profesionalismo sea el que permita arribar a los cargos,
además de que les dará estabilidad y permanencia”.
Aseguró que las salas regionales son una oportunidad muy
grande para fortalecer la independencia mediante la carrera judicial. “Es una
propuesta que dejo en la mesa y sería una vía para fortalecer la independencia,
imparcialidad y objetividad de los magistrados”.
Legitimar la elección de una autoridad electoral
Carlos Daniel Luna, asesor externo de MORENA en la
representación ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral, dijo que se
debe plantear la pregunta de cómo legitimar la elección de una autoridad
electoral, ya que están encargadas del sistema democrático, pero son personas
que no son elegidas mediante un mecanismo democrático.
Subrayó la necesidad de poner un alto al Tribunal
Electoral en cuanto a la invasión de otras esferas competenciales de
autoridades. “Se debe fortalecer sin dejar de lado a otros poderes que tienen
que ser respetados”
Designación de magistrados debe ser un acto democrático
Flavio Galván Rivera, coautor de diversas publicaciones en
materia de Derecho, aseguró que la designación de magistrados debe ser un acto
democrático, pero no por voto, sino mediante una convocatoria abierta para
todos aquellos que reúnan formalmente todos los requisitos exigidos en la
Constitución y en la ley, así como una Comisión de la Cámara de Senadores que
cumpla la satisfacción de los requisitos y quienes lo cumplan, sean sometidos a
examen de conocimientos de experiencia que realizará un comité académico y
jurisdiccional.
“Una vez que se tenga a todo el cuerpo de personas con la
capacidad profesional de ocupar la magistratura, lo designen de la forma que
crean mejor, incluso mediante tómbola, ya que todos son capaces y aptos para
ocupar el cargo”.
Respuestas de ponentes
Al responder a cuestionamientos de las y los diputados,
Eduardo Andrade Sánchez afirmó que el mayor peligro está en las propias
disputas internas entre legisladores o miembros de un partido, “Creo que la
clase política debe entender que los conflictos políticos se resuelven por
medios políticos. En la medida que los miembros de partidos o legisladores
quieren introducir la jurisdicción a sus territorios para defender posiciones
políticas, ponen en riesgo la política y la justicia”.
En su oportunidad, Jorge David Aljovin Navarro afirmó que se
tiene que evitar la supremacía judicial y apostar a la supremacía
constitucional, porque se debe evitar el protagonismo de los jueces que se
inmiscuyan en zonas donde no les corresponde y uno de estos casos sería el
ámbito legislativo.
Angélica Manríquez Pérez aclaró que su propuesta sobre la
suspensión en materia electoral no se refiere a la suspensión del proceso
electoral; de hecho, es una de las razones por las cuales no se incorporó la
figura de la suspensión en un inicio en la Constitución. “Me refiero al
artículo 41, fracción sexta, que señala que la interposición de los medios de
impugnación en materia electoral no generará efectos suspensivos. Mi propuesta
va en el sentido de que repensemos esta figura cuando se interpongan los medios
de impugnación en materia electoral”.
A su vez, Flavio Galván Rivera señaló que “la Constitución
establece el orden y función de los Poderes y se debe respetar si queremos un
verdadero Estado de derecho”.
Silvia Gabriela Ortiz contestó que un juzgador no se
improvisa ni tampoco su conocimiento para resolver los conflictos electorales,
por lo que no se debe confundir la legitimidad de los juzgadores, pues es
mediate sus resoluciones como se logra y no debe ser mediante elección popular.
Apuntó que los tribunales locales tienen relevancia pues son estados libres y
soberanos como lo marca la Constitución.
Por su parte, Carlos Daniel Luna cuestionó si realmente la legitimidad está en las sentencias de las autoridades, ya que hay sentencias irrisorias donde se imputa responsabilidad a altos funcionarios públicos, como ha sido el caso del presidente de la República. “Debemos ponderar la participación de poderes públicos y de la propia ciudadanía. La iniciativa presidencial da una solución”, expresó.
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