No aprobar al vapor reforma política en Edomex

Importantes propuestas para enriquecer esta reforma se recabaron en el Foro denominado “Reformas Impostergables en materia electoral en el estado de México”, organizado por el diputado Octavio Martínez Vargas

Actores electorales del estado de México advirtieron que la armonización de la reforma política implica un gran reto a la Legislatura local, debido a las grandes y constantes lagunas jurídicas federales que imposibilitan las candidaturas ciudadanas, no establecen montos de financiamiento para las campañas de alcaldes, incrementan el financiamiento a los partidos y no contemplan la fiscalización en tiempo real. Al participar en el foro “Reformas Impostergables en materia electoral en el estado de México”, organizado por el diputado Octavio Martínez Vargas con el objetivo de no realizar una reforma política local al vapor, Juan Carlos Villarreal, consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Hernán Mejía, titular del Órgano Técnico de Fiscalización del mismo organismo; el ex consejero Bernardo Barranco y Juan Carlos Silva, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), coincidieron en que la tarea parlamentaria es grande porque subsisten lagunas importantes. Villarreal Martínez advirtió que es una reforma incompleta, pues están pendientes por aprobarse la Ley Anticorrupción, la Ley que Regula la Contratación en Medios de Comunicación, y la Ley reglamentaria del artículo 134, pero se tiene poco tiempo para resarcirla. Para fiscalizar los recursos de partidos y candidatos, desde su punto de vista, era necesario obligar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) a fin de garantizar que los informes y resultados no se manipulen. También advirtió que las candidaturas independientes prácticamente son inoperantes, pues los requisitos y candados para que procedan requieren dos por ciento de la lista nominal y cerca de 11 mil firmas de respaldo. Si bien la ley prevé la atracción de elecciones locales por parte del INE cuando presuma imparcialidad, para que así ocurra es necesario el voto de 8 de los 11 consejeros, de tal forma que “deben ponerse de acuerdo los partidos políticos” para reunirlos. Mientras, Mejía López destacó que no se reducen los costos democráticos con la nueva legislación, debido a que se incrementa en 65 por ciento el financiamiento público local para gastos ordinarios y éste es la base para estimar gastos de campaña. “El financiamiento público para la campaña de gobernador o diputados federales será equivalente al ordinario más 50 por ciento (en lugar del doble, como se encuentra establecido); para la contienda de diputados locales el gasto de campaña será 30 por ciento superior al ordinario, pero hay un vacío para la elección de ayuntamientos, de tal manera que es una buena oportunidad para reducir los costos democráticos en el estado de México”, confió. Aunque la Comisión de Fiscalización del INE se integrará por 5 consejeros, explicó, ahora deberá revisar los ingresos y gastos de candidatos en 300 distritos federales, más de 2 mil 500 municipios y más de 400 distritos locales, lo que aumenta su carga de trabajo.

Si bien se implementa la fiscalización en línea, lo que además complica la obtención de facturas electrónicas en zonas rurales, prosiguió, no se establece la obligatoriedad del tiempo real ni la de los partidos para manejar chequera única, con lo que complica la revisión. En contraste, los candidatos independientes están obligados a aperturar una asociación civil y una chequera única. “A nivel local se deben generar procesos más generosos para que este principio de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas fomente el cumplimiento de la norma y no su evasión, simulación o defraudación”, expuso. También recordó que desde 1996 en la entidad se tiene el mismo modelo de distritación, que se traduce en una violación constitucional fundamental que favorece la inequidad representativa, pues hay distritos con menos de 120 mil electores como Santo Tomás de los Plátanos y de más de un millón, “pero es atribución del INE y ojalá para 2018 sea una realidad”. En materia de delitos electorales, expuso, la reforma obliga a la Legislatura a crear al menos una Fiscalía Especializada, pero sería mejor una Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) que sancione principalmente las faltas relacionadas con el mal manejo del dinero, cohecho, soborno. Por su parte, Bernardo Barranco, alertó que “si no hay pluralidad de actores políticos para procesar las adecuaciones, la reforma será un fracaso” que repercutirá en el proceso electoral de 2015. También destacó que las modificaciones adolecen de la participación y beneficio ciudadanos. Lejos de suprimir la ambición de los gobernadores por intervenir, dijo, los Institutos Electorales Locales resultarán castigados, subordinados y burocratizados. De igual manera, adelantó que bajo el esquema diseñado, el INE corre el riesgo de saturarse, sobrecalentarse y llenarse de conflictos. “En el estado de México el gran riesgo es que se propicien más conflictos con menos capacidad de respuesta, la de un Instituto local es mucho mayor”, expuso. Por eso, al pensar en armonizar la ley, apeló a la voluntad de todos los actores para tener elecciones austeras, autoridades con calidad moral, evitar el derroche y la soberbia. “No basta con que haya certeza jurídica; hay que compaginarla con certeza ética y valores que le den calidad moral al ejercicio”, agregó.