Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, tema del Foro 17 del Parlamento Abierto

• Participan el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, consejeros locales, ex consejeros y especialistas.
• Diputadas y diputados externan sus inquietudes sobre el tema.

Con motivo del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se realizó el Foro 17: Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con la participación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, consejeros locales, ex consejeros y especialistas.  

Diputadas y diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), afirmó que la Cámara de Diputados es el recinto de las y los mexicanos y sirve para la discusión de los temas de importancia para la nación, “y que más importante que un tema de carácter electoral, pues en las elecciones se basa la legitimidad o no de quienes son electos”. 

Sostuvo que “el Instituto Nacional Electoral guarda un lugar especial en la legitimidad que todos tenemos para estar acá, la cuenta de los votos, la salud de las elecciones y en los resultados oportunos”.

Enfatizó que estos foros están organizados por la JUCOPO por un acuerdo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Comentó que hay 42 iniciativas de reforma en el tema, incluida la del titular del Ejecutivo Federal. Precisó que “se está discutiendo el tema electoral, no solamente una iniciativa”, lo que ha llegado a esta Cámara más aquellas ideas que se han planteado y lo que pueda surgir en los siguientes días. 

Externó su preocupación por cómo interfiere el narcotráfico en los procesos electorales, “asesinando candidatos; es evidente que impide a las mujeres ser candidatas en algunas regiones”.

Resaltó que “hoy la máxima amenaza que tiene la democracia es el narcotráfico, porque contra él es muy difícil luchar porque él no pone reglas, no lo conocemos, no sabemos dónde está, nada más pone la fuerza y la fuerza que elimina, aniquila,y mata; ojalá que podamos encontrar en la legislación algo que podamos construir”.

El coordinador del grupo parlamentario de MORENA, diputado Ignacio Mier Velazco, recordó que en el Foro se analizan 42 iniciativas de reforma electoral propuestas por los distintos partidos y que nadie está en contra de la autonomía del INE, sino que el Partido Regeneración Nacional está a favor de empoderar a los ciudadanos y que la elección de consejeros electorales no obedezcan a intereses partidistas. 

El legislador Hamlet García Almaguer (MORENA) cuestionó la falta de credibilidad y legitimidad del INE por su despilfarro económico con los altísimos salarios que vulneran la Constitución mexicana, generan incertidumbre y que los tribunales deben garantizar seguridad jurídica para los miles de ciudadanos que desconfían de la institución.

Por su parte, el diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA) dijo que es necesaria una reforma electoral ya que todos los partidos tienen su propuesta de fondo: el PAN le apuesta a una segunda vuelta, el PRI para que haya una vicepresidencia y MORENA por la integración de un modelo político de los órganos legislativos, del Congreso de la Unión, de los estados y cabildos municipales, que le dé más poder al pueblo. “El ciudadano es el verdadero hacedor de la democracia, no el INE”, subrayó.

También de MORENA, la diputada Esther Berenice Martínez Díaz afirmó que es posible la democracia más cuando el ciudadano, el pueblo, es quien pueda elegir a sus consejeros y no los partidos políticos. Quiso saber si la conducta del presidente del INE pone en riesgo a la institución democrática. Cómo sería un nuevo diseño que perfeccione la certidumbre institucional, limite conductas de incumplimiento a las autoridades del INE y sea menos oneroso.   

El diputado Alfredo Porras Domínguez (MORENA) consideró que no hay mejor proceso electoral que aquél que no concluya en un conflicto postelectoral y en donde el poder ciudadano legitima las elecciones. Recordó que solo el 5 por ciento de las elecciones han ido tribunales en los últimos años. 

Del PAN, el diputado Jorge Triana Tena consideró que lo que hay que responder es ¿si es necesaria esta reforma en este momento y en estas condiciones que estamos viendo? Cuestionó qué precedentes hay de una reforma electoral emanada desde el Ejecutivo Federal y a escaso año y medio, dos años de la siguiente contienda electoral para elegir presidente de la República. Además, sobre los principios que deberían regular las elecciones y si representa un retroceso la reforma para la autonomía del INE. 

De la misma bancada, el diputado Santiago Torreblanca Engell pidió saber qué funciones se consideran que serían adecuadas regresar a los OPLEs, con la posibilidad de que el INE los atrajera si fuera necesario. Asimismo, si consideran que la sala regional especializada debería tener facultades para sancionar a funcionarios por la promoción personalizada y el uso de recursos públicos. 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) mencionó que, si bien es cierto, inicialmente el propósito era reducir los costos de las elecciones, como si realmente el tema del costo fuera lo que más nos interesaría y no la democracia en sí. ¿No sería conveniente quizá replantear el modelo que sí permitiera hacer concurrentes algunas de las elecciones? Pero no necesariamente como hoy el modelo actualmente lo plantea. También externó su inquietud sobre el tema de la representación pura. 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) preguntó cómo hacer más baratas y confiables las elecciones y si con el cambio de nombre del INE al INEC se mejorará el desempeño del organismo electoral. Opinó que no debe haber miedo al cambio ya que la ruptura del viejo régimen hacia una ruta de la Cuarta Transformación implica llevar a cabo reformas.

Participación de ponentes

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el sistema funciona “y funciona bien; sin duda, es mejorable”. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o, peor aún, desaparecerse.

Reconoció que tanto el INE como el sistema electoral, en su conjunto, pueden mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital y su papel de custodia y administración del Padrón Electoral. 

Indicó que, si se atiende a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos ocho años, “una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente”. Es decir, “si no se logran los consensos para una reforma en esta Legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia, nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir, sin duda, a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos que nos generan resultados legales y legítimos igual que en el pasado reciente”.    

Resaltó que siempre va a ser pertinente una reforma electoral, “siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas”: maximizar el consenso, que se haga a partir de la línea progresiva, gradual y evolutiva de las reformas previas en la lógica de mejorar lo que se tiene, y que parta de un diagnóstico claro, cierto, objetivo, sobre el funcionamiento del sistema electoral.    

En cuanto a si hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, indicó que “lamentablemente como Estado hemos fallado porque no hemos logrado construir un diagnóstico” y “el INE no es un órgano de seguridad y no hace mapas de riesgo”. Se busca a la gente para instalar casillas y necesitamos, por supuesto, para que existan las condiciones de paz pública de la colaboración de todos los órganos del Estado mexicano. 

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaló que se dice que una reforma de esta naturaleza, al desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), se ahorrarían 13 mil millones de pesos y afirmó que no hay datos o evidencias que acrediten que se generaría ahorro con la creación de un organismo nacional y la desaparición de los OPLEs. 

Subrayó que si se crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) se tendría que recuperar y mantener buena parte de esta estructura y gasto corriente; “definitivamente no habría ahorro con esta reforma” y puede abaratar el modelo y el sistema electoral mexicano sí, por lo que estimó que se tendrían que explorar otras vías.    

Respecto a la amenaza de la delincuencia organizada al interior de las elecciones, dijo que se debe entender que es una situación que impacta a la responsabilidad del Estado mexicano, no es un tema particular de las instituciones electorales.   

Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero electoral y doctor en Derecho por la UNAM, reconoció que hace falta una reforma electoral orientada a perfeccionar la logística electoral, la adecuación de los calendarios electorales para evitar traslapes ya que complica la capacitación de funcionarios, la fiscalización del proceso y la difusión en tiempos de radio y televisión.  

Se pronunció por precisar las restricciones acerca de lo que pueden y no pueden hacer los servidores públicos durante un proceso electoral con base en los mandatos de los artículos 41 y 134 constitucionales. Además, enfatizó que no está de acuerdo en que el INE se transforme en el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta ya que no se abaratan los costos administrativos, tendría que crecer un 50 por ciento su gasto en estructura y debido a que atenta contra el auténtico federalismo ya que una sola institución concentraría el sistema electoral mexicano.

Aseguró que el INE ha acuñado un prestigio electoral dentro el ámbito internacional, que necesita más recursos que mejoren su desempeño como sistema hacia una ruta menos accidentada, evitando la línea de confrontación entre el gobierno o los diputados de Morena tal como ocurrió con la Reforma Eléctrica. Expuso que la relación entre el INE y los OPLEs debe estar regida por un reglamento. Además, propuso que el INE tenga partidas presupuestales adicionales, asignadas por Hacienda Federal, para procesos de democracia participativa como consultas ciudadanas o revocación de mandato. 

Armando Maitret Hernández, integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que las premisas en las que se sustenta la propuesta de reforma es un mal desempeño de la autoridad electoral y que es muy costoso nuestro sistema electoral, por lo que consideró que se deben reflexionar con mucha objetividad. 

Reconoció que el presupuesto del INE tuvo un incremento de 409 por ciento entre 1999 y 2018, pero en 1999 el INE organizaba elecciones y fiscalizaba recursos y para 2018 tiene muchas más tareas. Estimó que se debe hacer una labor de autocrítica. ¿De verdad esta reforma va a solventar nuestros problemas de la democracia? “Yo honestamente creo que no”. 

Sostuvo que “no es oportuna la propuesta, aun cuando sea necesaria y pertinente, pensemos en que hay mejores momentos para implementar estos modelos de reforma”. 

Eduardo Huchim May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy IECM), señaló que en la reforma hay puntos polémicos y negativos, “pero todo esto puede en un ambiente de debate mejorarse y corregirse adecuadamente”. Resaltó que el INE debe ser preservado, sobre todo en su autonomía, pero debe ser revisado su presupuesto, sus funciones y su plantilla laboral. 

Aseguró que el INE “no es el autor ni el propietario de la democracia. Aunque la organización de las elecciones y la expedición de la credencial de elector le traen gran visibilidad, el INE tampoco es el principal protagonista del avance democrático”. Aclaró que no se pretende demeritar el trabajo del INE en la tarea organizativa, pero sostuvo que “la democracia es posible sin el INE, pero no es posible sin el ciudadano”. 

Resaltó que el verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano que ha luchado y ha pagado los avances democráticos, incluso con sangre. Destacó la importancia de que, si hay reforma, ésta sea consensada y aprobada por todos los grupos parlamentarios. 

Por su parte, Arturo Martínez Nateras, escritor izquierdista, ex preso político y fundador del Partido Comunista Mexicano, opinó que crear un sistema electoral único acaba con el federalismo. Además, se pronunció contra la integración de un solo regidor en comunas municipales, en localidades con menos de 60 mil habitantes, ya que no hay representatividad proporcional.

Se pronunció para que los 11 millones de migrantes mexicanos ejerzan su derecho a votar mediante un acuerdo consular con el INE, y expresó su rechazo a la militarización del país, ya que se considera una víctima histórica del Ejército.  

La investigadora Stefanie A. Lindquist, de la Fundación Internacional Professor of Law and Political Science, mencionó que México califica con un sistema democrático híbrido, por lo que es incorrecto reducir las autonomías de los órganos electorales ya que generaría mayores niveles de violencia.

Enfatizó que la reforma electoral se enfoque en la competencia, experiencia y claridad de la ley y que brinde una mayor autonomía institucional al INE y al Tribunal Federal ya que se generan más niveles de confianza entre la población, por lo que la elección de los jueces debe ser independiente por parte de la autoridad electoral.

Dijo que hay que impulsar la democratización de México mediante la independencia de los órganos electorales y del Poder Judicial; en su caso hay que legislar para que el Tribunal Electoral tenga menos expedientes, y atienda con prioridad y claridad asuntos que tengan que ver con la legitimidad constitucional tal como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Don Nguyen Huu, doctor en Economía por la Ecole des Hautes en Sciences Sociales, consideró que el sistema electoral debe estar basado en la selección de los mejores candidatos para gobernar el país y, segundo, con la legitimización al organizar elecciones que rompan con la transmisión del poder de padre a hijos que era la tradición antigua. 

Es importante trabajar en la legitimización de las elecciones mediante la profesionalización de sus funcionarios, mencionó. “El INE es más que un árbitro electoral; es un constructor del interés nacional de la confiabilidad, de la credibilidad, porque a partir del INE se brinda confianza de que cada voto cuenta”, puntualizó.

Diputadas, diputados y ponentes dialogan sobre el Sistema de Fiscalización de las Campañas Electorales

• Fue en el foro 19 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la JUCOPO.

En el marco del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se realizó el foro 19: Sistema de Fiscalización de las Campañas Electorales en un Sistema de Elección Basado en Listas, en el que participaron diputadas, diputados y especialistas. 

Diputadas y diputados

Por MORENA, el diputado Hamlet García Almaguer dijo que se viene de un sistema donde el dinero compraba las elecciones, por lo que es necesario diseñar un mecanismo para eliminar la discrecionalidad en las determinaciones del Instituto Nacional Electoral.

Rosangela Amairany Peña Escalante, diputada de MORENA, comentó que el tema de la fiscalización de las campañas electorales es de suma relevancia, por ello, dijo, es fundamental establecer reglas más claras para que las conductas sean observadas sin favoritismo. “No se puede seguir aplicando un criterio diferente para cada persona, los consejeros electorales no deben resolver con el estómago”.

Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz resaltó que uno de los mayores retos de este análisis es ser objetivos, respetuosos del derecho y de la legalidad, pues ello permitirá fortalecer la democracia y fomentar la representatividad. 

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó su inquietud por conocer cómo se puede lograr que la toma de decisiones en materia de fiscalización por parte de la autoridad electoral se ajuste a los criterios del debido proceso y cómo acotar la amplia discrecionalidad que hoy caracteriza las resoluciones de las autoridades judiciales en esta misma materia.  

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya externó su interés sobre si lo prudente es proponer que candidatas y candidatos integrados en la lista correspondiente no manejen ningún tipo de recursos económicos. Al deducir que, si bien es potestad de los partidos presentar la lista de candidaturas, preguntó si ¿es viable que éste mismo partido político administre, utilice y compruebe el universo de la bolsa de financiamiento? 

El Parlamento, oportunidad para modificar el sistema electoral

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Gilberto de Hoyos Koloffon, señaló que con el parlamento abierto se está ante una gran oportunidad histórica para revisar, acoplar, corregir, complementar y modificar las áreas de oportunidad que tiene el sistema electoral. Resaltó que no deben quedar fuera los delitos electorales; “no puede haber una reforma electoral integral que beneficie al país si los delitos electorales no son considerados en este ejercicio”. 

Precisó que para que exista un sistema democrático, participativo, equitativo y dentro del Estado de derecho, debe considerarse en conjunto lo administrativo-electoral, lo jurisdiccional -electoral y lo penal-electoral; por ello, dijo, en las adecuaciones a la normatividad se deben determinar las actividades vulnerables en las campañas electorales, similar a lo que establece la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. 

Asimismo, reportar la creación de empresas durante el proceso electoral que podrían prestarse para permitir el ingreso de dinero ilícito en las campañas e incluir la calidad de organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político dentro de las figuras que se pueden relacionar con la probable comisión de un delito en la materia. 

Establecer andamiaje jurídico para fiscalizar redes sociales

El fiscal especialista en Delitos Electorales de Tabasco, Jorge Montaño Ventura, destacó que para promover la fiscalización en las redes sociales se debe establecer un andamiaje jurídico que las norme y se evite el abuso de su anonimato para denostar la imagen de las y los candidatos y, en caso de que se acrediten estos hechos, se imponga una pena y una multa.

Enfatizó que el tema de fiscalización no sólo es del dinero, por lo que pidió analizar las aportaciones en especie y destacó la importancia de las fiscalías electorales, toda vez que van de la mano con los órganos administrativos y jurisdiccionales.

Apuntó que se debe poner énfasis en el artículo 11, fracción VI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, donde hay un castigo pecuniario y punitivo, es decir se amplía el tema de las sanciones a quienes incumplen con el imperativo de informar sobre el destino y origen de los recursos que les son otorgados para sus actividades electorales. Además, establece que si el origen de los recursos es de dudosa procedencia se contempla hasta 15 años de prisión.  

Topes de gasto de campaña

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, señaló que las y los candidatos de representación proporcional pueden decidir hacer o no campaña y derivado de ello es que rinden o no cuentas. Y en caso de realizar campañas deben ajustarse a los límites establecidos para los topes de gasto de los candidatos de mayoría relativa. “Los topes de gastos de campañas en muchas ocasiones son demasiado bajos” y no es la misma realidad de cada distrito.

Enfatizó que, “a partir de la seguridad jurídica, de las reglas claras, es que todos sabemos qué podemos hacer, que no podemos hacer y si lo hacemos qué nos va a pasar”. Consideró que los partidos políticos también deben ser libres de crear y ver en qué van a gastar y cómo lo van a hacer. Y no se tendría por qué estarse metiendo ni las autoridades ni las instituciones de manera tan constante”. 

Señaló que si existiera un rebase de tope de gastos de campaña por parte de un candidato de representación proporcional habría que pensar si sería idóneo para ocupar el cargo; “no creo que deba afectar toda la lista, porque no podemos anular la elección”. Recalcó que el castigo debería ser directamente para el candidato que realizó ese rebase de gastos. 

El problema de la fiscalización es el alto grado de discrecionalidad

Marco Antonio Gómez Alcantar, consejero electoral en el periodo 2003-2010, indicó que el problema de la fiscalización es el alto grado de discrecionalidad de autoridades electorales, por lo que es necesario garantizar la equidad en la contienda, el uso de recursos públicos, la fiscalización de terceros y los fantasmas en la publicidad. 

Añadió que es importante definir el objeto partidista y darle facultad a los partidos para que hagan sus ejercicios como les plazca para acercarse a la ciudadanía, siempre y cuando se garantice y acredite cómo se gastan los recursos. 

Puntualizó que una solución al alto grado de discrecionalidad que tiene el INE y los tribunales es limitar el garantismo y sentar las bases para hacer un sistema de aplicación estricta, ya que ello contribuirá a disminuir el nivel de judicialización y el costo de la democracia porque se pierde el incentivo de impugnar por impugnar.

Abordan asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral, en Parlamento para la Reforma Electoral

En la Cámara de Diputados se llevó a cabo de manera semipresencial el foro 16 “Asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral y etapas”, del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política, en donde expertos, funcionarios y legisladores expusieron sus puntos de vista.

Reflexionar sobre el modelo de comunicación política vigente 

Félix Vidal Mena Tamayo, director legal regulatorio, pidió a las y los diputados reflexionar sobre el modelo de comunicación política vigente desde 2007, que fue rebasado y se permita al sector de radio y televisión estar en condiciones similares a otros medios: un piso parejo. Destacó que los anuncios (spots) muchas veces son repetitivos y excesivos, sin importar la calidad sino la cantidad y la gente no pone atención al considerarlos molestos, lo cual no abona a un esquema eficiente.

Refirió que los medios extranjeros no tienen regulación ni limitación a la libertad de expresión respecto a la prohibición de propaganda electoral o gubernamental, que muchas veces “se nos involucra en procedimientos de sanción que son innecesarios y que son iniciados por los partidos políticos, porque algo quieren obtener”.

La propuesta de reforma, un nuevo regalo a las televisoras

Vía electrónica, Mariana de Lachica Huerta, titular del Órgano Interno de Control del municipio de Chihuahua, señaló que la iniciativa presidencial se avoca a modificar lo que por años ha mostrado su eficacia en términos generales. La propuesta, inexplicablemente en sus motivos, modifica la distribución de los tiempos en los medios entre los partidos y las autoridades electorales en las distintas etapas del proceso y “de manera evidente y oprobiosa les hace un nuevo regalo a las televisoras”. 

“Es una nueva ofrenda a los grandes empresarios de la radiodifusión mexicana”. Propone reducir de 48 minutos a 30 minutos diarios el tiempo del Estado que va del inicio de las precampañas hasta la jornada electoral. “Sin justificación o motivación alguna le devuelve a la industria de radiodifusión en detrimento de los derechos de los partidos políticos, candidaturas independientes y de la ciudadanía”.

Modelo de comunicación política es perfectible 

Sandra Edith Alcántara Mejía, asesora en la representación de MORENA ante el Consejo General del INE, dijo que el modelo de comunicación política que actualmente nos rige es bueno, pero es perfectible, por lo que esta reforma contribuirá a la democracia. “Estos diálogos dejarán puntos importantes en los que debemos seguir trabajando”. 

Consideró que reducir los spots de partidos políticos en tiempo ordinario ayudará a la difusión de contenido de entretenimiento, ya que al término de un proceso electoral la gente está cansada de los contenidos políticos derivados de la spotización, por lo que de aplicarse la propuesta de reforma no afecta los tiempos de partidos, autoridades electorales, y se garantiza la libertad de expresión. Destacó la comunicación digital como las redes sociales, ya que facilita la difusión del contenido y propuestas de candidatos.

Spots deben ser mayores a un minuto 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, exlegislador federal e investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció por que los spots sean mayores a un minuto de duración. Además, dijo que mediante una reforma secundaria se combatirá la spotización y se transmitirán programas de los partidos políticos con mayor tiempo en donde difundan sus plataformas electorales y se organicen debates que puedan ser obligatorios.

Consideró importante tomar en cuenta dentro de dicha reforma secundaria a los medios digitales, teniendo en mente salvaguardar la equidad de la contienda, la garantía del sufragio y el voto informado, principios básicos del artículo 41 de la Constitución. “Manifiesto mi desacuerdo con la propuesta de disminución de los tiempos de 48 a 30 minutos durante el proceso electoral”.

Consideraciones de los grupos parlamentarios

​A nombre del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya, a través de plataforma digital, cuestionó: ¿Es más prudente e igualitaria la forma en que la iniciativa del presidente busca distribuir los llamados tiempos oficiales? ¿Será necesario que en la Ley General Electoral se castigue o al menos se prevea un catálogo sancionador que desincentive prácticas desiguales y ventajosas? ¿Debemos endurecer el artículo134 constitucional?

​El coordinador parlamentario del PVEM, diputado Carlos Alberto Puente Salas, preguntó: ¿Cuál sería un modelo de comunicación política al que aspiráramos, que realmente le sirva a los mexicanos a conocer lo que ofertan los distintos partidos políticos?, quitándonos el chaleco de fuerza de estar a favor o en contra de la propuesta presidencial, porque lo más triste es que el día de la elección pocos electores recuerdan o no reconocen una propuesta.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) aseguró que entre menor sea el tiempo oficial, mayor será el mercado negro, por lo que cuestionó qué mecanismos se pueden utilizar, no necesariamente constitucionales, para evitar dichas prácticas y castigarlas. Se dijo convencido de que no puede violarse la equidad de la contienda, pero que en el momento en que se faculta a un funcionario público en materias ajenas o que no sean de su atribución y contratadas con recursos públicos, se puede incentivar la simulación. 

Por MORENA, el diputado Hamlet García Almaguer preguntó si tendría que regularse la sesión de tiempos para partidos políticos y autoridades electorales en las plataformas digitales, ya que en el caso de Youtube incluso hay cortinillas de 5, 10 o hasta 15 segundos.

El diputado del PVEM, Fausto Gallardo García, cuestionó ¿cuál es la justificación para que exista una distribución distinta de tiempos oficiales en los medios de comunicación para partidos políticos, de acuerdo a los resultados de las elecciones anteriores, si el objetivo es tener una competencia justa y equitativa donde se escuchen todas las propuestas en igualdad de condiciones?

De MORENA, el diputado Leonel Godoy Rangel planteó: ¿Qué piensan en el tema de los spots, deben desaparecer o continuar con nuevas reglas ante el hartazgo ciudadano por los millones de anuncios que vemos en tiempos electorales? Señaló que la distribución de los tiempos oficiales demuestra plenamente que sí debe haber una reforma electoral. Es un reclamo generalizado de la ciudadanía que termine la spotización, porque no logra el propósito de enviar mensajes de los planteamientos de cada partido político. 

Respuestas de ponentes

Al responder a los cuestionamientos, Mena Tamayo dijo que en la Cámara Nacional de Radio y Televisión estamos convencidos de que sí debe haber un cambio profundo en el modelo de comunicación política, que sea eficiente y más racional, porque son miles de spots que no se escuchan. Es necesario verificar qué es lo que sí funciona y lo que no, que no sean insultos y reclamos por el bien de todos. Debemos hacer un nuevo análisis de los medios de comunicación existentes en el país y el mundo, en particular los digitales que no tienen sus operaciones en México.

“No estamos a favor de una regulación total, no sé si sea conveniente o no obligar a los medios digitales a que tengan tiempo para el Estado, no sé si hay alguna base legal para hacerlo o alguna razón suficiente o necesaria”. Lo mejor sería ampliar las libertades de todos los medios de comunicación para difundir ideas. Opinó que sí deben desaparecer los spots en la cantidad en que se difunden.

Mariana de Lachica Huerta señaló que la distribución de los tiempos en la propuesta no es la más igualitaria, porque mantiene las regla del 70 y 30 por ciento igual que para el financiamiento público; lo único que hace es reducir los tiempos, en lo cual no estoy de acuerdo en la disminución. 

Dijo que la iniciativa presidencial no combate la spotización del modelo de comunicación política; de hecho eleva a rango constitucional el formato del spot. Propuso dividir los tiempos para anuncios y debate.

Por su parte, Alcántara Mejía consideró que la propuesta de que los mensajes no duren menos de un minuto o alcancen hasta 5 para que pasen una vez al día en los horarios de mayor audiencia y los partidos presenten sus propuestas a la gente, es para que en lugar de atacarse unos a los otros busquen una vinculación con la sociedad, ya que “todos conocemos a alguien que está harto de los spots”.

Mencionó que ya hay una regulación de redes sociales, pero se debe regular la fiscalización en éstas para ver cuánto dinero puede un partido o candidato destinarles, así como el tiempo. 

Cárdenas Gracia respondió que el gran problema en materia de financiamiento de prerrogativas es el asunto del dinero en campañas y procesos electorales, contrataciones por debajo de la mesa que existen entre medios, periodistas, candidatos y partidos, por lo que se debe pensar en medidas como bancarizar todos los egresos e ingresos que realizan los partidos políticos durante un proceso electoral, aunque es posible que el sistema bancario no sea apto aún.

Apuntó que debe considerarse en la legislación secundaria la regulación para que se den a conocer los contratos y convenios entre partidos o candidatos con medios y plataformas digitales para hacerlos públicos y esté por enterada la autoridad electoral.

Al dar el cierre del evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), aseguró que existen temas donde puede haber acuerdos y que son buenos para el país y sanos de discutir, pues los medios de comunicación, entendidos como los tradicionales y las redes sociales, es algo que genera inquietud en todos los partidos. 

A juicio de muchos los spots han dejado de tener la utilidad de llamar la atención del ciudadano y provocar un intercambio de ideas. “Espero que lo aquí hemos platicado pueda llegar a un buen fin y que podamos ir analizando el tema”, puntualizó.  

Medios de financiamiento para actividades ordinarias, tema del foro 15 del Parlamento para la Reforma Electoral

• Es un asunto particularmente sensible por su alcance y significado: diputado Robledo Ruiz.

Diputadas y diputados, así como especialistas y académicos expusieron sus puntos de vista en el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, durante el foro 15 denominado Medios de financiamiento para actividades ordinarias, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Este tema es parte neurálgica de la propuesta

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), dijo que el tema del financiamiento es la parte neurálgica de la propuesta de reforma que provocó está sana discusión, la cual tiene alrededor una serie de iniciativas de diputadas y diputados. Es particularmente sensible por su alcance y significado. 

Vamos a comentar y discutir, sin que se deba omitir hablar de alguna de las otras modalidades del financiamiento público, pues van paralelas, así como el uso de prerrogativas de tiempo, que da para muchísima discusión, agregó.

Fórmula para asignación de recursos no es la adecuada

En la modalidad Mesa en Comisiones, Ramón Hernández Reyes, director de Capacitación Interna y Carrera Judicial y profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó que la fórmula para la asignación de recursos financieros a los partidos políticos no es adecuada a la realidad económica, política y social, ya que el Padrón Electoral no corresponde a un nivel de participación ciudadana en las elecciones, además de que contiene un mayor incremento anual que el propio listado nominal.

Además, continuó, la Unidad de Medida y Actualización también mantiene un incremento mensual y anual que actualmente es del orden del 10 por ciento, y la inflación en contraparte es del 8.15 por ciento, señaló.

No se ha desterrado la sospecha de la relación entre dinero y política

Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero electoral, aseguró que a pesar de la evolución normativa no se ha conseguido desterrar la sospecha de que la relación entre el dinero y la política sigue siendo perniciosa, por lo que se necesita una reforma para quitar la percepción de que el dinero influye de forma indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales, pero, aclaró, no es un reto sencillo.

Indicó que reducir los montos de financiamiento puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación; los costos de las campañas no pueden bajarse por decreto. “Nos debemos ocupar en perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es un concepto cambiante, dinámico y que cada tanto hay que actualizar”. 

Aumento de financiamiento no es señal de competencia

Engels Agustín Contreras Piña, consultor en materia político electoral, indicó que no hay señal clara de que la competencia entre partidos políticos sea resultado del aumento de su financiamiento público y mucho menos de que esto se traduzca en mayor participación pública. 

Resaltó que en 2018 aumentó en casi mil millones de pesos el presupuesto a partido políticos, lo que no se tradujo en el incremento de la calidad de la democracia; se logró solo una participación con 63.4 por ciento, mientras que en 2021, solo de gasto ordinario, volvió a aumentar mil millones de pesos y la participación fue del 52.6 por ciento. 

Posibilidad de una vida democrática menos costosa

María Luisa Jiménez Poblano, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización, apuntó que la reforma propuesta privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa, para reorientar el financiamiento público a los partidos políticos a actividades de mayor utilidad y beneficio a la población.

 La entrega de esos recursos ha creado dependencia y separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas; no contar con este financiamiento volverá más dinámica y participativa la relación con su militancia y la sociedad, además de que no han logrado infundir confianza en los electores ni mayor participación, precisó.

El financiamiento público no es un gasto frívolo, es una inversión

Víctor Alarcón Olguín, doctor en estudios sociales, con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa sostuvo que el financiamiento público a los partidos políticos “no es un gasto frívolo, sino una inversión y expresión democrática como se pensó en 1977”. Planteó que se debe inducir adecuadamente a que los partidos aprendan a reorganizar su gasto y definir prioridades que alienten el debate público, para que esas rutas permitan que “no pasen de la noche a la mañana a ser botín del crimen organizado”.

“Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los procesos electorales, es entregarlos literalmente al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones de corromper a la estructura de la clase política, como de por sí, en muchos ámbitos y aspectos, se asume en la noción de desprestigio. El reto: Sí reducir recursos, pero aprender a gastar mejor”, alertó.

Importante conservar el financiamiento público

Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, destacó la importancia de conservar el financiamiento público en actividades ordinarias y no sólo mantenerlo en campañas electorales, para que los partidos tengan la oportunidad de formar a sus cuadros y sigan apoyando a grupos vulnerables en diversas gestiones. “De aprobarse esta reforma se estaría quitando el sistema de partidos y se transitaría a un modelo independiente”, advirtió. 

“Si se quitan estos recursos los partidos ya no tendrían dinero para atender sus obligaciones estatutarias, el sostenimiento de sus órganos directivos y dirección en los distritos, municipios y entidades federativas”; tampoco para sueldos de personal, arrendamiento de inmuebles, propaganda institucional y en general, gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas. 

Participación de las y los legisladoras

Vía electrónica, del PT el diputado Pedro Vázquez González refirió que en la LXIV Legislatura su bancada propuso reducir el factor multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, ya no por un 65 por ciento, sino disminuir a la mitad, calcularlo con 32.5 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero con una distribución igualitaria de la bolsa entre los partidos políticos. 

Con ello, se lograría la participación en forma igualitaria de los actores políticos, ¿Qué opinión les merece este planteamiento de obtención de financiamiento para actividades ordinarias y su posterior distribución?, preguntó.

De forma presencial, el diputado de MORENA, Hamlet García Almaguer refirió que en la distribución de dinero a los partidos políticos existe una partida para una franquicia postal y telegramas, cuando estos mecanismos ya no se usan, así como la contratación de diversos cursos en materia política. ¿Es lógico que se siga teniendo una franquicia postal?, preguntó. Aclaró que no se trata de tener una guerra de privilegios entre partidos y autoridades electorales, sino hacer ajustes en todo el sistema político a nivel nacional.

Del PVEM, el diputado Fausto Gallardo García apuntó que la ciudadanía demanda procesos electorales más austeros, lo que implica hacer campañas más cortas y efectivas con menos recursos, por lo que pidió saber cómo se pueden determinar los límites del financiamiento público para los partidos políticos sin que esto implique establecer un sistema de financiamiento privado por los riesgos que ello tendría.

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA) aseguró que en 2018 se demostró que no es necesaria la excesiva asignación de presupuesto a partidos para la participación del pueblo en la democracia, por lo que preguntó sobre la democracia participativa. 

De la misma bancada, la diputada Graciela Sánchez Ortiz puntualizó que en la propuesta de reforma política-electoral no se solicita que se elimine el recurso público para partidos en tiempos electorales, solo en tiempo ordinario, pero para ello se buscan propuestas para ver de dónde obtendrían el recurso. Preguntó cómo convencer a la ciudadanía de que sus impuestos están en buenas manos y si el dinero es igual a democracia y si se podría esperar mayor sensibilidad de los partidos para gastar de mejor manera sus recursos.

También de MORENA, la diputada Susana Prieto Terrazas dijo que si no se ha planteado una reforma a la Ley de Radio y Televisión por qué el Estado les otorga las concesiones a los medios, y por qué no exigirles que en tiempo triple A den de manera gratuita las intervenciones y haya una mejor proyección hacia la comunidad respecto a la plataforma electoral. ¿Por qué le tiene tanto miedo al financiamiento privado, si hay candados bancarios claros para éste? 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) cuestionó si es coherente o adecuado que los consejeros del INE no cumplan con el artículo 41, Base Quinta, Apartado B de la Constitución. ¿Es correcto que el Consejo General del INE vulnere el artículo 41, Base Segunda de la Carta Magna? ¿Ustedes consideran que sí es necesaria esta reforma respecto a los medios de financiamiento para actividades ordinarias, para que los consejeros del INE cumplan con su encargo?

El diputado Robledo Ruiz consideró que muchas de las participaciones abordaron los recursos de campañas y procedimientos electorales, pero el problema son las millonarias cantidades que no están sobre la mesa, lo cual ninguna de las iniciativas plantea. “Escapa de la escasa vigilancia que tienen las autoridades electorales”.

Respuesta a las y los diputados

Al dar respuesta, Morales Manzanares aclaró que no es que se tenga miedo al financiamiento privado, se puede explorar la opción y puso el ejemplo de Estados Unidos donde están perfectamente etiquetados, por lo cual no necesariamente se vuelve una zona de opacidad. “Es una oportunidad de revisar los cajones y actualizarlos”.

Hernández Reyes comentó que es importante que la legislación se actualice a las necesidades y tiempos de los procesos electorales. Señaló que la impunidad financiera sigue sin consecuencias y que candidatos que tuvieron negado el registro porque no presentaron informe de gastos de campaña, con mano en la cintura se pasan a otra candidatura. “Hubo casos de desproporción en tema de gastos y de inyección de dinero por parte de empresas, principalmente a procesos electorales, sin que haya un registro de las propias empresas”.

Contreras Piña expresó que si los partidos no hacen nada para cumplir con preceptos de la norma constitucional es un despropósito que viendo la realidad económica se les asigne tanto. “En ese tenor apelo a que haya un razonamiento de si es necesaria la desaparición total del financiamiento o reducirlo. Es una falta de respeto al pueblo que se les asigne tanto y no contribuyan a fortalecer en lo democrático”.

A su vez, Arellano Rangel afirmó que es viable la propuesta del grupo parlamentario del PT porque se encamina a un cambio gradual y no la desaparición total del financiamiento público. Además de reforzar la captación de recursos privados, donde el INE ha dicho que es un área de oportunidad, la cuestión es que muchos partidos políticos no registran todo el financiamiento privado que reciben, el cual sí se puede regular. 

“Sí le tengo miedo que no haya financiamiento público porque hay necesidades para dar apoyo cercano a la gente, como a las mujeres, para atender la violencia en sus ayuntamientos”, sostuvo.

Sobre el gasto en la franquicia postal, telegramas y cursos en línea, dijo que hay una gran área de oportunidad legislativa. Explicó que los institutos electorales por ley tienen que presupuestar diversos rubros, aunque no se usen, por eso es una oportunidad para evolucionar y las y los diputados puedan mover esta parte del financiamiento a gasto ordinario, para considerarlo a redes sociales.

Por su parte, Alarcón Olguín consideró que el gran reto es que los partidos políticos no tienen educación financiera, la cual debe partir de anticipar márgenes hacia dónde destinarán sus recursos y actividades. Hay un elemento importante de autoeducación financiera, a fin de ayudar y apoyar en el proceso de construcción eficiente y diálogo con la ciudadanía para diseñar anteproyectos de gastos tan pronto reciban la notificación del INE.

Respecto a los apoyos privados, comentó que los partidos deberán visualizar una mejor programación de cómo conseguirlos y en dónde se priorizarían. Señaló que ha habido mucha dificultad en cómo homologar el recurso que reciben los candidatos independientes a la de un partido político.

Jiménez Poblano afirmó que sí es pertinente la reforma electoral. Sobre la autoridad fiscalizadora, precisó que es un reto muy grande esta nueva reforma. 

Los estatutos de los partidos marcan que pueden obtener financiamiento por otras vías, pero a lo largo de la historia no han sabido aprovechar sus recursos al pagar multas, que no habría necesidad si se comprometieran a cumplir los objetivos de que haya mayor participación ciudadana. “Sí es conveniente esta reforma con diferentes reglas que contribuyan a la democracia del país”, agregó.

Realizan en la Cámara de Diputados el foro 14 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral

• Especialistas abordan elecciones primarias, métodos de selección de candidatos y listas A y B.

En el marco del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se llevó a cabo el foro 14: Elecciones Primarias, métodos de selección de candidatos y listas A y B, con el tema Sistema de Partidos, donde especialistas expresaron sus consideraciones al respecto.

Atender prioridades en el modelo electoral actual

Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, propuso revisar temas prioritarios para transitar hacia una reforma electoral, como la transparencia al interior de los partidos políticos, no sólo el manejo del dinero, sino en cómo eligen a su dirigencia, estructura y candidatos, dar a conocer quiénes aportan financiamiento privado y cómo lo ejercen, así como las cuotas de militantes. 

Urgió atender en el modelo y procesos electorales la intervención del narcotráfico y de la delincuencia organizada en lugares aislados, donde los municipios están bajo ese cacicazgo, se disputa el terrero y se traspalan con las candidaturas generando distorsiones en el esquema político.

Sobre las elecciones primarias, comentó que se podría democratizar la vida interna de los partidos políticos, quienes incurren en fraudes y simulaciones en la forma de elegir candidaturas, donde prevalece el “dedazo”, esquemas viciosos y perniciosos que violan derechos político-electorales de la propia militancia, y que genera discrecionalidad por la dirigencia.

“Tenemos que revisar los mecanismos de representatividad a través de cómo llegan las y los diputados al Congreso, si realmente como ciudadana o ciudadano me siento reconocido y con empatía hacia esquemas más apropiados en la forma en que se realizan las postulaciones. Además, el funcionamiento de la casilla única, que ha propiciado diversos problemas en algunos procesos, comentó.

Asimismo, hay que revisar el manejo de los programas sociales a nivel nacional, de cualquier partido político. “Tenemos que tener mecanismos de blindaje y monitoreo, a fin de establecer sanciones ejemplares, porque los partidos hacen cálculos políticos de cuánto les cuesta violar la ley y pagar las multas, a fin de ganar un cargo de elección popular”.

“Debemos tener candados severos que inhiban ese comportamiento”, como quedarse sin candidatura y fijar un tipo de suspensión, además de discutir la reducción presupuestal para los procesos electorales bajo esquemas controlados que optimicen el gasto público, a través de incorporar el voto electrónico en algunos contextos, no de manera generalizada”, agregó.

También, quitar candados de seguridad a la documentación electoral y en la forma en que se realiza la capacitación, costos que quizá están escondidos y no los revisa la ciudadanía. Propuso establecer la estandarización de precios en los materiales.

Sobre la propuesta para elegir a las autoridades electorales, precisó que sus funciones son muy técnicas y especializadas y “el hecho de mandarlos a un concurso de popularidad podría poner en severo riesgo la seriedad en la forma en que llevan a cabo las elecciones”, consideró. 

Hay buenas propuestas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo

El director general del Centro de Estudios en Políticas Públicas S.C, Eduardo H. Ramírez Salazar, consideró que existen buenas propuestas en la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, comenzando porque no hay desaparición de diputados de representación proporcional, sino que los afectados son los de mayoría relativa.

Agregó que “todo está en la mesa y se debe mejorar, pues no hay un mal sistema y muestra de esto es que nos ha llevado a cambios de partido, incluso es uno que fuera de México es reconocido, pero necesita de una buena revisada”.

Se pronunció por regular y legislar la vida interna de partidos políticos para que sus militantes tengan el derecho a participar y acceder a los cargos. “Si se quiere mantener el sistema de partidos valdría la pena garantizar esas posibilidades, además de tener cuidado con que las reglas consideren a los actores que intervienen en los partidos”.

Advirtió que no existe un mecanismo que resuelva cómo se elige a los candidatos, ni un sistema al interior de los partidos que dé solución, lo que será difícil de transitar. “Los partidos políticos deben ser los entes más transparentes ya que son los encargados de llevar a la gente al poder, pero si la casa no está abierta cómo se puede abrir el gobierno. Entre más transparentes y legítimos sean más lo será el gobierno”.

Comentó que las listas de representación proporcional fueron concebidas para incluir perfiles buenos por su importancia de que estuvieran en el Congreso, además que son quienes en gran medida legislan, por lo que deben mantenerlas, incluso disminuir los de mayoría relativa pues son de clientela específica y estandariza a los grupos. 

Respecto a disminuir o aumentar a los diputados, la discusión debe ser en terreno real, no por lo que cuestan, sino que la representación sea mejor, pues la gente no se siente representada. Se necesita una forma que garantice contacto con la sociedad, puntualizó.

Analizan candidaturas independientes y derechos de minorías, en foro 9 del Parlamento para la Reforma Electoral

En el Foro 9 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, se abordó el tema tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías.

​El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), explicó que las iniciativas de reforma electoral por parte de diputados suman 42, por lo que antes de estudiarlas y compararlas se decidió abrir a las comunidades y grupos sociales su participación. 

Cámaras deben simplificar el voto migrante 

Jorge Mújica Murias, miembro del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Escritores, señaló que es deber de las cámaras simplificar el voto de los migrantes y no tener que “dar un triple salto mortal” para pedir credencial, darla de alta y votar, sino que sea un proceso en automático y no se requiera que en cada ejercicio se deba repetir todo el procedimiento. Pidió que haya una representación de diputados y senadores migrantes, así como de ediles y ayuntamientos migrantes. 

“Queremos emitir nuestro voto postal para quien esté alejado de los centros urbanos y el electrónico, aunque éste no podría ser para todos; que haya casillas presenciales, que esté escrito en la ley que en todos los momentos posibles podamos votar en casilla”, agregó. 

Blindar perfil de candidatos migrantes 

​Avelino Meza Rodríguez, secretario general de la organización Fuerza Migrante, propuso blindar el perfil de los candidatos de los mexicanos en el exterior para garantizar que sean miembros de la comunidad y la representen en los congresos federal y locales. Esto debe ser parte de la reforma al marco jurídico, a fin de que los partidos políticos realicen campañas donde residen y se conozcan sus propuestas. ​ 

​Planteó reconocer el voto migrante para elegir a representantes en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, para fortalecer sus derechos, actualizar, simplificar y modernizar el proceso de votación, facilitar el registro y avanzar en el voto electrónico. Solicitó que los mexicanos en el exterior puedan ser postulados para diputaciones independientes. 

Que las cuotas arcoíris sean una realidad y no una simulación

​Máximo Carrasco Rodríguez, licenciado en psicología y gestión turística, enlace técnico de la Comisión de Diversidad y activista de la comunidad LGBTIQ+, exigió que las cuotas arcoíris sean una realidad y no una simulación como lo han hecho diferentes partidos políticos. Pidió castigar este tipo de prácticas. “Jugar con las cuotas arcoíris es indigno y peligroso”, porque históricamente esta población ha sido humillada, discriminada y vulnerada en sus derechos políticos. 

Solicitó que las y los legisladores tomen en cuenta la iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución, a fin de considerar con seriedad los derechos de las personas LGBTIQ+. Exigió que se les otorguen sus derechos políticos como la representación legítima en los congresos. Somos más de 5 millones que conforman esta comunidad. 

Reforma da oportunidad de ampliar el sentido de democracia 

Orlando Aragón Andrade, profesor investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelia, indicó que la reforma permite una oportunidad que se ha dejado de lado, al ampliar el sentido de la democracia y entender que, si vivimos en un país plural y diverso, las formas de democracia también deben ser así y las leyes deben dar cuenta de esa forma. 

Pidió recuperar dentro de la reforma las experiencias y avances que se han logrado conquistar en los espacios subnacionales y entidades federativas, y agregó que es fundamental establecer la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el conocimiento de todo lo relativo a derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno de los pueblos y las comunidades indígenas. 

Candidaturas independientes deben cuidar tema de financiamiento 

Igor Vivero Ávila, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, pidió cuidar temas de financiamiento respecto a las candidaturas independientes, pues existe la tentación de que haya ingresos más allá de lo que establece la ley, pero tampoco malbaratando estas candidaturas, además de que existe el riesgo de prácticas clientelares. 

Cuestionó que dentro del paquete de propuestas de la iniciativa presidencial, al momento de que se le da a la lista de candidaturas independientes el tratamiento como partidos, cómo se organizaría la lista de los candidatos independientes por las diferentes entidades.

Atender y reflexionar sobre la ética política​

Jaime Cicourel Solano, candidato a doctor en derecho por la Universidad de Alicante, España, refirió problemas en el diseño normativo y de aplicación frente a la reforma electoral que tiene muchos ángulos, como las candidaturas independientes vinculadas al derecho a las minorías y a la crisis de representación, así como al ejercicio de derechos constitucionales y democráticos. 

“Una solución de la crisis de representatividad no sólo de candidatos independientes, partidos políticos y minorías, es atender y reflexionar sobre la ética pública, ética política y el ejercicio de los representantes para atender los intereses de la ciudadanía que los votó”, consideró. 

Inclusión de las minorías, gran reto para las autoridades electorales 

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, consejera presidenta del Instituto Electoral de Campeche, dijo que las minorías en el país son el sector que más se ha invisibilizado y las reformas legales no se han traducido en el reconocimiento pleno de sus derechos. Hay avances en medidas afirmativas; sin embargo, hacen falta grandes avances y la dualidad en el discurso político hace parecer lejano el escuchar las voces representativas de estas poblaciones. 

“La inclusión de las minorías es un gran reto para las autoridades electorales, ya que se está en búsqueda de criterios orientadores para lograr la representación de todas las personas sin perder el equilibrio en la paridad entre mujeres y hombres”, afirmó. 

Reforma no debe estar hecha a modo 

Leticia Calderón Chelius, especialista en procesos migratorios, consideró que la reforma no debe estar hecha a modo, sino que supone pensarle a futuro y debe plantear avances, con cambios significativos, incluyendo compromisos pendientes como el derecho de migrantes a votar, tema en el que México está desfasado en comparación con otros países. “Estamos en un déficit democrático presente”. 

“En el 2018 nuestro país firmó el Pacto Mundial de Migraciones, el cual contiene la obligación de los Estados adherentes de permitir y, sobre todo, dar derechos políticos. Debemos avanzar en el tema de los ciudadanos que radican en el extranjero, pero incluir esto en la reforma”. 

Se debe garantizar la representación de grupos vulnerables 

Jesús Arturo Baltazar Trujano, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, planteó en materia de comunidades y pueblos originarios ampliar el debate legislativo sobre garantizar la representación en el sistema de partidos a través de mecanismos culturalmente adecuados, lograr la posibilidad de migrar del sistema de partidos a sistemas normativos indígenas, incorporar más y mejores figuras de asociación y representación indígena. 

En materia de personas de la diversidad sexual, se debe transitar a una autoadscripción calificada con datos públicos y exigir que una asociación la acredite, presentar una agenda de trabajo en favor de este grupo, pues hay mucha simulación para ser beneficiarios de medidas afirmativas. “Se requiere una representación específica para cada grupo que ha sido vulnerado”. 

Preguntas de diputadas y diputados 

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (MORENA), a través del chat preguntó ¿cuáles son las objeciones tradicionales al voto de los mexicanos en Estados Unidos y qué tan ciertas son? 

Del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo comentó que las candidaturas independientes han resultado más exitosas para elegir a gobiernos municipales y estatales, que cuando se compite por una diputación o senaduría. ¿Se debe a obstáculos derivados del actual marco jurídico o a que la ciudadanía tiende a votar por la persona, en el primer caso, o por los partidos políticos, en el segundo caso?, planteó. 

El diputado del PT, Pedro Vázquez González, pidió conocer qué otros grupos que han sido históricamente discriminados deberían ser incluidos en las acciones afirmativas propuesta por el INE y avaladas por el Tribunal, ya que la propuesta del PT es que estos lineamientos deberán ser publicados 90 días antes. 

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (MORENA) solicitó saber si dentro de la reforma planteada se consideran aspectos para la participación de personas con discapacidad, tanto para votar como para ser candidatos, y cómo se puede garantizar su representación, además de los blindajes para evitar simulación. 

​Del PRI, la diputada María Elena Serrano Maldonado cuestionó qué debe hacer la sociedad civil para fortalecer a la representación migrante. 

El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que contemplar la creación de una circunscripción nacional especial para los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y la comunidad LGBTIQ+, garantizaría que éstas tengan una representación más adecuada en el Congreso de la Unión. 

La diputada Andrea Chávez Treviño (MORENA) mencionó que uno de los grandes grupos poblacionales minoritarios que no acceden a espacios de representación es la juventud, pues en las listas de representación quienes ocupan los espacios suelen ser parientes de alguien. Pidió saber sobre los derechos de las minorías en los procesos de consultas. 

La diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) consideró que se debe cambiar la educación de forma urgente previo a una reforma político-electoral y concentrarse para que los cambios puedan darse sin ninguna mella. “Quisiera saber si la reforma incorpora candados para que se respeten los derechos de las acciones afirmativas”, dijo. 

De MORENA, el diputado Mario Alberto Torres Escudero habló sobre la desconfianza en el voto electrónico, debido a que el INE tiene la llave y acceso para manipular la información, haciendo vulnerable el sistema. Cuestionó si ¿hay manera de asegurar el blindaje y no suceda un hackeo? ¿Qué pasa con la participación de los hijos de los migrantes nacidos en el extranjero? ¿Cómo afectaría en la representación o que tendría que hacer el Congreso ante la propuesta de eliminar a los plurinominales? 

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (MORENA), comentó que en las comunidades autóctonas se reconoce el autogobierno y autodeterminación, pero hasta ahora “no hemos podido encontrar la manera de legislar para que tengan participación política”, por lo que pidió conocer las opiniones de los panelistas. 

Al dar respuesta, Mújica Murias explicó que se busca que migrantes sigan participando y haya una representación porque no han dejado de ser mexicanos, sus familias están en territorio nacional, las remesas siguen contando, aunque existe la falsa idea de que no quieren acudir a votar por miedo a la migra. Aseguró que la migración ha sido fundamentalmente indígena, pudiendo ser hasta el 35 por ciento de los mexicanos en el exterior. 

Por su parte, Calderón Chelius indicó que no se debe comparar los derechos políticos con las remesas, pues el equiparamiento resta fuerza. Aseguró que el voto electrónico que se ha avanzado en la comunidad en el extranjero podría beneficiar enormemente a personas con discapacidad.

​Aragón Andrade explicó que se debe garantizar el derecho a la autonomía y el autogobierno, independientemente de que el INE ya ha impulsado una agenda para las comunidades indígenas y mayor apertura en la representación dentro de los municipios, pero lo que se necesita es que la reforma tome en serio los desafíos que aún se encuentran pendientes como lo es la participación mediante sus formas de organización interna.

​Baltazar Trujano aclaró que entre los grupos vulnerables que deben incluirse en la reforma están las personas afromexicanas, así como los adultos mayores, mientras que en cuanto a los pueblos originarios lo que buscan principalmente es que se respete sus usos y costumbres. Mencionó que las simulaciones se presentan más a nivel local y municipios.

Jaime Cicourel Solano consideró que el diseño normativo entre los diferentes cargos y el acceso, a través de candidaturas no partidistas, presentan muchos dilemas porque hay distinciones bastante claras, lo cual se corrige mediante reformas legales. También influye el de votar por la persona o un programa. La gran diferencia entre la candidatura independiente y el sistema de partidos es la influencia de la ideología de éstos. 

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, afirmó que se requiere educación para fortalecer la representación migrante; hay un gran interés por credencializar, pero hasta ahí se llega, existen 4.1 millones solicitadas en Estados Unidos; en el momento de votar se desploma la participación y ese ha sido un gran pretexto de los partidos políticos para no incluir a la comunidad en el exterior.   

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, experta en administración y relaciones públicas y especialista en cultura regional, docente y diplomática, consideró que crear circunscripciones especiales en los casos de comunidades indígenas sí es una medida que puede generar la representación, pero es más importante la participación de la sociedad civil en los espacios públicos, apropiándose de las cámaras legislativas, partidos e instituciones electorales para ejercer los derechos político-electorales. 

Orlando Aragón Andrade, profesor e investigados en antropología e historia de la UNAM, aclaró que los pueblos indígenas y afromexicanos no son minorías, sino los fundantes del país. Apuntó que “el desafío del Congreso es si va a transcender a una visión liberal hacia una transversalización de los derechos políticos de los pueblos”. La agenda de dar cuotas a estas poblaciones es importante, es parte de una lucha histórica, pero hay que conocer lo que ellas plantean.

En el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral analizan modificaciones a la estructura orgánica del TEPJF

En el foro 7 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política, se abordó en las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, el tema de las modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

De forma virtual, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) consideró importante tener nuevas reglas democráticas para la designación de magistrados, consejeras y consejeros electorales “para que no sea esto producto de cuotas, sino que se garantice la idoneidad de los perfiles”. Agregó que la intromisión del Tribunal Electoral en los temas de la Cámara de Diputados nos hace pensar que ya llegó la hora de una nueva generación de reformas electorales. 

Vía zoom el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), afirmó que falta definir las facultades del TEPJF y de las autoridades electorales porque “al paso del tiempo, igual que el Poder Judicial, han estado creando principios jurídicos sobre los cuales resuelven, independientemente de lo que digan las leyes”. 

También vía zoom, la diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) preguntó cuáles son las resoluciones que muestran cómo, tanto la autoridad del Instituto Nacional Electoral como los Tribunales Electorales, han tomado decisiones y atribuciones que no tienen conforme a la ley. También cuestionó ¿por qué introducir la suspensión de la resolución de los procesos electorales sujetos a elección popular? 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García Almaguer, solicitó información sobre el procedimiento paralelo por parte de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF de casos que están relacionados, por ejemplo, con la revocación de mandato. La duda es: ¿si cuando la Suprema Corte toma conocimiento de un asunto no debería de prevalecer sobre cualquier otro tribunal, incluyendo la Sala Superior, para evitar la posibilidad de que existan sentencias contradictorias?

El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó vía zoom que la iniciativa de su bancada propone candados sobre la forma de no resolver acciones afirmativas una vez que ha iniciado el proceso electoral, con el fin de que no se repitan casos como “el de experiencias pasadas, que ya prácticamente resueltas la totalidad de las candidaturas por los partidos políticos de última hora se presentaron mediante sentencia acciones afirmativas que tuvimos que remontar tiempos para poder cumplir”.

El diputado del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, señaló que en los hechos los tribunales electorales locales no brindan certidumbre jurídica, ni cumplen a cabalidad con el objetivo para el que fueron creados, siendo en muchos casos una estructura burocrática que duplica las funciones que de todos modos llevan a cabo otros órganos, pues 7 de cada 20 asuntos que resuelve el Tribunal Electoral Federal se refieren a procesos locales, por lo que preguntó ¿qué razón tienen de ser? 

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell indicó que es importante garantizar la capacidad técnica y que en el proceso de selección intervengan uno o más poderes independientes al Poder Judicial o incluso al Tribunal como el órgano autónomo que es. Además, no sería mal, para garantizar la independencia, un proceso de insaculación tras uno donde hayan participado ya los órganos que legitimen. Enfatizó que sí sería imposible que sean elegidos popularmente, pues se perdería la autonomía y la imparcialidad, por lo que estarían vinculados a un partido o estructura.

Para fortalecer al Tribunal Electoral es importante contar con carrera judicial

Angélica Manríquez Pérez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la reforma electoral debe partir de la independencia judicial, pues “necesitamos contar con órganos independientes y autónomos. Si queremos avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones electorales debemos centrarnos en la carrera judicial, en el ingreso y la permanencia y evaluación de los funcionarios”. 

Puntualizó que es tiempo de pensar en una reforma constitucional que plantee la posibilidad de la suspensión en materia electoral, sobre todo porque “ahora vemos procedimientos donde ya las personas físicas y morales pueden ser sujetas de procedimientos sancionadores. Es importante pensar en la irreparabilidad de los actos en materia electoral”.

Las autoridades electorales no deben hacer interpretaciones directas de la Constitución 

Vía plataforma digital, Eduardo Andrade Sánchez, abogado por la UNAM, puntualizó que hay un exceso de atribuciones del Tribunal Electoral cuando pretende intervenir en la integración de un órgano del Congreso como es la Comisión Permanente. “El método que han seguido las autoridades electorales, en lo que se está convirtiendo en una invasión al Poder Legislativo, se basa en el artículo 1º constitucional”. 

Consideró que es importante que se delimiten con toda precisión las posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las autoridades electorales. “Creo que hay que establecer una limitación muy especial porque la independencia judicial no puede ir al extremo de pasar por encima de las facultades del Poder Legislativo”.

No hacer constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos

Jorge David Aljovín Navarro, analista político y observador electoral, afirmó que se tiene que buscar desincorporar, como se hizo en la reforma de 2014, a lo que se denominó el procedimiento especial sancionador para determinar una autoridad que instruya y una que resuelva y esto es lo mismo que debe ocurrir con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

“Respetemos los momentos constitucionales y no hagamos constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos; demos el espacio para discutir una justicia dialógica y abierta. Controles y declaraciones patrimoniales para todos los funcionarios judiciales es muy importante para evitar el nepotismo que es una de las grandes raíces de la corrupción”, puntualizó.

Se debe implantar una auténtica carrera judicial

Silvia Gabriela Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a las ponencias de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionó por qué no implantar una auténtica carrera judicial al interior del Tribunal Electoral pero que cubra hasta magistrados de sala regional; “se garantizaría que dichos magistrados tengan el perfil idóneo, así como ventajas, donde la meritocracia y el profesionalismo sea el que permita arribar a los cargos, además de que les dará estabilidad y permanencia”.

Aseguró que las salas regionales son una oportunidad muy grande para fortalecer la independencia mediante la carrera judicial. “Es una propuesta que dejo en la mesa y sería una vía para fortalecer la independencia, imparcialidad y objetividad de los magistrados”.

Legitimar la elección de una autoridad electoral 

Carlos Daniel Luna, asesor externo de MORENA en la representación ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral, dijo que se debe plantear la pregunta de cómo legitimar la elección de una autoridad electoral, ya que están encargadas del sistema democrático, pero son personas que no son elegidas mediante un mecanismo democrático.

 Subrayó la necesidad de poner un alto al Tribunal Electoral en cuanto a la invasión de otras esferas competenciales de autoridades. “Se debe fortalecer sin dejar de lado a otros poderes que tienen que ser respetados” 

Designación de magistrados debe ser un acto democrático 

Flavio Galván Rivera, coautor de diversas publicaciones en materia de Derecho, aseguró que la designación de magistrados debe ser un acto democrático, pero no por voto, sino mediante una convocatoria abierta para todos aquellos que reúnan formalmente todos los requisitos exigidos en la Constitución y en la ley, así como una Comisión de la Cámara de Senadores que cumpla la satisfacción de los requisitos y quienes lo cumplan, sean sometidos a examen de conocimientos de experiencia que realizará un comité académico y jurisdiccional.

“Una vez que se tenga a todo el cuerpo de personas con la capacidad profesional de ocupar la magistratura, lo designen de la forma que crean mejor, incluso mediante tómbola, ya que todos son capaces y aptos para ocupar el cargo”.

Respuestas de ponentes

Al responder a cuestionamientos de las y los diputados, Eduardo Andrade Sánchez afirmó que el mayor peligro está en las propias disputas internas entre legisladores o miembros de un partido, “Creo que la clase política debe entender que los conflictos políticos se resuelven por medios políticos. En la medida que los miembros de partidos o legisladores quieren introducir la jurisdicción a sus territorios para defender posiciones políticas, ponen en riesgo la política y la justicia”.   

En su oportunidad, Jorge David Aljovin Navarro afirmó que se tiene que evitar la supremacía judicial y apostar a la supremacía constitucional, porque se debe evitar el protagonismo de los jueces que se inmiscuyan en zonas donde no les corresponde y uno de estos casos sería el ámbito legislativo. 

Angélica Manríquez Pérez aclaró que su propuesta sobre la suspensión en materia electoral no se refiere a la suspensión del proceso electoral; de hecho, es una de las razones por las cuales no se incorporó la figura de la suspensión en un inicio en la Constitución. “Me refiero al artículo 41, fracción sexta, que señala que la interposición de los medios de impugnación en materia electoral no generará efectos suspensivos. Mi propuesta va en el sentido de que repensemos esta figura cuando se interpongan los medios de impugnación en materia electoral”.

A su vez, Flavio Galván Rivera señaló que “la Constitución establece el orden y función de los Poderes y se debe respetar si queremos un verdadero Estado de derecho”. 

Silvia Gabriela Ortiz contestó que un juzgador no se improvisa ni tampoco su conocimiento para resolver los conflictos electorales, por lo que no se debe confundir la legitimidad de los juzgadores, pues es mediate sus resoluciones como se logra y no debe ser mediante elección popular. Apuntó que los tribunales locales tienen relevancia pues son estados libres y soberanos como lo marca la Constitución.  

Por su parte, Carlos Daniel Luna cuestionó si realmente la legitimidad está en las sentencias de las autoridades, ya que hay sentencias irrisorias donde se imputa responsabilidad a altos funcionarios públicos, como ha sido el caso del presidente de la República. “Debemos ponderar la participación de poderes públicos y de la propia ciudadanía. La iniciativa presidencial da una solución”, expresó.

Analizan en Parlamento Abierto para la Reforma Electoral proceso de designación de consejerías y magistraturas

Este lunes se realizó el foro 8 “Proceso para la designación de consejerías y magistraturas”, del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados.
Mantener el órgano electoral como está, porque ha funcionado.

José Woldenberg Karakowsky, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, afirmó que el país requiere un órgano electoral independiente, autónomo, que garantice imparcialidad a partidos, candidatos y ciudadanos. “A lo largo de los años México construyó autoridades imparciales, transparentes y tenemos elecciones legítimas donde el voto decide quién gobierna y cómo se compone el cuerpo legislativo y eso no sucedía hace 30 o 35 años”

Planteó mantener el órgano electoral como está, porque ha funcionado, hay elecciones transparentes y son los cambios en los humores públicos los que deciden. Indicó que una institución electoral que no sea autónoma “nos hace regresar décadas en materia política y si algo ha construido México es un escenario, una normatividad e instituciones para que la diversidad política se pueda expresar, recrear, convivir y competir de manera institucional, y eso no es poco”.

Consideró que la propuesta del Ejecutivo “es la peor” de los últimos 30 o 40 años porque propondrá a 20 consejeros, 10 la Cámara de Diputados, 10 el Senado y 20 la Suprema Corte de Justicia y de ahí se elegirán 7 consejeros; “En el extremo de que ganen los 7 del presidente, qué autonomía habrá”, cuestionó.

Añadió que “no hay preocupación legítima; al presidente de la República no le gustan los órganos autónomos porque quiere volver a concentrar en la Presidencia los poderes que en los últimos años han ido pluralizándose. No le gusta cuando la Corte lo contradice, cuando el Congreso le cambia una ley, cuando una organización de la sociedad civil lo critica, cuando el INE actúa de manera autónoma. Esa es la preocupación que hay en la propuesta presidencial y eso es lo que a mí me alarma”.

Expresó que todas las reformas electorales desde 1977 a 2014 han respondido a demandas de las oposiciones; “ésta sería la primera que se hace desde la Presidencia a partir de exigencias de la presidencia; eso debería llamarnos la atención”. Si va a haber una reforma en esta materia debe ser de consenso, porque son las reglas que hacen posible que la diversidad política coexista y compita de manera institucional y es muy importante que las reglas sean aprobadas por todos.

Menor intervención en las autoridades electorales

La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, dijo que “hace mucho ruido que se considere elegir a los árbitros electorales a partir de un proceso electoral. No encuentra mucha lógica porque es un órgano constitucional autónomo que apoya al equilibrio entre los poderes. Es de suma importancia mantener la autonomía y evitar que alguno de los tres poderes pueda sentirse tentado a intervenir en la autoridad electoral”. 

Señaló que es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campañas; tal situación, abonaría a quitarles lo ciudadano, cuando la tendencia tendría que orientarse a la menor intervención de los órganos de poder. 

“No sé por qué hasta ahora no se ha involucrado más a la sociedad civil organizada y a la academia en este proceso de selección de candidaturas, en donde, primero, hay que demostrar conocimientos técnicos en la materia y después buscar un procedimiento viable para la ciudadanía, que genere certeza y confiabilidad de que el árbitro electoral va a ser imparcial y que realice elecciones profesionales. Las autoridades electorales llevamos años profesionalizándonos y hay un servicio civil de carrera electoral”, afirmó.  

Mencionó que es preocupante que se discuta si la autoridad electoral debe ser autónoma; hoy están las condiciones para generar autoridades independientes y alejadas de cualquier poder. Debe haber mayor vigilancia en el proceso de la designación a través de los observadores electorales. No deben desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), subrayó.

La propuesta del Ejecutivo sobre la designación de las y los consejeros, es desproporcionada y no es viable que pase algo de esa naturaleza. La autoridad electoral desde que se creó, como ciudadana, ha generado elecciones con piso parejo. La designación de las magistraturas electorales se debe analizar “para que no les cobren el favor, ya que la mayoría lleva un proceso judicial enorme”.

Despolitizar nombramiento de consejeras y consejeros

José Antonio Carrera Barroso, especialista en sistemas electorales y asesor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que este tema, pase o no la reforma, se debe analizar, ya que se debe ir nutriendo de autonomía no solo del ejercicio partidista sino de todos los factores reales de poder que hay en torno a la designación de consejeras y consejeros electorales no solo del INE, sino de los OPLES.

Mencionó que el sistema electoral debe ser autónomo; tiene que haber incertidumbre de quién será nombrado, pues en los procesos locales y nacionales, en algunas ocasiones, ya se sabe quiénes podrían ser elegidos; una consejera o un consejero electoral deben ser autónomos a todas las fuerzas, personas, empresas y partidos políticos. 

Llamó a despartidizar y despolitizar el nombramiento de consejeras y consejeros. El problema de ello, abundó, es que si se lleva al terrero ciudadano no despolitizas sino se traslada de un ambiente político legítimo, como es la Cámara de Diputados, a uno ciudadano donde no hay control, existe compra y coacción de votos, es decir sigue siendo politizar. 

Pidió conciliar expertise con la preocupación legítima y elementos de que no haya cuotas ni cuates; blindar las designaciones de consejeras o consejeros, es decir que no haya posibilidad de que desde antes se pueda nombrar. Pugnó por un sistema de selección alternativo y con mejores controles. El acuerdo político debería ser al momento de integrarse las quintetas y que sea el azar el que defina y en términos de paridad de género, y que venga acompañado de transparencia.

Necesario, “piso” parejo para elección de autoridades electorales

La defensora de derechos humanos, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, explicó que el proceso para la elección de consejeros del INE está especificado con controles y Consejo Técnico de Evaluación con que se pueden tomar para otros procesos, pero para el caso de las y los magistrados electorales carece de controles y da pauta a la discrecionalidad de quien propone la terna y el proceso. 

“Esa heterogeneidad no se justifica, debe haber un piso parejo para que las decisiones cumplan los estándares”, consideró.

Destacó que las autoridades electorales dan certeza a la contienda, permiten saber que el ejercicio democrático tendrá legitimidad, construir confianza y garantizar la pluralidad. Añadió que una buena designación puede garantizar mejores perfiles y dotarles de legitimidad.

Agregó que los marcos legales, las acciones, procesos o decisiones de quienes asumirán altas decisiones públicas son de las más importantes de la vida democrática del país, porque afectarán la vida cotidiana y pueden mermar o ampliar el ejercicio de los derechos. Las instituciones deben dar los resultados que busca la ciudadanía y entre mejores reglas, procesos más normados y el principio de estándares que se puedan seguir en estos procesos, construiremos confianza ciudadana y damos fuerza a las decisiones.