Sancionar mandos medios y superiores en Atenco: Octavio Martínez Vargas‏

Exige presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura local sancionar a mandos medios y superiores del caso Atenco

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, exigió que se finquen responsabilidades también a mandos medios y superiores que ordenaron la detención y toleraron los abusos en contra de 41 mujeres que sufrieron vejaciones por el caso Atenco, pues se corre el riesgo de que los 20 detenidos en días pasados sean sólo “chivos expiatorios”. Como ocurre en algunos casos de jóvenes desaparecidas, en las que sólo por cerrar los expedientes se pretenden entregar a los padres de familia cuerpos distintos, en el caso Atenco el legislador perredista consideró que parece existir la misma intención (ahora que es un hecho el Aeropuerto Alterno al de la Ciudad de México en aquella zona): dar por finiquitado el caso con la detención de pececitos, pero sin que se trastoque a los tiburones. Para que los abusos del uso de la fuerza pública no queden impunes, advirtió, es necesario también fincar responsabilidades a los autores intelectuales de los hechos y a quienes si no ordenaron, al menos toleraron los excesos, por lo que también incurren en omisión o encubrimiento. Desde su punto de vista, es irrisorio que entre los nuevos detenidos se encuentren sólo ex servidores públicos o servidores públicos en funciones pero de bajo rango. En días pasados, recordó el legislador, el Juez Penal de Primera Instancia en Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, emitió dos órdenes de aprehensión por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento. Ocho de los detenidos eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, quienes resguardaron a personas de San Salvador Atenco y de Texcoco en el trayecto al penal estatal de Almoloya los días 3 y 4 de mayo de 2006, por presuntamente permitir actos constitutivos de tortura sobre 12 víctimas; 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres detenidas y no denunciaron los presuntos actos cometidos por los policías; y uno más se desempeñaba como agente del ministerio público pero no investigó la posible tortura. Otros dos policías actualmente son procesados por el delito de tortura en el penal de Almoloya de Juárez. En Atenco, lamentó el legislador, la justicia no sólo llega lenta, sino además se pretende que llegue incompleta, por lo que urgió a que también se indague y sancione la responsabilidad de los titulares de la Policía en aquél momento.