Por: David Esquivel
Tlalnepantla.-Edoméx.-Organizaciones civiles del Valle de México pidieron al próximo Gobernador o gobernadora, aún no está decidido el asunto; del Estado de México “vetar” la adjudicación de obras públicas, que se llevarán a cabo dentro de la entidad mexiquense, a empresas involucradas en la construcción de la autopista Paso Exprés del Estado de Morelos, y que se presume participan en la construcción del Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México y el nuevo aeropuerto capitalino.
“Después de la muerte de dos ciudadanos que cayeron al socavón del paso Exprés en Morelos, para toda autoridad debería quedar claro qué las empresas involucradas no deben ser beneficiadas con obras públicas en el Estado de México”, consideró Carlos Eduardo Pérez Ventura, dirigente de “Construyendo Ciudadanos con Valores”, quien agregó que las organizaciones sociales esperan que el próximo gobernador se preocupe por mejorar las condiciones de vida y seguridad pública de los mexiquenses.
Pérez Ventura dijo que en el accidente de Morelos evidenció la irresponsabilidad de las empresas Construcciones Aldesem y Epccor, la primera de ellas española, en la construcción del Paso Express y es evidente que no son de fiar, al no prever el hundimiento del tramo carretero con estudios de suelo previos y no garantizaron la seguridad de la obra de alto impacto vial.
Este martes once representantes de organizaciones sociales ofrecieron una conferencia de prensa, para exigir que la sociedad mexiquense sea escuchada por el gobierno entrante y, por principio de cuentas, “vete” a empresas que participaron en los trabajos defectuosos del Paso Exprés.
Pérez Ventura abundó que las empresas Construcciones Aldesem y Epccor no pueden seguir siendo beneficiadas con contratos millonarios de obras públicas en el país y menos en el Estado de México, donde se presume participan en trabajos del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y del Tren Interurbano.
Dijo que investigaciones de organizaciones sociales establecen que existen vínculos familiares de dueños de Epcoor y la empresa Gutsa Infraestructura, la que en el año 2011 fue vetada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a incumplimientos en la construcción de la obra Estela de Luz.
“Estas son las empresas que no queremos que trabajen en el Estado de México, porque están costando vidas”, agregó Pérez Ventura. Dijo que el próximo gobierno debe asumir una posición de sensibilidad y escuchar las voces de los ciudadanos, para que vuelvan a confiar y creer en las instituciones y gobernantes.
Señaló que quien asuma el Gobierno del Estado de México, en el mes de septiembre, “será gobernador o gobernadora de las minorías”: si se considera que el 4 de junio solamente votó el 53 por ciento de los electores y con el 32 por ciento de este porcentaje retendrá la gubernatura el próximo mandatario, “es evidente que no obtuvo el voto de las mayorías y por tanto debe gobernar del lado de los ciudadanos”, dijo.
Coincidieron en señalar lo anterior representantes de las organizaciones: “Contraloría ciudadana por la vigilancia y transparencia”; “Organización Mexiquense contra la corrupción”, “Más allá de los colores”, “Unión de Obreros, empleados y campesinos AC”, y dijeron que serán vigilantes del nuevo gobierno para que dé resultados en dos puntos principales: seguridad y erradicación de la corrupción.
Aseguraron que crearán un “gabinete espejo” para revisar el desempeño del nuevo gobierno, exigirán la construcción de obras y pugnaron por una respuesta inmediata en materia de seguridad, pues el estado de México debe abandonar los primeros lugares en feminicidios, homicidios violentos, asaltos a transporte, extorsiones, robo de vehículos entre otros.
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