El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana realizó el cuarto foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en la Facultad de Estudios Superiores plantel Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con los temas sistema probatorio y medidas cautelares.
La coordinadora del Grupo, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA),
resaltó que la trascendencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares es indiscutible para la vida cotidiana de las personas. Destacó la
necesidad de establecer criterios legales sólidos en el nuevo código para dar
certeza jurídica a los justiciables y operadores jurídicos en general.
Las medidas cautelares en materia familiar, dijo, “no deben
ser consideradas como un elemento más del proceso, sino como herramientas
fundamentales para la pacificación del país y contener la ola de violencia en
el seno de las familias, principalmente contra mujeres, niños y personas
mayores”.
Refirió que la pandemia fue un elemento detonador de la
violencia familiar, los casos aumentaron más de 50 por ciento a los previos al
confinamiento; por ello, dijo, es importante que en la valoración de las
pruebas y la declaración de las medidas cautelares haya perspectiva de derechos
humanos y “esto es requisito indispensable para que haya justicia en nuestro
país”.
“Estos foros son para escuchar las voces e inquietudes de
académicos, litigantes, jueces y justiciables para la elaboración de esta norma
jurídica de gran trascendencia”, puntualizó.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que los
temas de hoy son importantes para la labor legislativa que representa la
construcción de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que
será fundamental para la vida de las y los mexicanos, “ya que por su naturaleza
se convierte en una de las herramientas jurídicas que se utiliza todos los
días”.
Consideró que el derecho y las leyes deben avanzar y
evolucionar junto con la sociedad que regulan atendiendo la dinámica social y
coyuntural. “Nuestras leyes deben fungir como un instrumento de vanguardia,
pero sobre todo de inclusión en donde se respeten los derechos de las diversas
poblaciones y comunidades, y atendiendo la perspectiva de género”. Sostuvo que
es indispensable adoptar medidas cautelares eficaces, en lo particular
tratándose del interés superior de las niñas y los niños.
Participación de especialistas
Alejandro Ojeda Anguiano, director ejecutivo de Justicia
Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la
Ciudad de México, estimó importante que se tejan las bases para tener un único
código de procedimiento civiles, para que los estados no tengan sus propios
requisitos, trámites y tiempos, sino algo que unifique a la República.
Fernando Macedo Chagolla, director de la Facultad de
Estudios Superiores Aragón, resaltó la trascendencia de establecer un esquema
único y tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que
brinde un beneficio a la sociedad, así como la importancia de un sistema que
permita que las pruebas den certeza en la toma de decisiones en materia civil y
familiar.
Julio César Ponce Quitzaman, jefe de la División de Ciencias
Sociales de la FES Aragón, dijo que estos foros tienen un impacto nacional y en
ellos se va a deliberar cuál es el camino que debe tener el nuevo Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual es una demanda y
requerimiento de la sociedad.
Exponen propuestas respecto al sistema probatorio
En la mesa 1 con el tema Sistema probatorio, desde
plataforma digital, el director de Cooperación Procesal Internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, José Luis Amaro Jaramillo, mencionó que
cada año se gestionan aproximadamente 3 mil cartas rogatorias, provenientes
tanto del extranjero, como de México para otros países y la mayoría de ellas
son originadas por asuntos familiares como divorcio, pensión alimenticia o
custodias, por lo que se requiere agilidad en el trámite; por ello, es
necesario que estas figuras puedan resolverse a través de medios electrónicos.
Enrique de Jesús Durán Sánchez, juez Noveno de lo Civil de
Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, subrayó
que si el sistema es adversarial va a limitar al juez y hay contraposiciones
dentro del propio articulado, es decir, “no va a permitir al juez que haga
cuestionamientos; seríamos unos jueces paralizados en el sentido de no poder
ingresar a cuestionar las pruebas”. Mencionó que el actual Código Federal de
Procedimientos Civiles previene los principios de atracción de la prueba y de
indagación de la prueba, pero estos no son recogidos en la iniciativa.
Agapito Campillo Castro, magistrado adscrito a la Novena
Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señaló que, de
introducirse la prueba del careo civil en el código único, debe regularse como
una prueba en particular donde se definan parámetros, cómo se ofrece, cuándo se
ofrece y si va a ser a petición de parte o una facultad del juzgador de carear
a la parte actora con la demandada; el careo civil debería estar en este código
único.
Germán Vega Ordóñez, miembro de la Barra Mexicana, Colegio
de Abogados A.C, afirmó que el lenguaje de la redacción de las normas debe ser
adecuado y los conceptos accesibles para todas las personas. “Una ley mal
redactada es sinónimo de graves problemas, antinomias, aberraciones y
contradicciones”. Precisó que este código puede ser la única manera en que se
van mejorar los procesos civiles y familiares mediante la actualización de
criterios.
Del Colegio de Notarios Públicos de Veracruz, el notario
Adolfo Montalvo Parroquín, agradeció la invitación y mencionó que han trabajado
en algunas propuestas. En tanto, del mismo colegio, el notario Joel López
García planteó modificaciones en la redacción del capítulo primero
“Disposiciones Generales” del Título Quinto de Justicia Familiar, al Título y
Capítulo donde se tratan los procesos no contenciosos. Mencionó que “la
participación del notario en este tipo de procedimientos descarga mucho el
trabajo de los juzgados”.
Sebastián Sergio Cerda Ezeta, quien se ha desempeñado como
consejero nacional de la Red Juvenil por México, propuso la creación de un
procedimiento especial con plazos proporcional y razonablemente reducidos en el
que se considere la demanda, la contestación en cinco días, la práctica de la
prueba pericial en genética molecular, conclusiones y sentencia, salvo las
excepciones que la ley establece.
Libertad Suárez Sánchez, licenciada en Derecho y con
doctorado en Cultura de Derechos Humanos, sostuvo que promover, respetar,
proteger y garantizar derechos humanos son norma jurídica que se debe cumplir,
de lo contrario se contrapone al orden jurídico mexicano; por tal motivo, dijo,
este código debe tener un control de convencionalidad y enaltecer a las
personas social, cultural y económicamente.
Medidas Cautelares
Durante mesa 2, con el tema Medidas cautelares, el titular
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Sonora,
Jorge Axayácatl Yeomans Rosas, subrayó que el proyecto de Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares sólo dedica un capítulo a las medidas
cautelares en materia civil, por lo que se sugiere tomar en consideración la
materia familiar con las particularidades que ésta conlleva y lograr una
armonización de la legislación aplicable anterior sobre derechos de niñas y
niños.
Guadalupe Von Ontiveros, magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Sonora, propuso eliminar las notificaciones personales,
a excepción del emplazamiento, suprimir las suspensiones innecesarias del
procedimiento, suspensión única para privilegiar la conciliación, y que todos
los juicios contenciosos civiles tengan un solo procedimiento de predominio
oral.
Pablo González de Cossío Higuera, coordinador de la Comisión
de Derecho Mercantil de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pidió que se
ejecute un procedimiento similar al de la Ley de Amparo, es decir que haya una
medida cautelar provisional y una definitiva, lo cual protegerá los intereses
involucrados y fomentará que haya un debido proceso legal.
Yanina Natalia Lococo, fundadora del Frente Nacional Mujeres, planteó la necesidad de agilizar los procesos familiares e impulsar el uso de la tecnología para que la notificación personal sea por medios electrónicos. “Hay millones de deudores alimentarios que se esconden para no ser notificados y vulneran el derecho de la niñez”, por lo que consideró fundamental que en este tema se involucre a todas las autoridades.
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