•No se puede lucrar con la necesidad y los derechos adquiridos de las personas: Damián Zepeda.
El Senador Damián Zepeda Vidales hizo un llamado al
Instituto Nacional Electoral, para que, en el marco de los procesos
electorales, implemente una campaña informativa, mediante la cual se precise a
la población que los apoyos económicos que se otorgan vía programas sociales,
representan un derecho de los ciudadanos que no se pueden condicionar electoralmente.
A través de un punto de acuerdo, que fue enviado a la
Comisión de Gobernación, el legislador del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional señaló que el objetivo es blindar los apoyos que otorga el Gobierno
Federal.
Explicó que los programas sociales, como son la pensión para
personas adultas mayores, las becas para estudiantes o el apoyo económico a las
personas con discapacidad, están consagrados en la Constitución como derechos
humanos, que independientemente de quien gobierne o el partido político que
gane una elección, deben entregarse como una obligación del estado mexicano.
“No son propiedad ni del gobierno ni del partido político en
el poder, estos apoyos no pueden estar condicionados a que las personas emitan
su voto a determinado partido o candidato, no se puede lucrar con la necesidad
y los derechos adquiridos de las personas”, aseveró.
Es por ello, precisó, que las campañas informativas deben
enfocarse en dar a conocer que las personas inscritas en algún programa social
de salud, educativo, vivienda, alimentación, pensión u otro, tienen derecho a
recibir sus beneficios sin importar por quién se vote.
Asimismo, señaló que se debe destacar que nadie puede
condicionar la entrega de estos beneficios a cambio de votar por un partido
político, coalición o candidatura y que ninguna persona o institución tiene
derecho a comprar, presionar o condicionar el sentido del voto.
Manifestó que cualquier persona que condicione los
beneficios de algún programa social a cambio del voto en cualquier tipo de
forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República.
La idea no es interrumpir o posponer la operación de los
programas gubernamentales, menos aun los que tienen que ver con problemas de
salud, marginación o pobreza, pero si informar a la ciudadanía que están
consagrados en la Constitución y que no pueden estar condicionados a la emisión
de su voto en los próximos comicios electorales, puntualizó.
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