• Los daños al erario público son multimillonarios y el nivel de endeudamiento es tanto grosero como impagable.
Por Mario Ruiz Hernández
VALLE DE MÉXICO., agosto del 2018.- En la transición que gobiernos municipales habrán de realizar en un proceso más que de ley por cortesía rumbo al 1° de enero del 2019, hay que tener claro la administración a la que se llegará.
Al menos, en distintas demarcaciones de esta zona Metropolitana del Valle de México, las haciendas públicas técnicamente se encuentran en “bancarrota”.
Muchas de ellas, “saqueadas”, endeudadas y sin considerable dinero que dé margen de maniobra a efecto de saldar los compromisos de fin de año y mandato.
Municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y otros del Oriente del Edomex, mantienen elevados pasivos que resultan impagables.
Aunado, a problemas demasiado serios que al parecer, son los del más alto conflicto y que tienen que ver, con las distintas nóminas; es decir, “la normal, la secreta y la de aviadores”.
Asimismo, y en casi todos los ayuntamientos mexiquenses, las diversas estructuras conformadas de funcionarios, y de esas tantas, "la de familiares, los compromisos políticos y las de partido".
Sin embargo, el asunto de la mayor prioridad a resolver- y quién sabe para cuándo-las deudas tanto públicas como privadas, a proveedores y prestadores de servicios.
Según estudios de finanzas municipales, y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los ayuntamientos siguen canalizando el mayor recurso público al capítulo 1000.
En ese sentido, el 37 por ciento de su presupuesto a servicios personales, el 5 por ciento a materiales y suministros, el 13 por ciento a servicios generales, el 13 por ciento a transferencias y subsidios, 21 por ciento a la inversión pública, 5 por ciento al pago de la deuda y el 8 por ciento a otros egresos.
El panorama tétrico para autoridades electas que reciben la gerencia, y para nada son las mejores condiciones para enfrentar el mañana y cuando menos garantizar salarios.
Prever desde estos momentos, que al cambio de gobierno y en la entrega-recepción, al menos exista dinero en cajas y resolver situaciones de emergencia.
En serio que hay que evitar “grillas baratas”, e inculpar a los demás, a la vez que ya en funciones salgan con las justificaciones absurdas del “ya vieron cómo nos dejaron”.
Finalmente y sin que suene a “cacerías de brujas, y con los tamañas suficientes”, actuar en consecuencia con “los presuntos ladrones, y saqueadores del erario público”, de lo contrario, seguirá la omisión y las complicidades.
VALLE DE MÉXICO., agosto del 2018.- En la transición que gobiernos municipales habrán de realizar en un proceso más que de ley por cortesía rumbo al 1° de enero del 2019, hay que tener claro la administración a la que se llegará.
Al menos, en distintas demarcaciones de esta zona Metropolitana del Valle de México, las haciendas públicas técnicamente se encuentran en “bancarrota”.
Muchas de ellas, “saqueadas”, endeudadas y sin considerable dinero que dé margen de maniobra a efecto de saldar los compromisos de fin de año y mandato.
Municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y otros del Oriente del Edomex, mantienen elevados pasivos que resultan impagables.
Aunado, a problemas demasiado serios que al parecer, son los del más alto conflicto y que tienen que ver, con las distintas nóminas; es decir, “la normal, la secreta y la de aviadores”.
Asimismo, y en casi todos los ayuntamientos mexiquenses, las diversas estructuras conformadas de funcionarios, y de esas tantas, "la de familiares, los compromisos políticos y las de partido".
Sin embargo, el asunto de la mayor prioridad a resolver- y quién sabe para cuándo-las deudas tanto públicas como privadas, a proveedores y prestadores de servicios.
Según estudios de finanzas municipales, y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los ayuntamientos siguen canalizando el mayor recurso público al capítulo 1000.
En ese sentido, el 37 por ciento de su presupuesto a servicios personales, el 5 por ciento a materiales y suministros, el 13 por ciento a servicios generales, el 13 por ciento a transferencias y subsidios, 21 por ciento a la inversión pública, 5 por ciento al pago de la deuda y el 8 por ciento a otros egresos.
El panorama tétrico para autoridades electas que reciben la gerencia, y para nada son las mejores condiciones para enfrentar el mañana y cuando menos garantizar salarios.
Prever desde estos momentos, que al cambio de gobierno y en la entrega-recepción, al menos exista dinero en cajas y resolver situaciones de emergencia.
En serio que hay que evitar “grillas baratas”, e inculpar a los demás, a la vez que ya en funciones salgan con las justificaciones absurdas del “ya vieron cómo nos dejaron”.
Finalmente y sin que suene a “cacerías de brujas, y con los tamañas suficientes”, actuar en consecuencia con “los presuntos ladrones, y saqueadores del erario público”, de lo contrario, seguirá la omisión y las complicidades.
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