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miércoles, 3 de enero de 2024

Piden desde el Senado informar que los programas sociales no deben condicionarse a cambio del voto

•No se puede lucrar con la necesidad y los derechos adquiridos de las personas: Damián Zepeda. 

El Senador Damián Zepeda Vidales hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral, para que, en el marco de los procesos electorales, implemente una campaña informativa, mediante la cual se precise a la población que los apoyos económicos que se otorgan vía programas sociales, representan un derecho de los ciudadanos que no se pueden condicionar electoralmente.

A través de un punto de acuerdo, que fue enviado a la Comisión de Gobernación, el legislador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional señaló que el objetivo es blindar los apoyos que otorga el Gobierno Federal.

Explicó que los programas sociales, como son la pensión para personas adultas mayores, las becas para estudiantes o el apoyo económico a las personas con discapacidad, están consagrados en la Constitución como derechos humanos, que independientemente de quien gobierne o el partido político que gane una elección, deben entregarse como una obligación del estado mexicano.

“No son propiedad ni del gobierno ni del partido político en el poder, estos apoyos no pueden estar condicionados a que las personas emitan su voto a determinado partido o candidato, no se puede lucrar con la necesidad y los derechos adquiridos de las personas”, aseveró.

Es por ello, precisó, que las campañas informativas deben enfocarse en dar a conocer que las personas inscritas en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación, pensión u otro, tienen derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién se vote.

Asimismo, señaló que se debe destacar que nadie puede condicionar la entrega de estos beneficios a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura y que ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar el sentido del voto.

Manifestó que cualquier persona que condicione los beneficios de algún programa social a cambio del voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República.

La idea no es interrumpir o posponer la operación de los programas gubernamentales, menos aun los que tienen que ver con problemas de salud, marginación o pobreza, pero si informar a la ciudadanía que están consagrados en la Constitución y que no pueden estar condicionados a la emisión de su voto en los próximos comicios electorales, puntualizó.

miércoles, 13 de diciembre de 2023

Aprueban comisiones dictamen para garantizar derechos laborales de personal militar asignado a la Guardia Nacional

• Se trata de una interpretación auténtica sobre los alcances del Artículo Tercero Transitorio de la Constitución, en materia de Guardia Nacional.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen por el que se realiza una interpretación auténtica sobre los alcances del Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Los órganos legislativos que presiden los Senadores Alejandro Armenta y Rafael Espino de la Peña avalaron dicha interpretación, que tiene el objetivo de garantizar y salvaguardar los derechos de los elementos de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada permanente, asignados a la Guardia Nacional.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto con 12 votos a favor, uno en contra y una abstención; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda lo avaló con 12 votos a favor y uno en contra.

El documento menciona que ni la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevén con total certeza los parámetros para garantizar los derechos y la seguridad laboral de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente asignados a la Guardia Nacional.

Por ello, la interpretación asegura el respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional, y fomenta un trato justo y equitativo para los elementos de las Fuerzas Armadas, porque se reconoce su contribución específica a la seguridad pública, y garantiza que no se vean afectados negativamente sus derechos por esta participación temporal.

La propuesta ofrece una transición clara y justa en la carrera profesional de dichos elementos, pues se les brinda estabilidad y seguridad laboral, porque no sólo se respetan sus derechos individuales, sino que también se reconoce la importancia de su contribución a la seguridad nacional, subrayaron las y los senadores. 

El dictamen establece que la interpretación de la frase: “los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones”.

De la cual se hace referencia a que los elementos mencionados conservarán sus prestaciones íntegras, toda vez que se encuentran en una asignación temporal, derivada del artículo transitorio de la reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, motivo que no deberá, en ningún caso, implicar una afectación a sus derechos laborales, prestaciones inherentes, así como la salvaguarda de ser reasignado a su fuerza armada de origen.

En tanto, de la frase: “la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla”, se prevé que el personal asignado a la Guardia Nacional no pierde sus derechos y prestaciones. 

En consecuencia, la “reasignación” implica que el elemento militar o naval deje de realizar sus funciones en Seguridad Pública y sea reintegrado a su fuerza armada para continuar realizando sus actividades de índole netamente castrense con la suma de derechos y prestaciones adquiridos en dicha institución de seguridad pública.

Finalmente, la frase: “Reconocimiento del tiempo de servicios en la Guardia Nacional para efectos de su antigüedad”, se interpreta que se protegen los derechos, estímulos y prestaciones de los elementos militares asignados a la Guardia Nacional. 

Ello, a fin de que se les reconozca y se les compute todo el tiempo de servicios que presten en la misma al momento de su reasignación, para los efectos de sumarlo a su antigüedad en las Fuerzas Armadas, lo que redunda en el derecho de participar en promoción para el ascenso al grado inmediato durante el tiempo que estén asignados y en su reasignación, así como de los demás beneficios y prestaciones antes señalados.

El Senador José Narro Céspedes, de MORENA, subrayó que la propuesta brinda seguridad a los derechos laborales, asensos y estímulos obtenidos por los elementos militares que se integran a la Guardia Nacional. “Creemos que es algo muy importante darles certeza a esos elementos que hoy juegan un papel fundamental para la seguridad del país”.

De Acción Nacional, el Senador Damián Zepeda Vidales expresó que el dictamen busca que todo aquel elemento militar que sea asignado a la Guardia Nacional, no pierda sus derechos laborales, rango, antigüedad y prestaciones. “Eso no es profundizar la militarización, porque no vamos a estar a favor de nada que implique la militarización de la seguridad pública”.

La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, consideró que no existe problema de interpretación del artículo tercero transitorio, ya que “está muy claro que los elementos de la Guardia Nacional, no perderían ningún derecho”.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, manifestó que no se le debe “dar vuelta” a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impedía el paso ilegal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Estamos sentando un peligroso precedente si por la vía de la mayoría simple hacemos una interpretación de una reforma constitucional”. 

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas consideró que la propuesta es innecesaria para garantizar los derechos laborales de las Fuerzas Armadas, pues se trata de un decreto que desconoce las facultades constitucionales del Senado de la República, como órgano revisor, además de que genera “suspicacia” al hacer una interpretación que no está en la Constitución.

martes, 28 de noviembre de 2023

Aprueba Comisión de Justicia dictamen de idoneidad de las tres aspirantes a cubrir vacante en SCJN

• Se trata de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. 

La Comisión de Justicia, que preside la Senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó con 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el dictamen por el que se determina que Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

De esta manera, las y los senadores consideraron que las tres candidatas son elegibles para cubrir la vacante que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la SCJN.  

Sánchez Cordero explicó que cuando la Constitución Política restringe algún derecho o alguna posibilidad de acceder a un cargo como este, la restricción se tiene que interpretar de manera estricta, “no viendo la Ley Orgánica, ni mucho menos el Reglamento, sino solamente los casos establecidos en la norma constitucional”.

La Senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de la bancada de MORENA, aseveró que las tres aspirantes son mujeres que se formaron profesionalmente desde jóvenes y son conocedoras del derecho, por lo que pidió valorar la lucha de las mujeres para ocupar este tipo de espacios de toma de decisión. 

El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que el peligro de nombrar ministra a una de las tres ciudadanas propuestas es que avalarán las reformas inconstitucionales impulsadas por el gobierno en el poder, por lo que el presidente de la República podrá hacer “lo que le venga en gana”. 

De Movimiento Ciudadano, el Senador Luis David Ortíz Salinas dijo que presentará un voto particular sobre el dictamen, y esperará que el asunto sea debatido en el Pleno del Senado para llevar a cabo las deliberaciones correspondientes. 

Del PRI, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota expresó que la Carta Magna precisa que se debe consultar la Ley Orgánica, la cual establece que la Consejería Jurídica tiene rango de Secretaría de Estado, por lo que Estela Ríos González debió de haber dejado el cargo un año antes. 

En tanto, el Senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, señaló que es fundamental observar los principios de imparcialidad, autonomía y profesionalismo de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y estamos con una sospecha latente” frente a María Estela Ríos.