Posicionamiento del Organismo Nacional de Mujeres Perredistas

El Estado mexicano tiene una deuda con sus mujeres: nuestro derecho pleno a la salud sigue sin estar garantizado.

Y es que el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestros derechos sexuales y reproductivos exige que en nuestras leyes se nos garantice poder interrumpir un embarazo no deseado durante las primeras doce semanas de gestación.

Mientras este legítimo derecho siga sin reconocerse por ley, seguirán muriendo mexicanas por abortos clandestinos mal practicados, y más mujeres seguirán siendo injustamente criminalizadas: tan solo entre 2000 y 2017, según datos de la sociedad civil, al menos 3,900 mujeres han sido encarceladas por interrumpir sus embarazos.

Tengamos el valor y la responsabilidad de afrontar la realidad: la no legalización no evita que sigan existiendo abortos, más bien lo que hace es orillar a las mujeres pobres a practicárselos en situaciones clandestinas que ponen en alto riesgo sus vidas.
Las mujeres con recursos económicos viajan a la capital del país a tener una interrupción de sus embarazos en condiciones de libertad y seguridad, las pobres mueren porque se les orilla a condiciones inseguras e insalubres: las pobres son criminalizadas, las pobres están en completa indefensión porque no terminamos de entender que este es un asunto de salud pública y de justicia social.

Las democracias más avanzadas del mundo han legalizado la interrupción del embarazo porque se han ceñido a principios científicos.

Urge que logremos que la ciencia gane la batalla a la ignorancia, en nuestro marco jurídico, urge porque cuesta vidas de muchas mujeres.

1 de cada 13 muertes maternas en México es causa de una interrupción de embarazo mal practicada.

Los grupos conservadores que se manifiestan en contra del derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos olvidan que México es un Estado laico, en el que sus leyes y gobiernos se deben a principios democráticos: igualdad de derechos para todas y todos.

Quienes defienden la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos pretenden que la doble moral rija sobre la ciencia y los principios democráticos, dicen defender la vida con el argumento falaz de considerar a un embrión una persona, y poco les importan las mujeres y su salud. Es hipócrita sostener que “defienden la vida” cuando sobre la invisibilización de todas las miles de mujeres que han muerto por abortos clandestinos no dicen ni una palabra.

La legalización de la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas no obliga a ninguna mujer a abortar, esta es una decisión individual ante la difícil situación que implica un embarazo no deseado. La maternidad debe ser elegida, no impuesta.

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

25 millones de abortos al año se practican en el mundo de manera insegura. 25 millones de mujeres al año se juegan la vida porque no se les reconoce el derecho a decidir.

¡Abramos los ojos! El aborto es una situación extrema no deseada por ninguna mujer, pero la realidad es que estas situaciones extremas siguen y seguirán pasando, por ello la responsabilidad política de legalizarlo y de entender el momento histórico que vive no sólo
México sino América Latina: el movimiento feminista está vivo y más fuerte que nunca y es deber de los Congresos escucharlo y atender sus demandas: el derecho a la interrupción del

embarazo es fundamental para avanzar en el camino de la libertad y de la igualdad de todas las mujeres.

Por todo esto, es que el Organismo Nacional de Mujeres Perredistas invita a toda la sociedad en su conjunto a sumarnos el día de mañana 28 de septiembre al llamado de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Saldremos a las 15:30 horas del Monumento a la Madre en la CDMX y desde otras plazas públicas al interior de la república para sumarnos en unísono a la sociedad civil que gritará fuerte y claro a lo largo y ancho del continente: ¡las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos!

Así mismo, hacemos también el llamado a todas las y las legisladoras que dicen amar a México para que, con responsabilidad democrática, asuman su papel histórico y analicen y promuevan la iniciativa de ley que Guadalupe Almaguer Pardo ha metido al Congreso para que el derecho a la interrupción legal del embarazo en las primeras doce semanas de gestación sea una realidad en nuestras leyes federales.

Esto es una deuda de la democracia con las mexicanas. Es momento, es ahora cuando debemos saldarla.