Con la creación del Fondo Mexicano del Petróleo que pretenden PRI y PAN en la Reforma Energética, le quitarán a la Cámara de Diputados la posibilidad de disponer de los ingresos excedentes del petróleo en el Presupuesto de Egresos, acusó Javier Salinas Narváez, diputado federal del PRD y presidente de la Comisión de Seguridad Social.
“En efecto, los ingresos petroleros, más del 30% de los ingresos federales, serán determinados y administrados por un “supra poder” en manos del gobierno, por encima de la voluntad del pueblo representado por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, que ejerce su mayor control mediante el proceso de discusión y aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año. Entonces ya no habrá más que un Proyecto de Presupuesto irreductible que no podrá ser modificado y tendrá que ser aprobado tal cual lo remita el Ejecutivo Federal. Ya no habrá más ingresos excedentes del petróleo para redistribuir entre las entidades y municipios menos favorecidos por la Iniciativa del Presidente”.
El dictamen sobre la reforma petrolera va mucho más allá de las iniciativas del Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional (PAN). Si bien, la Iniciativa de Enrique Peña Nieto sólo incluye contratos de utilidad compartida y la del PAN concesiones, el dictamen de la comisión prevé la posibilidad de celebrar todo tipo de contrataciones y mecanismos de remuneración o pago, así lo afirmó el también dirigente de Nueva Izquierda en el Estado de México.
La reforma a los artículos 25, 27 y 28 que proponen PRI y PAN privatizará la industria nacional de los hidrocarburos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, dijo.
El legislador señaló que el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos primera, combina las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional (PAN), lo que permite una privatización voraz.
En efecto, el dictamen incorpora la privatización de la industria petrolera nacional mediante los contratos de utilidad compartida (artículo 27), y la eliminación del monopolio del estado sobre la extracción y producción de hidrocarburos, así como del servicio de energía eléctrica (artículo 28), previstos en la propuesta de Peña Nieto, al tiempo que recupera un mecanismo de licencias muy parecido al de concesiones propuesto por el PAN (artículos 25 y 27).
Si bien no se tiene previsto vender un sólo tornillo de Pemex, se podrán otorgar contratos para la extracción de los hidrocarburos (petróleo crudo y gas), así como para su producción y transformación, con lo cual se podrá dejar de lado a la paraestatal y sus organismos subsidiarios, amén de que serían pocos los inversionistas interesados en adquirir una industria abandonada y “chatarrizada” por las administraciones priistas y panistas.
Y advirtió que aunque no se venderán acciones de la paraestatal, los contratos de utilidad compartida permitirán la extracción y explotación de los hidrocarburos por empresas privadas, ya sea mediante contratos de asociación en participación (joint venture) o empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria (joint stock) celebradas entre Pemex o sus subsidiarias con empresas privadas.
A pesar de que el dictamen no adopta expresamente la figura de las concesiones propuesta por el PAN, se propone la figura de los contratos de licencia, de naturaleza similar a las concesiones, a partir de los cuáles se otorga a un particular la exploración y/o explotación de una zona o industria a cambio de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, de manera similar a una concesión, indicó el legislador mexiquense.
Asimismo, señaló que se abre también la posibilidad de celebrar contratos de producción compartida a través de los cuáles pagaríamos a las empresas privadas en especie (con petróleo y/o gas) con un porcentaje de la producción obtenida.
Además, se deja abierta a la posibilidad a cualquier otra modalidad de contratación y contraprestación (pago) y combinación de las anteriores. “El dictamen del PRIAN va por todo, será una amplia y clara privatización pues prevén todas las modalidades posibles de contratación y pago”.
Todos estos mecanismos de contratación y remuneración resultan un contrasentido con la máxima prevista en el artículo 27 constitucional, en el sentido de que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible.”
La reforma de la legislación secundaria será cuestión de trámite, pues todos los tipos de contratación y remuneración (privatización a través de contratos) estarán previstos en los artículos transitorios de la Constitución. En este sentido, la próxima discusión sobre la legislación secundaria no podrá girar en torno de los tipos de contratos legalmente posibles, sino tan sólo respecto de cuestiones secundarias.
Es indispensable destacar la terminación anticipada de los períodos de los consejeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, órganos reguladores del sector energético, actualmente integrados fundamentalmente con funcionarios de extracción panista, para sustituirlos con la burocracia priista.
El legislador de izquierda acusó que “el PRIAN pretende engañarnos al mandar los mecanismos de privatización a las disposiciones transitorias. Los supuestos artículos transitorios previstos en el dictamen son contrarios a toda lógica jurídica, pues no serán de vigencia transitoria entre la entrada en vigor de un régimen jurídico y la salida del otro, sino que serán de vigencia permanente, pues incorporan los diferentes tipos de contrataciones y formas de pago posibles, incluyendo con petróleo y gas”, concluyó.
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