En un dilema el futuro de la Suprema Corte de Justicia

Por Arlen Jaime Merlos El futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra bajo un gran dilema, esto bajo el escenario de la próxima renovación de dos ministros de la Corte, lo que definirá el rumbo de la justicia constitucional de nuestro país en los próximos años. Tomando en cuenta que este tribunal supremo constituye la figura del garante e interprete de la Constitución y el protector de los derechos fundamentales, es de ahí que la renovación a realizarse en próximas semanas de los dos ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero represente una gran inquietud; sin ignorar la renovación que se llevará a cabo en el 2018 del ministro José Ramón Cossío. El punto preocupante surge principalmente con el precedente del nombramiento del ex Procurador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte a principios de este año y que recordemos se ubicó en el centro de la opinión pública y del rechazo ciudadano por esa muestra de imposición y politización de la justicia lo cuál representó un fuerte golpe al arbitro constitucional de nuestro país por parte del presidente. Es por ello, que hoy emerge nuevamente la oposición pública a una nueva designación política del Presidente, porque justo en el momento en que se vive una crisis de credibilidad en las instituciones, es indispensable reflexionar sobre qué tipo de tribunal constitucional se requiere en el país. No olvidemos que el desarrollo de los Estados depende en gran medida de la confianza que la población tenga en sus instituciones, particularmente en la justicia, pues una democracia con un Poder Judicial fuerte representa una democracia más fuerte. Difícil resulta entender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un refugio de políticos con estrechas lealtades al Presidente, con carencia garantista y caracterizada por decisiones cercanas al poder y los riesgos no son menores. Tendríamos entonces que tener presente que el objetivo fundamental de la reforma constitucional judicial vigente desde 1994, consistió principalmente en dotar de legitimidad social, fortaleza y autonomía al Poder Judicial para que sea éste más independiente del Poder Ejecutivo y de otros poderes. Tengamos presente que la separación de poderes representa una sana distribución de las funciones del Estado, que los poderes tienen fortalezas para serle fiel a Montesquieu en su texto “Del Espíritu de las Leyes”