Terror en Tamaulipas: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violación en cuartel militar…

PROCESO NUEVO LAREDO, TAMPS. El 29 de septiembre, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, entregó un informe a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 64 páginas resume el clima oprobioso que envuelve a Tamaulipas. El documento incluye 23 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas federales, 22 desapariciones forzadas y una violación cometida en el Cuartel Militar de dicha ciudad.

En la entidad, los homicidios, secuestros y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles, lo que mantiene en la zozobra a los pobladores. Desde hace meses, el temor es generalizado y lo mismo se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en territorio tamaulipeco. Este es el diagnóstico del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entregado el martes 29 de septiembre a Tracy Robinson, comisionada de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un encuentro realizado en Monterrey, Nuevo León. Ese día se realizaron audiencias privadas en las que integrantes de agrupaciones sociales de los estados del norte del país hablaron de sus experiencias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y reiteraron su exigencia de justicia a los visitantes. Según el CDHNL, fundado en 1999 y dirigido por Raymundo Ramos Vázquez, la estrategia de seguridad para Tamaulipas emprendida el año pasado es un fracaso. Pese a que arribaron a la zona 15 mil elementos de la Policía Federal (PF), así como soldados y marinos, la inseguridad e indefensión no disminuyen. Por mucho que el gobierno federal asegure que en Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cantú, “la vigencia del estado de derecho es una realidad”, lo cierto es que los ciudadanos viven entre el horror y la destrucción, de acuerdo con el análisis de la citada organización, la única de su tipo que aún funciona en la entidad, en medio del hostigamiento de delincuentes y las fuerzas federales. Durante el encuentro en Monterrey, efectuado en la Facultad Libre de Derecho y al que acudieron representantes del CDHNL, así como activistas proderechos humanos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, Robinson escuchó de viva voz las quejas ciudadanas. El CDHNL le entregó a la comisionada su informe de 64 páginas titulado Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, una de las entidades más inseguras, violentas y con mayor índice de desconfianza hacia las autoridades. Ramos le entregó el informe personalmente a Robinson, quien estuvo acompañada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efrén Olivares. La enviada se comprometió a analizar el documento y a contactar a Ramos posteriormente. El documento refiere que la violencia se percibe principalmente en Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, justo en la frontera norte. El 13 de mayo de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la estrategia para apaciguar Tamaulipas, luego de una escalada de violencia atizada por sicarios de Los Zetas y del Cártel del Golfo, que paralizó las principales ciudades de la entidad. Y aunque las autoridades aseguraron que su intención era desarticular las bandas, sellar las rutas del tráfico de drogas, personas, armas y dinero, así como garantizar la creación de instituciones locales de seguridad eficientes y confiables, hasta ahora nada de eso se ha cumplido, sostiene Ramos. En su quinto informe de gobierno, presentado la semana pasada, Torre Cantú aseguró que habían llegado a la entidad 6 mil 120 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 900 de la Secretaría de Marina (Semar), 2 mil 293 de la PF, 2 mil 790 de la Policía Militar (PM) y 2 mil 962 de la Policía Estatal Acreditable (PEA), que se desplegarían en los 42 municipios del estado. Sin embargo, lejos de tranquilizar la entidad –indica el informe del CDHNL–, la llegada de las fuerzas federales en los últimos meses sólo creó un ambiente de miedo, injusticia y abuso de autoridad. Hoy, varios poblados están abandonados, las carreteras son intransitables y los ­desaparecidos se cuentan por miles. “Cuando el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró una guerra frontal al crimen organizado, en Tamaulipas la violencia alcanzó alturas inimaginables, creando una guerra de todos contra todos: cárteles contra cárteles, y cárteles contra autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dice el informe entregado a la comisionada Robinson. Y abunda: “Con Peña Nieto el escenario no tuvo una mejoría, a pesar de anunciar una estrategia diferente. En Tamaulipas las personas siguen desapareciendo, principalmente mujeres jóvenes, las carreteras son inseguras, los cárteles de las drogas siguen operando, a pesar de la captura de sus principales dirigentes, y las fuerzas federales no han podido garantizar ni paz ni seguridad”. Cifras negras Según las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, inscrito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas se documentaron 5 mil 293 casos de desaparecidos entre enero de 2007 y diciembre de 2014. Sin embargo, Ramos asegura que la cifra negra puede ser de 15 mil. Las cifras oficiales representan sólo 27% de los desaparecidos en todo el país –estimados en 23 mil 27–. Tamaulipas es líder en ese rubro, seguido por Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa. Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de este año, el mayor número de denuncias de privaciones ilegales de la libertad fueron registradas en el Estado de México, con mil 225; Tamaulipas, 607; Guerrero, 516; Morelos, 499; Distrito Federal, 418, y en Veracruz con 340. No hay estadísticas de los abusos que sufren en su travesía a Estados Unidos los migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Sólo se sabe que son víctimas de las autoridades migratorias y los vigilantes de La Bestia. Muchos de ellos son extorsionados, secuestrados y asesinados por bandas criminales en la ruta de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con reportes del albergue Hermanos del Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde. Y aun cuando el presidente Peña Nieto impulsó el fortalecimiento del marco jurídico para proteger los derechos humanos, promulgó la Ley General de Víctimas e incluso creó el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y de los periodistas, en la práctica esos mecanismos no funcionan, dice el informe del CDHNL. Hoy, agrega, la prevención del delito y la persecución de delincuentes es prácticamente inexistente en Tamaulipas, pues desde la administración de Calderón el gobierno estatal desapareció la policía local en la mayoría de los municipios. Torre Cantú firmó un convenio de colaboración mediante el cual el gobierno estatal depositaba en las Fuerzas Armadas y sus oficiales la estructura y operatividad de seguridad pública. El gobierno del estado incluso se encarga de cubrir los salarios de soldados, marinos y policías federales asentados en Tamaulipas, así como su hospedaje, transporte, armamento, vehículos y combustible, además de gastos médicos en caso de accidente e indemnizaciones por fallecimiento en el cumplimento del deber. “Según expertos en temas de seguridad –dice el informe–, Tamaulipas es un estado fallido donde las autoridades estatales no pueden garantizar a la población el derecho a la paz social, la justicia, la libertad de tránsito o expresión, entre otras. “Sin embargo, para el gobierno de la República, la vigencia del estado de derecho es una realidad. La corrupción en los más altos niveles de gobierno ha permitido una cercana convivencia entre funcionarios y delincuentes, cobijados también bajo un poderoso manto protector: el poder político.” Ciudadanos en el desamparo En el apartado más amplio, el CDHNL documenta 23 ejecuciones extrajudiciales, 22 desapariciones forzadas y una violación cometida en el Cuartel Militar de Nuevo Laredo. Pese a las denuncias ciudadanas, hasta ahora ningún militar ha sido procesado. En junio de 2011, la Marina envió a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fuerzas especiales para recabar información de inteligencia a fin de combatir al crimen organizado, aunque no informaron a autoridades locales del resultado de sus acciones. Las tropas navales tomaron como base de operaciones la denominada Ciudad Deportiva, ubicada en el Libramiento Segundo Anillo Periférico. “En ese lugar torturaban a los detenidos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, para obtener información que les permitieran detectar a delincuentes de mayor rango que operaban en la región y así proceder a su captura”, dice el informe. Entre el 2 y el 14 de junio de ese año, la CDHNL recibió 15 quejas que implicaban a personal naval por violaciones graves a los derechos humanos en las detenciones arbitrarias. Algunos incluso fueron torturados e incomunicados; otros desaparecieron. Entre los casos denunciados por ­desaparición forzada –en 23 de los cuales estuvieron implicados elementos de las fuerzas federales– destacan los de José Cruz Díaz Camarillo, José Fortino Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez, Usiel Gómez Rivera y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez. Familiares de otros nueve detenidos se retractaron de sus denuncias por miedo a represalias mayores de las autoridades, dice Ramos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 39/2012 contra la Secretaría de Marina relacionada con la averiguación AP/PGR/TAMPS/REY-III/1979/2011, en el que la Procuraduría General de la República había concentrado las seis investigaciones. La Marina pagó 200 mil pesos a cada familia y se comprometió a solventar los estudios de los hijos de las víctimas hasta nivel licenciatura. No obstante, la fiscal federal Rocío Escobar González no encontró elementos de responsabilidad contra los marinos implicados y el 27 de abril de ese año informó a las familias que la averiguación quedaba en reserva. También hay otro caso de desaparición forzada y ejecuciones que involucran a personal de la Marina. Las víctimas son tres menores: Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años, Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17, quien fue arrestado el 30 de julio de 2013, y Diana Laura Hernández Acosta, de 15, así como David Veliz Leija y José de Jesús Martínez Chigo. La madre de Juan Pablo denunció que el 8 de agosto elementos navales entraron a su casa y se lo arrebataron; al día siguiente apareció muerto en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras. Tenía huellas de tortura. El cuerpo fue robado antes de que llegara el MP a dar fe de los hechos, según la averiguación AP/PGR/TAMPS/NL-II/3048/2013. Junto al chico apareció el cadáver de Veliz Leija. El informe del CDHNL menciona también los casos de los exgobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, quienes enfrentan acusaciones criminales en Estados Unidos. Contra el primero hay una orden de aprehensión por narcotráfico, fraude bancario y lavado de dinero; Hernández enfrenta un cargo formal en el estado de Texas por lavado y narco.