El diputado Armando Portuguez Fuentes, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó en la LVIII Legislatura del Estado de México, la iniciativa para corregir la redacción del último párrafo de la fracción III del Articulo 204 del Código Penal del Estado de México. Portuguez Fuentes comentó que el tipo penal, tal y como está redactado en la actualidad, resulta muy amplio y ambiguo, ya que permite un margen de discrecionalidad que genera arbitrariedades en el funcionamiento de la autoridad administrativa, encargada de procurar justicia por los delitos en la entidad. De esta manera, el Ministerio Público está siendo omiso el cumplimiento de la averiguación de todos los hechos constitutivos de este delito. Es por ello que hace la cita del párrafo: “A quien permita directa o indirectamente el acceso a personas menores de edad a establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas como discotecas, bares, cantinas, pulquerías, centros nocturnos, centros de espectáculos, billares, centros de venta de cervezas o similares, así como a eventos, reuniones, fiestas o convivios al interior de inmuebles particulares, se le aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa.” Así, quienes laboran en tiendas con venta de bebidas etílicas o en restaurantes familiares, donde se venden cervezas u otras bebidas alcohólicas y donde entran menores de edad, son presuntos responsables del delito, que el Ministerio Público no está averiguando, aun cuando no se trate de discotecas, bares, cantinas o similares.
De esta forma, la propuesta del legislador es: “A quien permita directa o indirectamente el acceso a personas menores de edad a discotecas, bares, cantinas, pulquerías, centros nocturnos, centros de espectáculos, billares, eventos, convivios o similares, con el objetivo de venderles bebidas alcohólicas, se le aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa”. El diputado por el PRD agregó que “debemos cambiar y erradicar de tajo esa conducta por parte de los agentes del gobierno, ya que un derecho penal mal conceptualizado o que funciona deficientemente, en vez de engendrar confianza, engendra escepticismo, en vez de propagar fe en la población, propaga la desesperanza. Lo cierto es que en aras de proteger esos derechos, se propicia que se trasgredan otros y peor aún, que se pueda incriminar de manera injusta a las personas”.
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