Sancionar mandos medios y superiores en Atenco: Octavio Martínez Vargas‏

Exige presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura local sancionar a mandos medios y superiores del caso Atenco

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, exigió que se finquen responsabilidades también a mandos medios y superiores que ordenaron la detención y toleraron los abusos en contra de 41 mujeres que sufrieron vejaciones por el caso Atenco, pues se corre el riesgo de que los 20 detenidos en días pasados sean sólo “chivos expiatorios”. Como ocurre en algunos casos de jóvenes desaparecidas, en las que sólo por cerrar los expedientes se pretenden entregar a los padres de familia cuerpos distintos, en el caso Atenco el legislador perredista consideró que parece existir la misma intención (ahora que es un hecho el Aeropuerto Alterno al de la Ciudad de México en aquella zona): dar por finiquitado el caso con la detención de pececitos, pero sin que se trastoque a los tiburones. Para que los abusos del uso de la fuerza pública no queden impunes, advirtió, es necesario también fincar responsabilidades a los autores intelectuales de los hechos y a quienes si no ordenaron, al menos toleraron los excesos, por lo que también incurren en omisión o encubrimiento. Desde su punto de vista, es irrisorio que entre los nuevos detenidos se encuentren sólo ex servidores públicos o servidores públicos en funciones pero de bajo rango. En días pasados, recordó el legislador, el Juez Penal de Primera Instancia en Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, emitió dos órdenes de aprehensión por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento. Ocho de los detenidos eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, quienes resguardaron a personas de San Salvador Atenco y de Texcoco en el trayecto al penal estatal de Almoloya los días 3 y 4 de mayo de 2006, por presuntamente permitir actos constitutivos de tortura sobre 12 víctimas; 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres detenidas y no denunciaron los presuntos actos cometidos por los policías; y uno más se desempeñaba como agente del ministerio público pero no investigó la posible tortura. Otros dos policías actualmente son procesados por el delito de tortura en el penal de Almoloya de Juárez. En Atenco, lamentó el legislador, la justicia no sólo llega lenta, sino además se pretende que llegue incompleta, por lo que urgió a que también se indague y sancione la responsabilidad de los titulares de la Policía en aquél momento.

EL DIP. OCTAVIO MARTÍNEZ PROMOVERÁ COMPARECENCIA DE TITULAR DE SSC; QUE DIGA POR QUÉ SIGUEN ROGELIO CORTÈS Y TITULAR DE CUSAEM

El diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, promoverá en mayo la comparecencia de Damián Canales, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para que esclarezca las razones por las que no han sido removidos Rogelio Cortés, director de la Policía Estatal, y el titular de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del estado de México (Cusaem), José Manuel Álvarez, pese a los señalamientos de presunta corrupción que pesan en su contra.

“No les veo ánimo de removerlos, lo que me dice que la seguridad no va a mejorar en el estado, y lo que procede es que el secretario venga a este Congreso junto con los directores a comparecer y a dar cuenta de los operativos que están desarrollando”, dijo. Por tanto, expuso, “en el mes de mayo estaremos emplazándolos a que vengan a comparecer”. A más de un mes de asumir el cargo y después de una semana de vencer el plazo que el propio Canales Mena comprometió para tener listo un dictamen, Martínez Vargas advirtió que parece no existir intención de sanear las estructuras de la SSC para eficientar los trabajos. Desde el punto de vista del diputado por Ecatepec, resulta imperante que se concrete la remoción de Cortés Cruz y de Álvarez González, sobre quienes pesan evidencias de presunta corrupción, pues de otra manera no mejorará la seguridad pública de la entidad. “Se encuentran arraigados desde hace muchos años y todo lo que se ha arraigado en este país tiende a corromperse. Ellos nombran a los mandos regionales, a los jefes de la policía en las distintas regiones y municipios, y es inexplicable cómo un comandante que estuvo en Tejupilco, después se nombra en Valle de Bravo y luego se designa en Tlalmanalco, agrava la inseguridad y consolida el crimen a donde llega”, expuso. Martínez Vargas recordó que existen antecedentes públicos de la presunta corrupción de Rogelio Cortés, conocidos a través de la difusión de un video en el que aparece instruyendo a elementos de tránsito en la extorsión de los automovilistas. “Es inexplicable que lo mantengan en el cargo, o su padrino es muy poderoso y por tal razón no se puede remover”, destacó. En tanto, al titular de los Cusaem ahora se le acusa de proteger a Víctor Hugo Gutiérrez Ayala, jefe de la Región Lerma, a quien sus elementos acusan de abuso de autoridad, extorsión, y quien ya enfrentó un proceso por robo y secuestro. “De ninguna manera se combatirá la corrupción si ellos no se van, y si no se combate la corrupción tampoco habrá eficiencia. Si hay corrupción y complicidades, desde luego no habrá resultados”, advirtió. Durante la comparecencia, agregó el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es necesario que Canales Mena además detalle acciones y resultados. “Hay muchas preguntas que tienen que responder; en ninguna parte del mundo se consolida el crimen sin la participación de la autoridad”, insistió.