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miércoles, 10 de agosto de 2022

Analizan candidaturas independientes y derechos de minorías, en foro 9 del Parlamento para la Reforma Electoral

En el Foro 9 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, se abordó el tema tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías.

​El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), explicó que las iniciativas de reforma electoral por parte de diputados suman 42, por lo que antes de estudiarlas y compararlas se decidió abrir a las comunidades y grupos sociales su participación. 

Cámaras deben simplificar el voto migrante 

Jorge Mújica Murias, miembro del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Escritores, señaló que es deber de las cámaras simplificar el voto de los migrantes y no tener que “dar un triple salto mortal” para pedir credencial, darla de alta y votar, sino que sea un proceso en automático y no se requiera que en cada ejercicio se deba repetir todo el procedimiento. Pidió que haya una representación de diputados y senadores migrantes, así como de ediles y ayuntamientos migrantes. 

“Queremos emitir nuestro voto postal para quien esté alejado de los centros urbanos y el electrónico, aunque éste no podría ser para todos; que haya casillas presenciales, que esté escrito en la ley que en todos los momentos posibles podamos votar en casilla”, agregó. 

Blindar perfil de candidatos migrantes 

​Avelino Meza Rodríguez, secretario general de la organización Fuerza Migrante, propuso blindar el perfil de los candidatos de los mexicanos en el exterior para garantizar que sean miembros de la comunidad y la representen en los congresos federal y locales. Esto debe ser parte de la reforma al marco jurídico, a fin de que los partidos políticos realicen campañas donde residen y se conozcan sus propuestas. ​ 

​Planteó reconocer el voto migrante para elegir a representantes en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, para fortalecer sus derechos, actualizar, simplificar y modernizar el proceso de votación, facilitar el registro y avanzar en el voto electrónico. Solicitó que los mexicanos en el exterior puedan ser postulados para diputaciones independientes. 

Que las cuotas arcoíris sean una realidad y no una simulación

​Máximo Carrasco Rodríguez, licenciado en psicología y gestión turística, enlace técnico de la Comisión de Diversidad y activista de la comunidad LGBTIQ+, exigió que las cuotas arcoíris sean una realidad y no una simulación como lo han hecho diferentes partidos políticos. Pidió castigar este tipo de prácticas. “Jugar con las cuotas arcoíris es indigno y peligroso”, porque históricamente esta población ha sido humillada, discriminada y vulnerada en sus derechos políticos. 

Solicitó que las y los legisladores tomen en cuenta la iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución, a fin de considerar con seriedad los derechos de las personas LGBTIQ+. Exigió que se les otorguen sus derechos políticos como la representación legítima en los congresos. Somos más de 5 millones que conforman esta comunidad. 

Reforma da oportunidad de ampliar el sentido de democracia 

Orlando Aragón Andrade, profesor investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelia, indicó que la reforma permite una oportunidad que se ha dejado de lado, al ampliar el sentido de la democracia y entender que, si vivimos en un país plural y diverso, las formas de democracia también deben ser así y las leyes deben dar cuenta de esa forma. 

Pidió recuperar dentro de la reforma las experiencias y avances que se han logrado conquistar en los espacios subnacionales y entidades federativas, y agregó que es fundamental establecer la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el conocimiento de todo lo relativo a derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno de los pueblos y las comunidades indígenas. 

Candidaturas independientes deben cuidar tema de financiamiento 

Igor Vivero Ávila, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, pidió cuidar temas de financiamiento respecto a las candidaturas independientes, pues existe la tentación de que haya ingresos más allá de lo que establece la ley, pero tampoco malbaratando estas candidaturas, además de que existe el riesgo de prácticas clientelares. 

Cuestionó que dentro del paquete de propuestas de la iniciativa presidencial, al momento de que se le da a la lista de candidaturas independientes el tratamiento como partidos, cómo se organizaría la lista de los candidatos independientes por las diferentes entidades.

Atender y reflexionar sobre la ética política​

Jaime Cicourel Solano, candidato a doctor en derecho por la Universidad de Alicante, España, refirió problemas en el diseño normativo y de aplicación frente a la reforma electoral que tiene muchos ángulos, como las candidaturas independientes vinculadas al derecho a las minorías y a la crisis de representación, así como al ejercicio de derechos constitucionales y democráticos. 

“Una solución de la crisis de representatividad no sólo de candidatos independientes, partidos políticos y minorías, es atender y reflexionar sobre la ética pública, ética política y el ejercicio de los representantes para atender los intereses de la ciudadanía que los votó”, consideró. 

Inclusión de las minorías, gran reto para las autoridades electorales 

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, consejera presidenta del Instituto Electoral de Campeche, dijo que las minorías en el país son el sector que más se ha invisibilizado y las reformas legales no se han traducido en el reconocimiento pleno de sus derechos. Hay avances en medidas afirmativas; sin embargo, hacen falta grandes avances y la dualidad en el discurso político hace parecer lejano el escuchar las voces representativas de estas poblaciones. 

“La inclusión de las minorías es un gran reto para las autoridades electorales, ya que se está en búsqueda de criterios orientadores para lograr la representación de todas las personas sin perder el equilibrio en la paridad entre mujeres y hombres”, afirmó. 

Reforma no debe estar hecha a modo 

Leticia Calderón Chelius, especialista en procesos migratorios, consideró que la reforma no debe estar hecha a modo, sino que supone pensarle a futuro y debe plantear avances, con cambios significativos, incluyendo compromisos pendientes como el derecho de migrantes a votar, tema en el que México está desfasado en comparación con otros países. “Estamos en un déficit democrático presente”. 

“En el 2018 nuestro país firmó el Pacto Mundial de Migraciones, el cual contiene la obligación de los Estados adherentes de permitir y, sobre todo, dar derechos políticos. Debemos avanzar en el tema de los ciudadanos que radican en el extranjero, pero incluir esto en la reforma”. 

Se debe garantizar la representación de grupos vulnerables 

Jesús Arturo Baltazar Trujano, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, planteó en materia de comunidades y pueblos originarios ampliar el debate legislativo sobre garantizar la representación en el sistema de partidos a través de mecanismos culturalmente adecuados, lograr la posibilidad de migrar del sistema de partidos a sistemas normativos indígenas, incorporar más y mejores figuras de asociación y representación indígena. 

En materia de personas de la diversidad sexual, se debe transitar a una autoadscripción calificada con datos públicos y exigir que una asociación la acredite, presentar una agenda de trabajo en favor de este grupo, pues hay mucha simulación para ser beneficiarios de medidas afirmativas. “Se requiere una representación específica para cada grupo que ha sido vulnerado”. 

Preguntas de diputadas y diputados 

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (MORENA), a través del chat preguntó ¿cuáles son las objeciones tradicionales al voto de los mexicanos en Estados Unidos y qué tan ciertas son? 

Del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo comentó que las candidaturas independientes han resultado más exitosas para elegir a gobiernos municipales y estatales, que cuando se compite por una diputación o senaduría. ¿Se debe a obstáculos derivados del actual marco jurídico o a que la ciudadanía tiende a votar por la persona, en el primer caso, o por los partidos políticos, en el segundo caso?, planteó. 

El diputado del PT, Pedro Vázquez González, pidió conocer qué otros grupos que han sido históricamente discriminados deberían ser incluidos en las acciones afirmativas propuesta por el INE y avaladas por el Tribunal, ya que la propuesta del PT es que estos lineamientos deberán ser publicados 90 días antes. 

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (MORENA) solicitó saber si dentro de la reforma planteada se consideran aspectos para la participación de personas con discapacidad, tanto para votar como para ser candidatos, y cómo se puede garantizar su representación, además de los blindajes para evitar simulación. 

​Del PRI, la diputada María Elena Serrano Maldonado cuestionó qué debe hacer la sociedad civil para fortalecer a la representación migrante. 

El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que contemplar la creación de una circunscripción nacional especial para los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y la comunidad LGBTIQ+, garantizaría que éstas tengan una representación más adecuada en el Congreso de la Unión. 

La diputada Andrea Chávez Treviño (MORENA) mencionó que uno de los grandes grupos poblacionales minoritarios que no acceden a espacios de representación es la juventud, pues en las listas de representación quienes ocupan los espacios suelen ser parientes de alguien. Pidió saber sobre los derechos de las minorías en los procesos de consultas. 

La diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) consideró que se debe cambiar la educación de forma urgente previo a una reforma político-electoral y concentrarse para que los cambios puedan darse sin ninguna mella. “Quisiera saber si la reforma incorpora candados para que se respeten los derechos de las acciones afirmativas”, dijo. 

De MORENA, el diputado Mario Alberto Torres Escudero habló sobre la desconfianza en el voto electrónico, debido a que el INE tiene la llave y acceso para manipular la información, haciendo vulnerable el sistema. Cuestionó si ¿hay manera de asegurar el blindaje y no suceda un hackeo? ¿Qué pasa con la participación de los hijos de los migrantes nacidos en el extranjero? ¿Cómo afectaría en la representación o que tendría que hacer el Congreso ante la propuesta de eliminar a los plurinominales? 

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (MORENA), comentó que en las comunidades autóctonas se reconoce el autogobierno y autodeterminación, pero hasta ahora “no hemos podido encontrar la manera de legislar para que tengan participación política”, por lo que pidió conocer las opiniones de los panelistas. 

Al dar respuesta, Mújica Murias explicó que se busca que migrantes sigan participando y haya una representación porque no han dejado de ser mexicanos, sus familias están en territorio nacional, las remesas siguen contando, aunque existe la falsa idea de que no quieren acudir a votar por miedo a la migra. Aseguró que la migración ha sido fundamentalmente indígena, pudiendo ser hasta el 35 por ciento de los mexicanos en el exterior. 

Por su parte, Calderón Chelius indicó que no se debe comparar los derechos políticos con las remesas, pues el equiparamiento resta fuerza. Aseguró que el voto electrónico que se ha avanzado en la comunidad en el extranjero podría beneficiar enormemente a personas con discapacidad.

​Aragón Andrade explicó que se debe garantizar el derecho a la autonomía y el autogobierno, independientemente de que el INE ya ha impulsado una agenda para las comunidades indígenas y mayor apertura en la representación dentro de los municipios, pero lo que se necesita es que la reforma tome en serio los desafíos que aún se encuentran pendientes como lo es la participación mediante sus formas de organización interna.

​Baltazar Trujano aclaró que entre los grupos vulnerables que deben incluirse en la reforma están las personas afromexicanas, así como los adultos mayores, mientras que en cuanto a los pueblos originarios lo que buscan principalmente es que se respete sus usos y costumbres. Mencionó que las simulaciones se presentan más a nivel local y municipios.

Jaime Cicourel Solano consideró que el diseño normativo entre los diferentes cargos y el acceso, a través de candidaturas no partidistas, presentan muchos dilemas porque hay distinciones bastante claras, lo cual se corrige mediante reformas legales. También influye el de votar por la persona o un programa. La gran diferencia entre la candidatura independiente y el sistema de partidos es la influencia de la ideología de éstos. 

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, afirmó que se requiere educación para fortalecer la representación migrante; hay un gran interés por credencializar, pero hasta ahí se llega, existen 4.1 millones solicitadas en Estados Unidos; en el momento de votar se desploma la participación y ese ha sido un gran pretexto de los partidos políticos para no incluir a la comunidad en el exterior.   

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, experta en administración y relaciones públicas y especialista en cultura regional, docente y diplomática, consideró que crear circunscripciones especiales en los casos de comunidades indígenas sí es una medida que puede generar la representación, pero es más importante la participación de la sociedad civil en los espacios públicos, apropiándose de las cámaras legislativas, partidos e instituciones electorales para ejercer los derechos político-electorales. 

Orlando Aragón Andrade, profesor e investigados en antropología e historia de la UNAM, aclaró que los pueblos indígenas y afromexicanos no son minorías, sino los fundantes del país. Apuntó que “el desafío del Congreso es si va a transcender a una visión liberal hacia una transversalización de los derechos políticos de los pueblos”. La agenda de dar cuotas a estas poblaciones es importante, es parte de una lucha histórica, pero hay que conocer lo que ellas plantean.

En el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral analizan modificaciones a la estructura orgánica del TEPJF

En el foro 7 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política, se abordó en las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, el tema de las modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

De forma virtual, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) consideró importante tener nuevas reglas democráticas para la designación de magistrados, consejeras y consejeros electorales “para que no sea esto producto de cuotas, sino que se garantice la idoneidad de los perfiles”. Agregó que la intromisión del Tribunal Electoral en los temas de la Cámara de Diputados nos hace pensar que ya llegó la hora de una nueva generación de reformas electorales. 

Vía zoom el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), afirmó que falta definir las facultades del TEPJF y de las autoridades electorales porque “al paso del tiempo, igual que el Poder Judicial, han estado creando principios jurídicos sobre los cuales resuelven, independientemente de lo que digan las leyes”. 

También vía zoom, la diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) preguntó cuáles son las resoluciones que muestran cómo, tanto la autoridad del Instituto Nacional Electoral como los Tribunales Electorales, han tomado decisiones y atribuciones que no tienen conforme a la ley. También cuestionó ¿por qué introducir la suspensión de la resolución de los procesos electorales sujetos a elección popular? 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García Almaguer, solicitó información sobre el procedimiento paralelo por parte de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF de casos que están relacionados, por ejemplo, con la revocación de mandato. La duda es: ¿si cuando la Suprema Corte toma conocimiento de un asunto no debería de prevalecer sobre cualquier otro tribunal, incluyendo la Sala Superior, para evitar la posibilidad de que existan sentencias contradictorias?

El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó vía zoom que la iniciativa de su bancada propone candados sobre la forma de no resolver acciones afirmativas una vez que ha iniciado el proceso electoral, con el fin de que no se repitan casos como “el de experiencias pasadas, que ya prácticamente resueltas la totalidad de las candidaturas por los partidos políticos de última hora se presentaron mediante sentencia acciones afirmativas que tuvimos que remontar tiempos para poder cumplir”.

El diputado del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, señaló que en los hechos los tribunales electorales locales no brindan certidumbre jurídica, ni cumplen a cabalidad con el objetivo para el que fueron creados, siendo en muchos casos una estructura burocrática que duplica las funciones que de todos modos llevan a cabo otros órganos, pues 7 de cada 20 asuntos que resuelve el Tribunal Electoral Federal se refieren a procesos locales, por lo que preguntó ¿qué razón tienen de ser? 

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell indicó que es importante garantizar la capacidad técnica y que en el proceso de selección intervengan uno o más poderes independientes al Poder Judicial o incluso al Tribunal como el órgano autónomo que es. Además, no sería mal, para garantizar la independencia, un proceso de insaculación tras uno donde hayan participado ya los órganos que legitimen. Enfatizó que sí sería imposible que sean elegidos popularmente, pues se perdería la autonomía y la imparcialidad, por lo que estarían vinculados a un partido o estructura.

Para fortalecer al Tribunal Electoral es importante contar con carrera judicial

Angélica Manríquez Pérez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la reforma electoral debe partir de la independencia judicial, pues “necesitamos contar con órganos independientes y autónomos. Si queremos avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones electorales debemos centrarnos en la carrera judicial, en el ingreso y la permanencia y evaluación de los funcionarios”. 

Puntualizó que es tiempo de pensar en una reforma constitucional que plantee la posibilidad de la suspensión en materia electoral, sobre todo porque “ahora vemos procedimientos donde ya las personas físicas y morales pueden ser sujetas de procedimientos sancionadores. Es importante pensar en la irreparabilidad de los actos en materia electoral”.

Las autoridades electorales no deben hacer interpretaciones directas de la Constitución 

Vía plataforma digital, Eduardo Andrade Sánchez, abogado por la UNAM, puntualizó que hay un exceso de atribuciones del Tribunal Electoral cuando pretende intervenir en la integración de un órgano del Congreso como es la Comisión Permanente. “El método que han seguido las autoridades electorales, en lo que se está convirtiendo en una invasión al Poder Legislativo, se basa en el artículo 1º constitucional”. 

Consideró que es importante que se delimiten con toda precisión las posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las autoridades electorales. “Creo que hay que establecer una limitación muy especial porque la independencia judicial no puede ir al extremo de pasar por encima de las facultades del Poder Legislativo”.

No hacer constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos

Jorge David Aljovín Navarro, analista político y observador electoral, afirmó que se tiene que buscar desincorporar, como se hizo en la reforma de 2014, a lo que se denominó el procedimiento especial sancionador para determinar una autoridad que instruya y una que resuelva y esto es lo mismo que debe ocurrir con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

“Respetemos los momentos constitucionales y no hagamos constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos; demos el espacio para discutir una justicia dialógica y abierta. Controles y declaraciones patrimoniales para todos los funcionarios judiciales es muy importante para evitar el nepotismo que es una de las grandes raíces de la corrupción”, puntualizó.

Se debe implantar una auténtica carrera judicial

Silvia Gabriela Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a las ponencias de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionó por qué no implantar una auténtica carrera judicial al interior del Tribunal Electoral pero que cubra hasta magistrados de sala regional; “se garantizaría que dichos magistrados tengan el perfil idóneo, así como ventajas, donde la meritocracia y el profesionalismo sea el que permita arribar a los cargos, además de que les dará estabilidad y permanencia”.

Aseguró que las salas regionales son una oportunidad muy grande para fortalecer la independencia mediante la carrera judicial. “Es una propuesta que dejo en la mesa y sería una vía para fortalecer la independencia, imparcialidad y objetividad de los magistrados”.

Legitimar la elección de una autoridad electoral 

Carlos Daniel Luna, asesor externo de MORENA en la representación ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral, dijo que se debe plantear la pregunta de cómo legitimar la elección de una autoridad electoral, ya que están encargadas del sistema democrático, pero son personas que no son elegidas mediante un mecanismo democrático.

 Subrayó la necesidad de poner un alto al Tribunal Electoral en cuanto a la invasión de otras esferas competenciales de autoridades. “Se debe fortalecer sin dejar de lado a otros poderes que tienen que ser respetados” 

Designación de magistrados debe ser un acto democrático 

Flavio Galván Rivera, coautor de diversas publicaciones en materia de Derecho, aseguró que la designación de magistrados debe ser un acto democrático, pero no por voto, sino mediante una convocatoria abierta para todos aquellos que reúnan formalmente todos los requisitos exigidos en la Constitución y en la ley, así como una Comisión de la Cámara de Senadores que cumpla la satisfacción de los requisitos y quienes lo cumplan, sean sometidos a examen de conocimientos de experiencia que realizará un comité académico y jurisdiccional.

“Una vez que se tenga a todo el cuerpo de personas con la capacidad profesional de ocupar la magistratura, lo designen de la forma que crean mejor, incluso mediante tómbola, ya que todos son capaces y aptos para ocupar el cargo”.

Respuestas de ponentes

Al responder a cuestionamientos de las y los diputados, Eduardo Andrade Sánchez afirmó que el mayor peligro está en las propias disputas internas entre legisladores o miembros de un partido, “Creo que la clase política debe entender que los conflictos políticos se resuelven por medios políticos. En la medida que los miembros de partidos o legisladores quieren introducir la jurisdicción a sus territorios para defender posiciones políticas, ponen en riesgo la política y la justicia”.   

En su oportunidad, Jorge David Aljovin Navarro afirmó que se tiene que evitar la supremacía judicial y apostar a la supremacía constitucional, porque se debe evitar el protagonismo de los jueces que se inmiscuyan en zonas donde no les corresponde y uno de estos casos sería el ámbito legislativo. 

Angélica Manríquez Pérez aclaró que su propuesta sobre la suspensión en materia electoral no se refiere a la suspensión del proceso electoral; de hecho, es una de las razones por las cuales no se incorporó la figura de la suspensión en un inicio en la Constitución. “Me refiero al artículo 41, fracción sexta, que señala que la interposición de los medios de impugnación en materia electoral no generará efectos suspensivos. Mi propuesta va en el sentido de que repensemos esta figura cuando se interpongan los medios de impugnación en materia electoral”.

A su vez, Flavio Galván Rivera señaló que “la Constitución establece el orden y función de los Poderes y se debe respetar si queremos un verdadero Estado de derecho”. 

Silvia Gabriela Ortiz contestó que un juzgador no se improvisa ni tampoco su conocimiento para resolver los conflictos electorales, por lo que no se debe confundir la legitimidad de los juzgadores, pues es mediate sus resoluciones como se logra y no debe ser mediante elección popular. Apuntó que los tribunales locales tienen relevancia pues son estados libres y soberanos como lo marca la Constitución.  

Por su parte, Carlos Daniel Luna cuestionó si realmente la legitimidad está en las sentencias de las autoridades, ya que hay sentencias irrisorias donde se imputa responsabilidad a altos funcionarios públicos, como ha sido el caso del presidente de la República. “Debemos ponderar la participación de poderes públicos y de la propia ciudadanía. La iniciativa presidencial da una solución”, expresó.