Leo Zuckermann
El procurador general de la República informó que existen indicios de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados; sus restos habrían sido incinerados en un basurero de difícil acceso y las cenizas arrojadas a un río. Jesús Murillo aclaró que la investigación continúa: hay que esperar los resultados forenses para establecer que los pocos restos recuperados son de los estudiantes de Ayotzinapa. No obstante, los familiares se rehúsan a creer esta versión. No es gratuito: tantos años de abusos por parte de las autoridades nos han hecho escépticos de las investigaciones judiciales. Es común que los gobiernos mientan para proteger sus intereses o los de gente poderosa. Y esas mentiras, a veces chicas, a veces grandes, van minando poco a poco la credibilidad en las instituciones y los funcionarios que las dirigen.
Según el columnista de Excélsior, Francisco Garfias, “los padres de los normalistas no creen en la verdad oficial. Su vocero Felipe de la Cruz, dijo ayer que la versión de la PGR es una estratagema del gobierno federal para dar ‘carpetazo’ al doloroso asunto. Exigen una investigación científica y un dictamen avalado por los peritos argentinos. Desconfían de los nacionales”.
El fin de semana, The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, también dio cuenta del escepticismo. “Ya no sé qué creer”, declaró Ernestina Jacinto, madre de uno de los estudiantes desaparecidos. La nota afirma que México es un país con “una historia de confesiones obtenidas por medio de la coerción y detenciones simuladas”. De ahí que los parientes hayan reaccionado con “incredulidad y enojo, algunos acusando al presidente Peña Nieto de tratar de concluir el caso antes de su viaje planeado a Asia este fin de semana”.
Para ponerle más picante al asunto, el Times menciona la cancelación del contrato por tres mil 700 millones de dólares del tren rápido entre el DF y Querétaro “entre quejas de la oposición de que la licitación no fue transparente y favoreció a socios cercanos al señor Peña Nieto”. Y remata, regresando al caso de Iguala, constatando que personas dedicadas a los derechos humanos “han criticado las investigaciones”, en particular la dilación que tuvo el gobierno federal de entrar al asunto. De acuerdo con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, el Presidente “reaccionó tarde y de manera deficiente. La regla en México es la impunidad. No es una nación de leyes”.
Así nos ven afuera. Y también así debemos vernos dentro porque es la verdad, por más dura que sea. Claro que el gobierno se merece tanta incredulidad por parte de la sociedad. Ya son muchos años de abusos de poder que han quedado impunes.
Casos en los que incluso ha estado involucrado Peña. Recordemos que un año después de haber tomado posesión como gobernador del Estado de México, le dio “carpetazo” al caso de su antecesor, Arturo Montiel. Lo hizo de manera rápida apostándole a la desmemoria para minimizar un futuro costo político. Y le funcionó: no le quitó votos para llegar a la Presidencia. Así, Montiel evitó que lo investigaran por su grosera riqueza inexplicable. Hoy anda muy campante. Asistió a la toma de posesión de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México. La clase política local lo ovacionó y la cúpula priista nacional lo abrazó.
Vayamos a un abuso de poder más reciente: Tlatlaya. La Secretaría de la Defensa Nacional, subordinada al Presidente, mintió para encubrir las ejecuciones que realizaron un grupo de soldados el 30 de junio pasado. A este engaño se sumaron el gobernador y la Procuraduría del Estado de México. Presentaron todo tipo de pruebas periciales para demostrar un supuesto enfrentamiento. Hoy sabemos que fueron puras mentiras. Una investigación fabricada para ayudar a los militares.
Mentiras por aquí, mentiras por acá, mentiras para proteger los intereses de los poderosos: gente con dinero, políticos influyentes, militares e incluso criminales. En la conferencia de prensa, Murillo dejó entrever que en una de esas la Procuraduría de Guerrero habría manipulado las investigaciones de Iguala cuando el caso estuvo en sus manos. En fin, que cuando una autoridad miente sistemáticamente, a lo mejor sus engaños no tienen repercusiones inmediatas, pero sí van minando poco a poco la credibilidad en las instituciones y los funcionarios que las dirigen. No es gratuito, en este sentido, que al gobierno de Peña no le crean aunque ahora esté diciendo la verdad. Y es que la burra no era arisca: la hicieron a palos.
Twitter: @leozuckermann
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