Funcionario de Q. Roo desacata orden para cesar actos de infamia contra diputada

SERGIO CABALLERO. La diputada federal Alicia Ricalde Magaña denunció que un funcionario del Poder Judicial de la entidad desacató la orden de un juez federal que ordena cesar actos de infamia en su contra. En respuesta, la legisladora presentó un incidente por el “cumplimiento defectuoso de la suspensión de plano” que le fue otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en la entidad, Darío Villa Arnaiz, contra varios funcionarios estatales. En el juicio de amparo 1186/2014, en el que se señala al gobernador Roberto Borge y cuatro funcionarios más del gobierno estatal, el juez Arnaiz ordenó específicamente al director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, Lino Magos Acevedo, que deje de divulgar mensajes a través de su cuenta de Twitter en contra de la diputada Ricalde. “…del director del Instituto de Defensoría Pública del estado de Quintana Roo reclamo los actos de infamia consistentes en la emisión de mensajes e imágenes infamantes a través de medios electrónicos”, acusó la diputada en el juicio de amparo, del que obtuvo la suspensión “por oficio y de plano”. No obstante, desde la tribuna del Congreso de la Unión en el Distrito Federal, Alicia Ricalde denunció esta mañana que Magos Acevedo hizo caso omiso a la orden del juez federal. “Los actos de violencia de género e infamia que realiza en mi contra el gobernador Roberto Borge Angulo no cesan, a pesar de que un juez federal le demandó frenar los ataques”. Añadió: “A pesar de esa orden judicial, Lino Magos Acevedo, director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, continúa con las difamaciones en contra de los integrantes de mi familia a través de sus redes sociales, razón por la cual me vi en la necesidad de interponer, con fecha 27 de octubre, el incidente por el cumplimiento defectuoso de la suspensión de plano”. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, apuntó, protege la integridad moral de la mujer y proscribe los actos de violencia que provengan del propio Estado en contra de sus ciudadanas. “Impone la obligación al Estado de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”, tal y como lo establece su artículo 7.A, citó la diputada. Y debido a que Borge Angulo no atiende las disposiciones de esta convención internacional, Ricalde Magaña exhortó a sus compañeras diputadas para que “juntas denunciemos ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos la violencia de género proveniente del propio Estado”. Las diputadas federales Esther Quintana, del PAN, y Graciela Saldaña, del PRD, respaldaron la moción y solicitaron a la Secretaría de Gobernación que intervenga para frenar los abusos de poder del gobernador de Quintana Roo. Previamente el juez Villa Arnaiz otorgó una suspensión contra el gobernador Roberto Borge y tres de sus colaboradores para que cesen los “actos de infamia” contra la propietaria de la revista Luces del Siglo, Norma Madero. Así, suman tres órdenes emitidas por dos jueces para que el mandatario estatal cese los actos de infamia contra ciudadanos del estado, ya que también obtuvieron suspensiones los periodistas Norma Madero y Agustín Ambriz, presidenta y director del semanario, respectivamente. Pero, además, en una ampliación de la demanda de amparo ante la juez Tercero de Distrito, Ana María Nava Ortega, Ambriz obtuvo una suspensión “de plano” contra Lino Magos para que “cese de emitir, difundir, trasmitir manifestaciones futuras de actos o mensajes que impliquen infamia…”.