Los Comités de Cuenca de Sonora (CCRS), aseguraron que interpusieron demandas en contra de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que no han atendido adecuadamente a las personas afectadas por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre en el Río Sonora, ocurrido en 2014.
Representantes de los CCRS, dijeron que los pozos de Sinoquipe y La Labor resultaron contaminados con arsénico y manganeso, por lo que alrededor de 762 personas, no han sido debidamente atendidas y fueron afectados con desechos tóxicos en sangre y orina.
Dichas instituciones de salud, informaron que han incumplido con el compromiso de monitorear a las personas afectadas y revisarlas cada 15 días, como se acordó tras el derrame, ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Luis Miguel Cano, abogado de los CCRS, aseguró "Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y de la empresa Grupo México (propietaria de la mina), según el cual ya no existe contaminación en el Río Sonora”.
"Es preocupante porque este discurso ha favorecido que en los últimos dos años, se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para los estudiantes, con agua que proviene del Río Sonora, sin tratamiento de potabilización que separe los metales pesados".
Ramón Miranda, representante del Comité de Cuenca de Sonora Aconchi, denunció que sumado a la falta de atención médica, para las 27 comunidades de los siete municipios dañados, a los pacientes que se atienden, se obliga a no revelar que fueron afectados por los tóxicos.
Reveló también que la gente tiene temor y miedo de decir, porque los hacen firmar un pacto de confiabilidad de que si salen con metales en la sangre no lo deben comentar. Por lo que se piensa que la información se está ocultando.
Los representantes de los comités, denunciaron que la gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, redujo el número de plantas potabilizadoras de 36 a nueve, lo que supone un riesgo para la población, que por necesidad tiene que consumir agua del río contaminado.
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