La respuesta del Estado Mexicano a los defensores de los derechos humanos

Por Arlen Jaime Merlos

Después de duros informes que reflejan la crisis de derechos humanos que se vive en México, dados a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la ONU; hoy el gobierno federal lejos de dar respuestas a la altura, ha iniciado una ofensiva mediática en contra de la CIDH, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la ONU con el rechazo a la visita del relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, en este año. A pesar de que el Estado Mexicano afirmó que dará seguimiento al trabajo en conjunto con los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, la realidad es distinta. Por un lado, la respuesta para recibir al relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez ha sido negativa. Recordemos que el 9 de marzo del 2015, Juan Méndez presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos y aseguró que en México la tortura era generalizada en todo el país, destacando la existencia persistente de una cultura de impunidad y brutalidad que se ha denunciado durante años; ante esto, la respuesta inmediata del Estado Mexicano fue descalificar el informe del relator al afirmar que “no fue profesional ni ético” y que no valoró adecuadamente la información brindada por las autoridades mexicanas. Más tarde en septiembre de 2015, el relator de Naciones Unidas solicitó realizar una visita de seguimiento debido a que en el mes de octubre de 2016 concluye su mandato; sin embargo, el pasado 26 de marzo, el gobierno federal anunció rechazar su visita de trabajo y seguimiento al país por “cuestiones de agenda”, toda vez que se encuentran programadas con anterioridad las visitas de otros expertos. Por otro lado, no debemos olvida la campaña mediática en contra de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes han dado seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mismos que mediante un informe presentado en septiembre de 2015 desacreditaron la versión oficial de la Procuraduría General de la República. En el mismo sentido, hace unos días se dio inicio a la averiguación previa abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prueba más clara del ataque directo del gobierno federal contra los defensores de los derechos humanos. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado en los últimos meses, que México padece una crisis de derechos humanos manifestada en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas como métodos de investigación, la trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas, indicadores que reflejan la situación crítica en materia de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. La averiguación previa abierta contra el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representa la ofensiva del gobierno federal por ese duro informe que presentó la CIDH sobre los derechos humanos en México. Sin duda, Emilio Álvarez Icaza es visto por la sociedad civil mexicana e internacional como un símbolo por la defensa de los derechos humanos en México y ahora en América Latina. Este talante autoritario del Estado Mexicano que se caracteriza por descalificar a sus críticos y que son precisamente los organismos internacionales los que han puesto el acento crítico al gobierno federal por su desatención a la grave crisis humanitaria que padece nuestro país. Ante la exigencia de justicia de los organismos internacionales, la respuesta del Estado de Mexicano ha sido una ofensiva mediática contra estos organismo que han marcado los errores del gobierno federal. Es asombroso que tengan que intervenir organismos internacionales en las graves violaciones de derechos humanos que se viven en nuestro país y quienes tengan que exigir justicia y solución a la crisis humanitaria, porque la justicia en México no es consustancial al Estado Mexicano en este periodo. Y es precisamente la incursión de estos organismos que tienen que ver con casos como los de Dafne Fernández, la adolescente que fue abusada sexualmente, ultrajada en enero del 2015, hace ya más de un año y la Fiscalía General del Estado de Veracruz no resuelve aún la configuración del delito, en un Estado que se hace gala de la impunidad ante la complicidad del poder económico y político, pero ejemplos de violaciones de derechos humanos y de impunidad hay muchos más en todo el país.