Eliminación del círculo vicioso pobreza-violencia, si se privilegian derechos sociales en Constitución de la CDMX

Inaugura Ojeda Anguiano foro “Política Social para la Ciudad de México: fortalezas, debilidades y propuestas”. Participan secretario de Desarrollo Social capitalino, especialistas y representante de CEPAL.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, inauguró el foro “Política Social para la Ciudad de México: fortalezas, debilidades y propuestas”, en donde investigadores, académicos y funcionarios coincidieron en privilegiar el respeto a los derechos sociales en la capital en el diseño de la nueva Constitución con un enfoque integral que abata el círculo vicioso pobreza-violencia. Durante el evento organizado por la Cámara de Diputados a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) y el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, destacaron la importancia de que diputados y especialistas analicen la política social capitalina para evaluar su evolución y proponer soluciones que resuelvan problemáticas reales que enfrenta la población en condiciones de desigualdad. Ojeda Anguiano (PRD) propuso que en la Constitución de la Ciudad de México se analice el modelo de política social del “Buen vivir” que alienta que nadie se quede sin lo esencial, como estrategia viable para hacer realidad la equidad, principio innegable que conlleve y garantice la paz social. Este nuevo marco jurídico debe incluir los derechos sociales, ya que el impacto de los programas sociales han contribuido a reducir los índices de pobreza; no obstante, se requiere diseñar modelos que amplíen el número de beneficiarios y apoyos. Afirmó que la visión integral de los derechos sociales, su respeto y la certeza de continuidad de sus beneficios, se han convertido en leyes; realidades que han quedado jurídicamente blindadas, por lo que las políticas sociales de la Ciudad de México, por su impacto, son modelo en otras entidades federativas. Impulsar la política social requiere el trabajo conjunto entre ciudadanos y gobierno, factor esencial, ya que sólo así se puede conducir el esfuerzo para aprovechar de forma responsable la riqueza de la ciudad. En la actualidad esta estrategia tiene especial relevancia por las condiciones económicas de la población, aseveró. Horacio Sánchez Bárcenas, presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, informó que elaborarán un plan maestro de propuestas para resarcir la pobreza que padecen millones de ciudadanos, entre los que destaca la viabilidad de aprovechar fondos económicos que manejan organismos internacionales para superar este fenómeno. La Ciudad de México registra un índice de desarrollo humano alto en comparación a diversas entidades; sin embargo prevalecen problemas como la pobreza, que sufre casi un millón de capitalinos que, vinculada a la desigualdad, es resultado de la falta de crecimiento económico que ha alentado altas tasas de desempleo, por lo que propuso trabajar conjuntamente entre gobiernos federal y estatal, sociedad civil y especialistas para proponer soluciones viables. Estimó que ante la inestabilidad de la economía mundial que repercute en el tipo de cambio peso-dólar, precios del petróleo, baja en el crecimiento de países líderes, entre otros indicadores, aumentará la pobreza y se ampliará la brecha en la distribución de los ingresos. El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, propuso que la Constitución capitalina incluya un decálogo de derechos sociales, entre los que destacan inclusión de grupos vulnerables con un enfoque universal e impulsar disminución de pobreza, desigualdad, barreras económicas y sociales, para que todos los habitantes tengan igualdad de oportunidades y mejoren su calidad de vida. Asimismo, fundamentar la política social en el ejercicio de los derechos; priorizar la integralidad para que estrategias y programas sociales se relacionen y complementen entre sí; garantizar que derechos y oportunidades sean iguales entre hombres y mujeres, y reducir desigualdades entre grupos sociales. Amieva Gálvez propuso una estrategia social efectiva para ejecutar los programas de manera más rápida y garantizar el mayor impacto posible, siempre con el menor costo administrativo; y también alentar la participación ciudadana a fin de lograr una mayor cohesión social y sentido de pertenencia a la ciudad por parte de sus habitantes, y fomentar transparencia y rendición de cuentas, a través de reglas de operación de programas sociales, convocatorias y mecanismos de acceso a los beneficios, con el propósito de que la ciudadanía esté informada respecto a las acciones que ejecuta el gobierno capitalino. El funcionario capitalino planteó además evaluación y monitoreo que permitan maximizar los resultados en el bienestar de la población, valorar resultados y retroalimentar la planeación y toma de decisiones en torno a la política social y mejorarla constantemente. Aseguró que se ha reducido la pobreza en la capital del país, ya que 460 mil personas abandonaron esta situación en el 2014, lo cual refleja la importancia que tiene la Ciudad de México en un sistema de seguridad social integral, el más grande a nivel nacional, cuyos beneficiarios son el 80 por ciento de la población, equivalente a más de 7 millones de personas. Se requerirán 346 años para acabar con la pobreza urbana y 470 para abatir la rural Genaro Aguilar Gutiérrez, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la ponencia “Evolución de la pobreza urbana en México”; propuso diseñar un sistema de protección social integral e incluyente para la capital del país, como el instaurado en Europa. Sólo así se superará la actual política social diseñada por programas sociales individuales que atienden sólo una parte de la pobreza, pero no la totalidad. Con este enfoque se incluiría la atención de la seguridad social, trabajo, ingreso, salud, vivienda, educación, desarrollo agroindustrial y cultura, entre otros aspectos. Esto podría financiarse fácilmente si se recauda con eficiencia y pagan impuestos quienes deben hacerlo, explicó. Todavía los grandes empresarios siguen sin cumplir con este pago, pese a las buenas intenciones; los dueños de hoteles de lujo no pagan prediales y los ciudadanos sí. Recaudar adecuadamente permitiría financiar un sistema de protección social integral. Actualmente sólo se capta tributación por el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Si seguimos por el mismo camino, con los mismos programas sociales y la actual política pública, con una tasa de crecimiento económico de uno por ciento anual por abajo del aumento demográfico, se requerirán 346 años para acabar con la pobreza urbana y 470 para abatir la pobreza rural”, apuntó. Refirió que en la Ciudad de México la estrategia social no ha logrado reducir la pobreza de forma significativa en los últimos 20 años, por más que estén muy bien diseñados los programas sociales, ya que la pobreza alimentaria pasó de 8.7 a 7.7 por ciento, es decir, uno por ciento, “una reducción fue insignificante; en tanto, la pobreza patrimonial varió de 34 a 31 por ciento, permaneció casi igual”. Arturo Cerón Vargas, director del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa), en su ponencia “Alcances y perspectivas de la evaluación de la política social”, resaltó la importancia de medir el desempeño de los programas sociales, a fin garantizar una aplicación eficiente y el cumplimiento de objetivos en apoyo a los grupos vulnerables, que evite la regresividad y duplicidad. “Lo que no se evalúa no se puede mejorar, por lo que la evaluación es el gran reto en la política social”. Sólo así se logra transparencia en el uso de los recursos públicos, cuya inversión asciende casi a 56 mil millones de pesos en gasto social en la Ciudad de México. De no realizarse las transferencias monetarias a través de los programas sociales, la pobreza aumentaría un punto porcentual cada año: el reto de la política social radica en otorgar seguridad social a la totalidad de los trabajadores en la capital del país, mientras que los programas sociales vigentes se concentran en salud y educación. Sostuvo que “la política social tiene que asegurar que no se rompa el tejido social e integre a todos los sectores poblacionales hacia condiciones de igualdad y un mejor nivel de vida”. Resaltó la importancia de evaluar las reglas de operación de los programas sociales capitalinos, a fin de asegurar una aplicación transparente de recursos que redunde en atender a la gente que lo requiere de forma prioritaria. Pablo Yánez Rizo, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su exposición titulada “Diseño histórico de la política social en la Ciudad de México”, apuntó que esta estrategia debe sustentarse en un enfoque que privilegie los derechos sociales y supere el asistencialismo. Apuntó que la Ciudad de México tiene un marco jurídico fuerte que sustenta las acciones sociales a través de la Ley de Desarrollo Social, aprobada en el 2000. Sin embargo, advirtió que este entramado legal no es condición suficiente para garantizar la reivindicación de los derechos sociales, por lo que organismos internacionales como la ONU están preocupados por la falta de implementación. Reconoció que “ha habido avances importantes respecto a la normativa de estos derechos, pero todavía la aplicación efectiva de la legislación es un enorme desafío. No porque esté en las leyes está en la realidad, es indispensable aplicarlo”. Se requiere, por ejemplo, garantizar la universalidad en la entrega de los apoyos. El financiamiento del desarrollo social debe discutirse desde la perspectiva fiscal, para que se tengan los recursos necesarios que la sustenten: “la pobreza no puede combatirse con pobreza, porque el impacto de los programas sociales se miden de acuerdo con su diseño y presupuesto que tengan para implementarse”. Lorenzo Rafael Hernández Estrada, coordinador de Asesores y Relaciones Interinstitucionales de la Delegación Iztacalco, habló sobre el Programa de Apoyo a los Adultos Mayores en la Ciudad de México, refirió que consolidar estrategias de esta índole “no es obra de una mentalidad individual ni mesiánica, tampoco significa una dádiva ni concesión graciosa, sino un derecho de los ciudadanos que los gobiernos están obligados a respetar”. La existencia del programa de apoyo a adultos mayores es un reconocimiento social a este sector por los años en que contribuyeron a la construcción del México moderno. “Lo que se criticó como populismo fue un sentido de justicia social, hoy asumida por distintos gobiernos”, aseveró. Lo importante es que en el marco legal se establezca el derecho a esa pensión alimentaria, garantizando ese precepto con una norma jurídica, aprobada en 2003.