Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana realiza cuarto foro con los temas sistema probatorio y medidas cautelares

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana realizó el cuarto foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en la Facultad de Estudios Superiores plantel Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con los temas sistema probatorio y medidas cautelares. 

La coordinadora del Grupo, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), resaltó que la trascendencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es indiscutible para la vida cotidiana de las personas. Destacó la necesidad de establecer criterios legales sólidos en el nuevo código para dar certeza jurídica a los justiciables y operadores jurídicos en general.

Las medidas cautelares en materia familiar, dijo, “no deben ser consideradas como un elemento más del proceso, sino como herramientas fundamentales para la pacificación del país y contener la ola de violencia en el seno de las familias, principalmente contra mujeres, niños y personas mayores”.

Refirió que la pandemia fue un elemento detonador de la violencia familiar, los casos aumentaron más de 50 por ciento a los previos al confinamiento; por ello, dijo, es importante que en la valoración de las pruebas y la declaración de las medidas cautelares haya perspectiva de derechos humanos y “esto es requisito indispensable para que haya justicia en nuestro país”.

“Estos foros son para escuchar las voces e inquietudes de académicos, litigantes, jueces y justiciables para la elaboración de esta norma jurídica de gran trascendencia”, puntualizó.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que los temas de hoy son importantes para la labor legislativa que representa la construcción de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que será fundamental para la vida de las y los mexicanos, “ya que por su naturaleza se convierte en una de las herramientas jurídicas que se utiliza todos los días”. 

Consideró que el derecho y las leyes deben avanzar y evolucionar junto con la sociedad que regulan atendiendo la dinámica social y coyuntural. “Nuestras leyes deben fungir como un instrumento de vanguardia, pero sobre todo de inclusión en donde se respeten los derechos de las diversas poblaciones y comunidades, y atendiendo la perspectiva de género”. Sostuvo que es indispensable adoptar medidas cautelares eficaces, en lo particular tratándose del interés superior de las niñas y los niños.

Participación de especialistas

Alejandro Ojeda Anguiano, director ejecutivo de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, estimó importante que se tejan las bases para tener un único código de procedimiento civiles, para que los estados no tengan sus propios requisitos, trámites y tiempos, sino algo que unifique a la República.

Fernando Macedo Chagolla, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, resaltó la trascendencia de establecer un esquema único y tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que brinde un beneficio a la sociedad, así como la importancia de un sistema que permita que las pruebas den certeza en la toma de decisiones en materia civil y familiar. 

Julio César Ponce Quitzaman, jefe de la División de Ciencias Sociales de la FES Aragón, dijo que estos foros tienen un impacto nacional y en ellos se va a deliberar cuál es el camino que debe tener el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual es una demanda y requerimiento de la sociedad.

Exponen propuestas respecto al sistema probatorio

En la mesa 1 con el tema Sistema probatorio, desde plataforma digital, el director de Cooperación Procesal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Luis Amaro Jaramillo, mencionó que cada año se gestionan aproximadamente 3 mil cartas rogatorias, provenientes tanto del extranjero, como de México para otros países y la mayoría de ellas son originadas por asuntos familiares como divorcio, pensión alimenticia o custodias, por lo que se requiere agilidad en el trámite; por ello, es necesario que estas figuras puedan resolverse a través de medios electrónicos.

Enrique de Jesús Durán Sánchez, juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, subrayó que si el sistema es adversarial va a limitar al juez y hay contraposiciones dentro del propio articulado, es decir, “no va a permitir al juez que haga cuestionamientos; seríamos unos jueces paralizados en el sentido de no poder ingresar a cuestionar las pruebas”. Mencionó que el actual Código Federal de Procedimientos Civiles previene los principios de atracción de la prueba y de indagación de la prueba, pero estos no son recogidos en la iniciativa. 

Agapito Campillo Castro, magistrado adscrito a la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señaló que, de introducirse la prueba del careo civil en el código único, debe regularse como una prueba en particular donde se definan parámetros, cómo se ofrece, cuándo se ofrece y si va a ser a petición de parte o una facultad del juzgador de carear a la parte actora con la demandada; el careo civil debería estar en este código único. 

Germán Vega Ordóñez, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C, afirmó que el lenguaje de la redacción de las normas debe ser adecuado y los conceptos accesibles para todas las personas. “Una ley mal redactada es sinónimo de graves problemas, antinomias, aberraciones y contradicciones”. Precisó que este código puede ser la única manera en que se van mejorar los procesos civiles y familiares mediante la actualización de criterios. 

Del Colegio de Notarios Públicos de Veracruz, el notario Adolfo Montalvo Parroquín, agradeció la invitación y mencionó que han trabajado en algunas propuestas. En tanto, del mismo colegio, el notario Joel López García planteó modificaciones en la redacción del capítulo primero “Disposiciones Generales” del Título Quinto de Justicia Familiar, al Título y Capítulo donde se tratan los procesos no contenciosos. Mencionó que “la participación del notario en este tipo de procedimientos descarga mucho el trabajo de los juzgados”.   

Sebastián Sergio Cerda Ezeta, quien se ha desempeñado como consejero nacional de la Red Juvenil por México, propuso la creación de un procedimiento especial con plazos proporcional y razonablemente reducidos en el que se considere la demanda, la contestación en cinco días, la práctica de la prueba pericial en genética molecular, conclusiones y sentencia, salvo las excepciones que la ley establece. 

Libertad Suárez Sánchez, licenciada en Derecho y con doctorado en Cultura de Derechos Humanos, sostuvo que promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos son norma jurídica que se debe cumplir, de lo contrario se contrapone al orden jurídico mexicano; por tal motivo, dijo, este código debe tener un control de convencionalidad y enaltecer a las personas social, cultural y económicamente.  

Medidas Cautelares

Durante mesa 2, con el tema Medidas cautelares, el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Sonora, Jorge Axayácatl Yeomans Rosas, subrayó que el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sólo dedica un capítulo a las medidas cautelares en materia civil, por lo que se sugiere tomar en consideración la materia familiar con las particularidades que ésta conlleva y lograr una armonización de la legislación aplicable anterior sobre derechos de niñas y niños.

Guadalupe Von Ontiveros, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, propuso eliminar las notificaciones personales, a excepción del emplazamiento, suprimir las suspensiones innecesarias del procedimiento, suspensión única para privilegiar la conciliación, y que todos los juicios contenciosos civiles tengan un solo procedimiento de predominio oral.  

Pablo González de Cossío Higuera, coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pidió que se ejecute un procedimiento similar al de la Ley de Amparo, es decir que haya una medida cautelar provisional y una definitiva, lo cual protegerá los intereses involucrados y fomentará que haya un debido proceso legal.

Yanina Natalia Lococo, fundadora del Frente Nacional Mujeres, planteó la necesidad de agilizar los procesos familiares e impulsar el uso de la tecnología para que la notificación personal sea por medios electrónicos. “Hay millones de deudores alimentarios que se esconden para no ser notificados y vulneran el derecho de la niñez”, por lo que consideró fundamental que en este tema se involucre a todas las autoridades.

Presupuestos procesales y acceso a la justicia, tema del tercer foro del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana

• Participaron jueces, magistrados, académicos y representantes de la barra de abogados.

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, llevó a cabo su tercer foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en Chetumal, Quintana Roo, con el tema presupuestos procesales y acceso a la justicia: acciones y excepciones; supletoriedad, en el que participaron jueces, magistrados, académicos y representantes de la barra de abogados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo, dijo que cada foro busca colocar un tema central que contiene el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la finalidad de dar secuencia lógica y sistemática a su análisis.

Expresó que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles se produce exclusivamente cuando la ley específica contempla la institución, pero no se señalan algunas o todas las reglas de su aplicación”, de ahí la importancia de analizar estos temas y, con ello, eliminar discrepancias que afecten el adecuado desarrollo de la vida en sociedad.

Comentó que uno de los aspectos de la resolución de la SCJN que obliga al Congreso de la Unión a eliminar la omisión legislativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también busca que se armonice el marco jurídico con la legislación mercantil y otras tantas normas que se vinculan a esta ley adjetiva.

El Código debe respetar derechos humanos y hacer justicia

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que en el Senado hay una iniciativa que está sirviendo de base para estos trabajos y que salió de muy buena fe de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) de los magistrados y jueces, y sobre ella se está nutriendo con la opinión de todas y todos.

Señaló que espera que con las particularidades buenas que tienen muchas entidades se puedan sumar y tengamos un Código con las siguientes características: la primera, que sea de consenso; la segunda, con horizonte de tiempo, es decir que no se tenga muy pronto que hacer modificaciones. 

La tercera es que sea un Código de avanzada que respete las singularidades de todas y todos; la cuarta, que genere justicia rápidamente y, la quinta es que respete los derechos humanos de las y los mexicanos y propicie mejores condiciones de justicia en nuestra nación.  

Los juzgadores deben velar por los derechos humanos

La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, destacó la importancia de que se detonen las herramientas adecuadas para que la labor de las y los juzgadores se ejecute bajo los más altos estándares de los derechos humanos.

Enfatizó que el nuevo sistema debe homologar figuras procesales, revaluar y revisar los tiempos de los mismos, la implementación de la justicia digital para que esta llegue a todos aquellos que la necesitan. Aseguró que su fracción parlamentaria harán suyas las dudas y observaciones que se presenten en estos foros.

Se deben aplicar derechos humanos y la perspectiva de género

Virginia Leticia Lizama Centurión, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, celebró que exista una coincidencia en este tema, y que en concordancia y juntando los esfuerzos tanto del Senado, de las y los diputados, poderes judiciales y de lo que se aporte, se pueda lograr un buen instrumento que efectivamente aplique los derechos humanos y la perspectiva de género e infancia.

Dijo que cuando se habla de la prevención del delito en diferentes aristas, no se ocupan del área familiar. “Con qué cara le vamos a exigir a una persona que está recluida, pues si nos ocupamos de ver su historia familiar, seguramente se va a encontrar falta de atención, cuidado y omisión; por ello, la legislación está lista y tenemos 5 años esperando que se implemente este proyecto”.  

Simplificar requisitos para la procedencia de la acción 

Raúl Pérez Johnston, representante del Instituto Mexicano por el Estado de Derecho A.C., indicó que el Código debe considerar la simplificación de requisitos para la procedencia de la acción, que permitan la resolución y reparación integral de los derechos violados, con el objeto de asegurar una tutela judicial efectiva. Además, revisar los presupuestos procesales para la interposición y resolución no sólo de las acciones que inician el procedimiento, sino todo su proceso.

Roger Celerino Nanguyasmu Vicente, abogado y diputado suplente, comentó que con este Código se trata de homologar en toda la República la forma de procurar y administrar justicia en materia civil y familiar. “Hay muchas cosas en el Código que se tienen que enriquecer y estos foros ayudarán para que se tenga una ley más aplicable”.  

Martha Medina Lozano, de la Asociación Mujeres Transformando México AC, dijo que se debe legislar con una visión científica, política y analítica que propicie igualdad, justicia, elimine las inequidades, desequilibrios y logre armonizar una legislación que pueda analizar con perspectiva de género los desequilibrios, las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres.   

Por su parte, Leticia Pérez López, jueza en el Juzgado Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, afirmó que el Código debe cambiar la visión de que solo se llenen expedientes y se tengan archivos, por uno que se base en los presupuestos procesales, lo cual contribuiría a realizar un examen previo y llevar a juicio lo que se tiene que resolver, a fin de cumplir con la anhelada justicia establecida en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Conclusiones

Al dar a conocer las conclusiones, la diputada Aleida Alavez Ruiz dijo que los especialistas y demás involucrados en la impartición de justicia, expresaron la necesidad de invertir en los tribunales, sobre todo los de carácter familiar, para propiciar mejores condiciones de justicia.

Asimismo, que de forma complementaria a la expedición de este Código se adecue todo tipo de legislación, a fin de que sea congruente todo el sistema de presupuesto procesal que incluya los medios de defensa tanto en el juicio como fuera de éste y la eventual reparación de los derechos involucrados en cada proceso.

De igual manera, agregó, se propuso acercar la justicia cotidiana a las mujeres, por lo que la violencia y la perspectiva de género se debe analizar con detalle, mejorar la efectividad de las medidas precautorias o de protección en los casos de violencia familiar. Además, que la crianza compartida sea obligatoria para ambos progenitores.

Iniciarán el próximo lunes foros de Parlamento Abierto sobre Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

• Habrá máxima publicidad y transparencia en este ejercicio: diputada Aleida Alavez (MORENA).
• Se prevé incluir en las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, así como a la población LGBTIQ+.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), informó que el próximo lunes 25 de julio, a las 11:00 horas, iniciarán en la ciudad de Tijuana, Baja California, los foros de Parlamento Abierto para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Indicó que los temas que se abordarán son Justicia Digital, Justicia Preventiva y Justicia Familiar (identidad de género, violencia, discapacidad e interés superior de las niñas, niños y adolescentes).

 Se prevé que las diputadas y los diputados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, le den seguimiento ya sea de forma presencial o mediante plataforma digital, añadió.

Mencionó que se contempla que asistan la gobernadora de Baja California, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el titular de la Fiscalía General del estado, el rector de la Universidad de Baja California, la presidenta del DIF estatal, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, diputadas y diputados del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, así como senadoras y senadores de la Comisión de Justicia.

Alavez Ruiz recordó que este miércoles, a las 10:00 horas, se instalará en el Senado de la República el grupo redactor de especialistas que revisará las iniciativas sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, junto con el presidente de la Comisión de Justicia, senador Rafael Espino de la Peña (MORENA).

En cuanto a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como a las personas con discapacidad, expuso que es importante la inclusión de estos grupos en el debate del Código.

Propuso adecuar el micrositio del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, a fin de incluir el lenguaje de señas para una participación más activa en los foros.

Dijo estar de acuerdo en considerar a la comunidad LGBTIQ+, “ya que se busca la máxima publicidad y transparencia en este ejercicio”.

Hizo votos para que la inclusión en una discusión de esta envergadura sea la más cuidada posible, a efecto de que nadie se quede sin saber que estamos en un cambio del Código de Procedimientos Civiles para el país.

Participación de diputadas

La diputada María Clemente García Moreno (MORENA) propuso crear una consulta para la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ), para evitar que la publicación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares derogue los logros de este sector a nivel estatal en materia de matrimonio igualitario, identidad de género y adopción.

A su vez, la diputada Evangelina Moreno Guerra (MORENA) resaltó el hecho de que el inicio de los foros de Parlamento Abierto sea en su estado Baja California, y precisó que ya está confirmado el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el titular de la Fiscalía General de la entidad.

Por el PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik pidió que la invitación sea para las y los 500 diputados, y no únicamente a los de los estados aledaños a Baja California, “pues como está dividido el Parlamento por temas, no tanto por estados, es importante que se haga la invitación en general”. 

Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, dio a conocer que su fracción parlamentaria envió oficios para que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Pablo González de Cossío Higuera, coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil en Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. y Othón Pérez Fernández del Castillo también participen en los foros de discusión.

En la reunión, se anunció que el Grupo de Trabajo diseña el protocolo para generar consultas orientadas a pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad y para ello convocará a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de que todas las personas conozcan este proceso.

Las consultas cumplirán con cada uno de los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de trabajo legislativo, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está llamado a ser una normatividad de gran calado, de ahí la importancia de que a la ciudadanía se le informe con oportunidad para que opine al respecto.

También, se informó que se han establecido enlaces estratégicos con las autoridades que se vinculan con estos dos sectores de la población como lo es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Asimismo, participarán la Federación Mexicana de Comisiones Estatales de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), con el objetivo de dar la representatividad a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las personas con discapacidad.

En el análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se consultará a todos los sectores

• Estamos obligados por acuerdos internacionales a estas consultas cuando impacten en los pueblos originarios: diputada Aleida Alavez.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), informó que, en el análisis de las iniciativas relacionadas para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se incluirá y se consultará a todos los sectores.

“Estamos obligados por acuerdos internacionales a estas consultas cuando impacten en los pueblos originarios y para atender también a las personas con alguna discapacidad, y no discriminar a nadie en este código”, añadió. 

Para ello, precisó, se buscó al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de poblaciones indígenas, para comentarles cómo estamos haciendo el diseño de la revisión de lo que será el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Destacó que ellos estarían participando en todos los foros de Parlamento Abierto que está programado la Cámara de Diputados. “Tenemos que incluir la participación de los pueblos originarios y de las personas con discapacidad para evitar cualquier omisión en estos sectores; debemos tener un producto que al final no sea impugnado, por no haber cubierto la consulta”.

Indicó que están listos para arrancar el próximo lunes 25 de julio, en Tijuana, los foros de Parlamento Abierto para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con los ponentes que han sido propuestos por las y los diputados.

Para el 4 de agosto, dijo, se busca tener una conferencia magistral con integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), “pues su iniciativa es base para la discusión en esta Cámara de Diputados”.  

Respecto a la instalación del grupo redactor que revisará las iniciativas relacionadas con el código, mencionó que será el próximo 20 de julio; “no hay condiciones para formalizarlo este miércoles 13 de julio como se había previsto, ya que diversos grupos parlamentarios no han hecho llegar sus propuestas de especialistas”. 

La diputada Aleida Alavez consideró necesario agilizar más el trabajo, pues el Senado de República “tiene los tiempos considerados para el mes de septiembre; en la medida de lo posible hay que respetarlos y avanzar”. 

El diputado Pedro Vázquez González (PT) resaltó que están obligados a consultar a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios. Comentó que ya se trabaja con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, respecto al tema. 

Subrayó la importancia de que participen algunos ponentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Propuso instalar una mesa sobre mediación con especialistas de alta capacidad. 

En la reunión se informó que se trabaja con la Secretaría de Bienestar, que a su vez agrupa al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), a fin de que sean atendidas las propuestas y hacer las consultas correspondientes en esta materia. 

Instalarán el grupo redactor para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), acordó con la Comisión de Justicia del Senado de la República, a cargo del legislador Rafael Espino de la Peña (MORENA) instalar, el próximo miércoles 13 de julio, el grupo redactor, con especialistas de ambas instancias, que revisará las iniciativas relacionadas con expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Ruiz consideró necesario agilizar los trabajos, ya que se tiene un mandato judicial en el que “nos notifican la prórroga que se otorgó hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, pero no queremos agotar los tiempos y llevarlos a extremos innecesarios”.

Por ello, solicitó a los grupos parlamentarios designar a sus especialistas para conformar el equipo redactor. Detalló que el eje de análisis en la Cámara de Diputados es la iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). “Las otras dos, la del senador Ricardo Monreal y una del PAN, las vamos a incluir, dado que es nuestra obligación deliberar todas las propuestas inscritas”.

Incluyen foro sobre créditos hipotecarios

En la reunión, la diputada Aleida Alavez también dio avances del Parlamento Abierto en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que inicia a partir del 25 de julio, y cuya finalidad es darle cauce al mandato constitucional.

Precisó que al final de los foros se proyectan las conferencias magistrales con el doctor y jurista Luigi Ferrajoli el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la cual podría ser de manera conjunta con el Senado de la República. 

Comentó que recibió una solicitud de la Comisión de Vivienda para incluir un foro sobre créditos hipotecarios, “porque tanto el Infonavit como el Fovissste tienen temas a corregir y tiene que ver con el Código de Procedimientos que estamos analizando. La idea es habilitar uno para el 25 de agosto”.

Expresó que están a la espera de la respuesta de la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que el trabajo sea más ágil y no detenerse en el armado del cuerpo de dictamen.

También se presentó y anunció la apertura del micrositio del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, donde se compartirán los materiales de las reuniones y foros; contempla un buzón ciudadano para recibir propuestas, quejas y sugerencias de la población.

Intervención de diputadas y diputados

De MORENA, la diputada Evangelina Moreno Guerra comentó que en Baja California ya se trabaja en la organización de las mesas de trabajo que abordará el Parlamento Abierto, en el que participarán jueces del ámbito familiar y barras de abogados.

La diputada María Clemente García Moreno (MORENA) pidió incluir el tema de justicia familiar con perspectiva de infancia, el de daño moral en juicios orales y otro sobre el impacto presupuestal de las iniciativas de reforma para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por el PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik aplaudió la idea de conformar el equipo redactor; sin embargo, pidió que todos los grupos parlamentarios estén representados, así como el área jurídica de la Cámara de Diputados. 

El diputado Pedro Vázquez González (PT) indicó que ha dialogado con especialistas, académicos y colegios de profesionales, quienes han manifestado que el tema de la mediación es de interés; por ello, propuso que sea integrado al Parlamento Abierto.

Integrar Grupo de Trabajo en materia de Justicia Cotidiana

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino De la Peña (MORENA), informó que realizaron un estudio relativo al trabajo en conferencia y al grupo técnico revisor, a fin de analizar las diferentes rutas que permitan generar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como describir el análisis del marco normativo, tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados.

Apuntó que, derivado de este análisis, se concluyó que lo más conveniente es formar un Grupo de Trabajo en materia de Justicia Cotidiana donde las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y el Senado participen de manera plural.

Además, dijo, se debe crear un grupo técnico revisor y redactor que esté dirigido por las y los diputados y las y los senadores, así como sus respectivos asesores, a fin de analizar, revisar, opinar y proponer modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que es una ruta ágil y eficiente.

Dieron prórroga para dictaminar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: diputada Aleida Alavez

• Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana activará micrositio para informar sobre foros en Parlamento Abierto.
• Se reunió con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Espino De la Peña.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), informó que ya fue concedida la prórroga para dictaminar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que el plazo es el periodo ordinario siguiente.

La diputada indicó que el próximo miércoles propondrá a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la firma del acuerdo de trabajos en conferencia con el Senado de la República. “Se ha vislumbrado que el Senado sea la cámara de origen y nosotros seríamos la revisora”, puntualizó.   

Planteó que el grupo redactor inicie trabajos, que las y los asesores de los grupos parlamentarios en sesión permanente recopilen materiales de los foros realizados por la colegisladora y los que tendrá la Cámara de Diputados. 

La diputada Alavez Ruiz también dio cuenta de los avances para el Parlamento Abierto en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se realizará cada lunes, a partir del 25 de julio, en Tijuana, Baja California, con los temas de justicia digital, preventiva y familiar, identidad de género, violencia, discapacidad, e interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Indicó que el segundo foro será el 1 de agosto, con los temas oralidad, justicia civil y justicia mercantil, en Nuevo León. El lunes 8 de agosto, el tercer foro, con sede en Quintana Roo, donde se hablará de presupuesto procesal, acceso a la justicia, acciones y excepciones, así como supletoriedad. 

Para el lunes 15 de agosto, en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, se abordaría el sistema probatorio. El quinto, está previsto para el 22 de agosto, con los temas: sentencias, lenguaje accesible, perspectiva de justicia para grupos vulnerables, medios de impugnación y régimen transitorio, con sede en Michoacán.

De igual modo, la diputada informó del micrositio que se habilitará para compartir, de manera abierta y pública, los materiales externados en los foros. Además, habrá un buzón ciudadano para recibir propuestas, quejas y sugerencias de la población sobre cómo se le atiende en los tribunales.  

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) consideró viable avanzar en la calendarización de los trabajos del grupo redactor a la par de los foros de Parlamento Abierto, ante la resolución para dictaminar en el siguiente periodo ordinario este Código, “puesto que es un lapso con mucha carga de trabajo en la Cámara de Diputados”. 

El director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, informó que un juez ya dictó una resolución en la que “se da prórroga para el Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de esta LXV Legislatura, es decir, del primero de septiembre al 15 de diciembre de 2022”, para legislar sobre el Código.    

Detalló que se conversó con el juez la posibilidad de que ante el cúmulo de trabajo que representa la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, haya una eventual ampliación de la prórroga; “él está en una posición abierta, comprende la dimensión titánica de este esfuerzo y que si se le hacen llegar las constancias que acrediten los avances en los trabajos, no habría inconveniente para ampliar la prórroga”. 

Trabajar en conjunto y dar cauce a propuestas

Desde plataforma digital, el senador Rafael Espino de la Peña (MORENA), presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, destacó la importancia de tener mesas de trabajo para establecer temas específicos y dar cauce a las propuestas. “Es importante trabajar en conjunto desde un punto de vista de fondo y formal”. 

Comentó que en la Cámara de Senadores hace dos semanas iniciaron los foros en este tema, y ya se han llevado a cabo en Veracruz y Morelos. Esta semana, agregó, se realizarán en Puebla y Morelia, y el siete de julio en Ciudad Juárez, con la participación de magistrados locales y federales. 

Añadió que se prepara una guía de cuáles han sido las principales propuestas de modificación y sugerencias; se están estableciendo diversas categorías como priorizar la oralidad en los procedimientos civiles y familiares, juicios en línea, aprovechar las tecnologías digitales, así como otros aspectos específicos, aseveró.

Proponen calendario para Parlamento Abierto sobre Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

• La diputada Alavez Ruiz informó que iniciaría el 25 de julio y concluiría el 22 de agosto.
• Tribunal Colegiado deja sin materia incidente de incumplimiento: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), presentó la propuesta de calendario para los foros de Parlamento Abierto en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que iniciaría el 25 de julio en Tijuana, Baja California, con el tema Justicia Digital, Preventiva y Familiar. 

Se prevé que el segundo foro sea el 1 de agosto, en Nuevo León, con los temas Oralidad, Justicia Civil y Justicia Mercantil. El 8 de agosto, en el tercer foro, con sede en Quintana Roo, se analizarían los temas de Presupuesto Procesal, Acceso a la Justicia, Acciones y Excepciones, así como Supletoriedad. 

El cuarto foro sería el 15 de agosto, en Ciudad Universitaria, de la Ciudad de México, con el tema Sistema Probatorio. El quinto, con sede en Michoacán, está previsto para el 22 de agosto con los temas de Sentencias (lenguaje accesible, perspectiva de justicia para grupos vulnerables) y Régimen Transitorio. 

En todas las mesas, indicó la legisladora, habrá el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Informó que los trabajos en conferencia con el Senado de la República iniciaron el jueves, en la Escuela Libre de Derecho, y tienen un programa de sesiones los martes y jueves. 

“El acuerdo es hacer publicidad conjunta para la difusión de los foros entre el Senado y la Cámara de Diputados, tanto los que haremos nosotros los lunes, como los que ellos realizarán martes y jueves, de aquí a agosto”.​

Manifestó que la programación no empalma las actividades, porque en esta Cámara serían los lunes y en el Senado los martes y jueves, con la participación de todos. 

Propuso invitar al presidente de la Comisión de Justicia del Senado a las reuniones de los lunes, a fin de hacer más ágil la comunicación. 

El diputado Pedro Vázquez González (PT) solicitó el informe de los foros del Senado para tener un complemento importante, así como el calendario de las reuniones en la Cámara de Diputados y los temas en cada región. “Hemos platicado con instituciones y especialistas interesados en participar, quienes han solicitado información”. 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) propuso incluir a la Cámara de Diputados entre las sedes para el desarrollo de los foros; además, asegurar que haya las ligas y enlaces necesarios para acceder a los foros en otras entidades y preguntó sobre el tema del grupo redactor del proyecto de código. 

La diputada Alavez Ruiz consideró que se podría aumentar una mesa en la Cámara de Diputados en la que se presenten las conclusiones de los foros o realizar un encuentro con el Senado. Respecto al grupo redactor, dijo que sólo el PT ha designado al asesor que participará y falta que los demás grupos parlamentarios hagan lo propio. 

El subdirector de Amparos de la Dirección de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Juan Uribe Mejía, informó que el X Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que si bien es cierto existe omisión en legislar sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hay presunción de querer cumplir. 

Dijo que quedó sin materia el incidente de incumplimiento y ordenó remitir los autos al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, para dar seguimiento al cumplimiento y determinar el plazo que otorgará. 

La diputada Alavez Ruiz indicó que se recibió notificación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la que se informa que quedó sin materia el incidente de incumplimiento por la habilitación de este grupo de trabajo. 

Planteó buscar a quien otorgará el plazo de prórroga para comentarle el plan de trabajo. “Que tengan claro que estamos en vías de cumplimiento y qué tiempo va a llevar”. 

Abundó: “El plazo más ambicioso es septiembre de 2022, pero no me atrevería a cerrarlo así, porque es muy complicado armar todos los materiales. Ojalá nos den hasta diciembre. De no ser así, en septiembre tendremos que estar en la ruta del dictamen”.

Grupo de Trabajo analizará en conferencia con el Senado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), trabajará en conferencia con el Senado de la República, para analizar la propuesta de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

La diputada Alavez Ruiz precisó que hay avances en hacer un trabajo en conferencia con la Comisión de Justicia del Senado, presidida por el legislador Rafael Espino de la Peña (MORENA), para elaborar el dictamen del Código Nacional. 

Mencionó que el senador explicó que tienen un plan de trabajo, con foros y reuniones en diferentes entidades, pero la idea “es trabajarlo de manera conjunta para llegar al próximo periodo con algo más acabado”. 

Precisó que el Senado sería cámara de origen y la de Diputados revisora, pero ya en un trabajo en conferencia será una redacción conjunta. “A él le interesaba mucho que nosotros pudiéramos crear un grupo de trabajo técnico que haga valer este seguimiento en una redacción más acabada, paso a paso y como se estén dando los foros y la revisión de cada uno de los temas”. 

Aleida Alavez argumentó que el próximo 9 de junio arrancarán los trabajos de la Comisión de Justicia en el Senado, “al cual nos estaríamos adhiriendo”. Los foros, dijo, serían cada martes y jueves, hasta que se abra el periodo ordinario.

Ello, afirmó, sería a partir del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 171 Bis, que establece los trabajos en conferencia. “Estaría pendiente la firma del acuerdo para que se formalice la ruta y el calendario de actividades”. 

Destacó que la conferencia del doctor y jurista Luigi Ferrajoli y del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se había anunciado para el arranque de la revisión del Código que iba a ser el 13 de junio, se pasará al mes de agosto.

“El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado está considerando la presencia de ministros y especialistas. Él pide que la conferencia magistral que estamos proponiendo la podamos pasar para agosto. Estamos en la integración de un calendario en común”, agregó. 

Mencionó que, por escrito, hará llegar al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), un oficio sobre lo que está haciendo el Grupo de Trabajo. 

Aclaró que, en los trabajos para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “nadie ha excluido a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; que no se hayan querido sumar, eso es algo que deberá explicar su presidente, pero convocado, informado y notificado ha estado desde que se habilitó este acuerdo en la Junta de Coordinación Política. No se está dejando de lado a la Comisión”. 

Participación de diputadas y diputado 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) consideró fundamental poner sobre la mesa, la existencia de los dos códigos: el Civil Federal y el de Procedimientos Civiles; “sería importante que lo pudiéramos analizar con magistrados y especialistas”. Aplaudió la propuesta de trabajar en conferencia con el Senado y pidió sumar esfuerzos. “Estamos en desacato y eso nos debe ocupar y preocupar a todos”. 

Por el PRI, la diputada Yolanda de la Torre Valdez propuso que a este grupo y el de trabajo en Conferencia con el Senado se integre la Comisión de Justicia, a fin de sumar voluntades para generar un producto legislativo eficaz. 

Del PT, el diputado Pedro Vázquez González destacó la importancia de que este grupo cumpla con la sentencia de la Corte, pues en este momento hay un desacato. Asimismo, planteó la necesidad de una prórroga para atender dicho mandato. Invitó a todos los grupos parlamentarios y a la Comisión de Justicia a participar en estas actividades, pues eso contribuirá a enriquecer la labor legislativa.

Rosangela Amairany Peña Escalante, diputada de MORENA, apuntó que el Grupo de Trabajo ha expresado su voluntad para que se integre a estas tareas legislativas la Comisión de Justicia, la cual ha sido notificada por escrito solicitándole que envíe alguna representación.

Asuntos turnados a la Cámara de Diputados

Hugo Christian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, dio una exposición de las iniciativas presentadas respecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Informó que a la Cámara de Diputados se han presentado diversas iniciativas, tres de manera general y trece de aspectos parciales. En lo que respecta a las reformas generales, explicó que dos expiden el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y una más el Código Nacional de Procedimientos. 

En cuanto a las iniciativas parciales, apuntó que plantean reformas a los artículos 79,130, 145, 322, 323, 323 Bis y 406 Bis, 546 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, para incluir en los hechos narrados de la demanda la identificación de superficie, linderos y colindancias anexando croquis, impulsar la justicia digital, pruebas periciales en genética, garantizar el derecho a informar, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. 

Además, adicionar el artículo 222 Ter, segundo párrafo al artículo 231, un tercer párrafo al 274 Bis, un segundo párrafo al 325 y un cuarto párrafo al 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

De igual manera, proponen reformas a los artículos 308 del Código Civil Federal y al 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. 

Prórroga

Eduardo López Falcón, de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, informó que asistieron al Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil, porque ahí se encuentra la prórroga solicitada para que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República estén en condiciones de emitir el Código Nacional. 

Añadió que la visita fue para entablar una plática con la magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso que trae el asunto y “nos comentó que esta semana iban a resolverlo; ella detalló que iba atender lo que decía la Corte, relativo a que el plazo de la Cámara de Diputados era hasta el 31 de abril para expedir ese Código, y bajo esa razón iba a resolver; sin embargo, se le explicó que había diversas iniciativas y quedaron los magistrados en analizar el tema”

Subrayó que el próximo miércoles sesionará el Tribunal Colegiado, por lo que es importante sensibilizar a todos los magistrados sobre la ruta elaborada por el Grupo de Trabajo y, en consecuencia, hacerles llegar todo lo que se haga aquí “para que vean ellos todo lo que se está trabajando, de aquí hasta que se otorgue la prórroga”.

Analiza Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana los 32 códigos estatales de procedimientos civiles y/o familiares

• El director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez Colmenares, presenta estudio en la materia.
• Este encuentro contribuirá a la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, se reunió con director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez Colmenares, con el propósito de conocer el estudio sobre los 32 códigos de las entidades federativas en materia procedimientos civiles y/o familiares.

La legisladora indicó que este encuentro abonará al análisis de las diversas legislaciones estatales en materia civil y familiar y con ello localizar las coincidencias y diferencias, así como identificar los códigos exitosos y tomarlos como referencia para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, planteó la viabilidad de incorporar en este proyecto el concepto de divorcio administrativo, ya que este modelo ha permitido que en Michoacán se agilice la separación legal de una pareja en caso de no tener hijos o cualquier otra disputa. 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) propuso que en la agenda de parlamento abierto se revise bien la selección de los ponentes para que no se duplique con un evento similar al que convoca el Senado, y así se pueda trabajar en conjunto. 

Por su parte, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) recomendó que en la agenda para el análisis del Código se incorpore el expertise de los jueces de control del sistema acusatorio, además solicitó que la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados prepare dos trabajos de investigación, uno relativo al sistema nacional de exhortos para determinar los pros y contras y otro con relación al sistema digital de escaneo, luego de que algunos juzgados digitalizan sus promociones para subirlas al sistema y otros en donde los propios abogados escanean los expedientes. 

Durante su intervención, Luis Genaro Vásquez Colmenares, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, expuso que la justicia digital a nivel federal y local debe tener como objetivo proporcionar un acceso adecuado, rápido, oportuno, eficiente, ágil y transparente. 

Además, sus beneficios tendrán que manifestarse en la reducción del costo y tiempo del proceso para las personas, la disminución del uso de papel para la administración y que ésta sea amigable y flexible. 

Agregó que el Poder Judicial de cada estado necesita desarrollar sistemas para implementar juicios y tribunales cien por ciento en línea, es decir que se ejecuten litigios, administración operativa del tribunal, trabajo remoto y solución alternativa de conflictos. 

Argumentó que realizar procesos en línea abre una puerta de posibilidades para crear cultura y transformar el sistema judicial mediante el desarrollo de herramientas que ayuden a los usuarios a solucionar conflictos bajo el criterio de negociación asistida, mediación o conciliación previa al litigio en línea y no como un proceso separado. 

A la reunión ordinaria de este Grupo de Trabajo asistieron la diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) y el diputado Pedro Vázquez González (PT).

El próximo 13 de junio, Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana iniciará Parlamento Abierto

• El objetivo, analizar la propuesta de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
• Se prevén conferencias magistrales del ministro Arturo Zaldívar y el jurista Luigi Ferrajoli.

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), iniciará el próximo lunes 13 de junio, el Parlamento Abierto para analizar la propuesta de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La diputada Alavez Ruiz precisó que se busca arrancar con las conferencias magistrales del doctor y jurista Luigi Ferrajoli y del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que algunos de los foros del Parlamento Abierto podrían llevarse al interior del país e incluso podrían ser vía remota, en caso de que haya ponentes de otras entidades, con la finalidad de respetar la pluralidad.

Precisó que solicitará a Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados todas las iniciativas de reformas al Código de Procedimientos Civiles, para que además de las tres iniciativas que tienen el armado completo del código, se contemple algún otro tema.  

Intervención de diputadas y diputados

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) comentó que está organizando en San Luis Potosí un foro con representantes del Poder Judicial, barras y asociaciones de abogados quienes son expertos y a veces aplican el derecho o lo interpretan; es importante tener conocimiento de su opinión para fortalecer y enriquecer este trabajo.

Consideró que un mayor número de participaciones y opiniones permitirá obtener un mejor trabajo legislativo y será un excelente Código de Justicia cotidiana. “El foro se llevará a cabo a finales de este mes para lograr concentrarnos en el análisis y opinión de gente experta y tener mejores aportaciones”.

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez destacó que las opiniones del Poder Judicial en los estados son importantes, sobre todo por el tema de la armonización de las leyes, ya que cada estado tiene sus propios códigos en materia civil y familiar y, en muchas ocasiones, el Código Nacional entra a suplir lo que ellos no contemplan.

“Me gustaría también hacer un foro en Michoacán, considero que es importante el tema y debemos darle la seriedad y formalidad que amerita. Estaría bien que el grupo de trabajo pudiera dar acompañamiento a estos foros para darle la seriedad que se requiere”, agregó.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que este parlamento debiera ser en el Congreso e invitar a las voces de todos los estados, académicos, universidades, litigantes, abogados, a todos quienes estén interesados en participar. “Todos los grupos parlamentarios sabemos lo importante que es escucharlos ya que son quienes van a ocupar el Código diariamente”.

Mencionó que sería importante voltear a ver las iniciativas que ya se han presentado con reformas al Código Civil, porque es el momento de analizarlas, estudiar y ver si son viables.

Desde plataforma digital, el diputado Pedro Vázquez González (PT) aplaudió que se esté aterrizando el procedimiento y la forma de abordar las tres iniciativas, y que se tengan algunos de los temas del Parlamento Abierto, por lo que consideró relevante publicitar en los medios de comunicación el avance.

Mencionó que si bien la responsabilidad del Grupo no es dictaminar sí es la de proponer; de ahí que se requiere de la participación de especialistas e interesados en el tema que pudieran fortalecer el planteamiento.

Temas del Parlamento Abierto

En la reunión se dieron a conocer los temas del Parlamento Abierto, que iniciaría el 13 de junio y se prevé concluya el 19 de agosto.

Se remitió a las y a los integrantes del grupo un cuadro comparativo con las tres iniciativas que existen en el Congreso de la Unión: la de los senadores Julio Menchaca Salazar y Ricardo Monreal Ávila, de las diputadas Pilar Ortega Martínez y Janet Murillo Chávez, y la de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Además, se tiene contemplado que la próxima semana se presente una exposición sobre la división que hay en la materia civil y familiar en algunos estados del país, y otras en que ambas se mantienen en un solo código, pues la Constitución prevé la expedición de un código para las dos.  

Sobre el Parlamento Abierto, los once posibles temas serán: Justicia Civil, Justicia Familiar (identidad de género, violencia, discapacidad, interés superior de las niñas, niños y adolescentes), Oralidad, y Justicia Digital.

También, Justicia preventiva, Formalidades procesales, Acción y Excepciones, Sistema probatorio, Procedimientos especiales (sucesiones, interdicción, arbitraje), y Sentencias.

Anuncian Parlamento Abierto para analizar la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

• La norma debe tener conceptos y procedimientos claros para acceder a la justicia pronta y expedita: diputada Alavez Ruiz.
• Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana buscará tareas en conferencia con el Senado para realizar deliberación conjunta.

El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), prevé realizar foros de Parlamento Abierto en julio y agosto, a fin de analizar la propuesta para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran. 

Al presentar el plan de trabajo del Grupo, la diputada Alavez Ruiz añadió que se buscará trabajar en conferencia con el Senado de la República para llevar a cabo una deliberación conjunta y buscar una manera más idónea de trazar la ruta para la construcción de esta propuesta.

El objetivo del Grupo es analizar y redactar, con base en la normatividad constitucional y convencional, un cuerpo normativo que propicie claridad en conceptos y procedimientos, para que los gobernados e instituciones responsables de su ejecución accedan a una impartición de justicia pronta y expedita con los más altos estándares de derechos humanos.

Además, fortalecer temas que impliquen beneficios directos a la mayoría y sean atendibles por las instituciones del Estado; incorporar principios pro persona y de sensibilidad a las diferencias, para que las y los gobernados, independientemente de su condición económica, política y social, puedan acceder a la justicia.

Expresó que el objetivo es atender la omisión legislativa a un mandato constitucional como resolución judicial que ordena la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, respecto de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2017 en materia de justicia cotidiana.

Explicó que esa reforma modificó el primer párrafo del artículo 16, adicionó un párrafo tercero al artículo 17, y la fracción XXX, del artículo 73, en materia procesal civil y familiar.

Por lo que hace a los preceptos 16 y 17, un Segundo Artículo Transitorio establece que las reformas entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que, en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas.

Asimismo, en un Artículo Cuarto Transitorio estipula que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dijo que se trata de una norma muy compleja, de trascendencia, que impacta la vida de las personas. “Se resuelven casos como la guarda y custodia, divorcios, sucesiones de interdicción, entre otras muchas, y es supletorio de materias como la administrativa, legislativa, electoral y mercantil, por lo que su impacto afecta a todas las personas e instituciones del país”. 

Aclaró que “no vulneramos las atribuciones de las comisiones ordinarias; al contrario, robustecemos desde la Jucopo un producto legislativo con el mayor alcance posible por su trascendencia e importancia”.

Indicó que hay iniciativas que serán “el punto de partida para iniciar el análisis del entramado del Código como tal y estableceremos un procedimiento para su análisis”. 

Asimismo, dio un resumen sobre la resolución al amparo en revisión 265/2020 relativa a la omisión del Congreso de la Unión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran para cumplir con lo previsto en los artículos 16, primer párrafo, y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal.

Dijo que el 11 de abril de 2018 la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados presentaron demanda contra el Congreso de la Unión por la omisión legislativa, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió el amparo y ordenó al Congreso de la Unión emitir el cuerpo normativo.

El plazo venció el 15 de diciembre de 2021, dijo, pero se envió un informe de la instalación de este Grupo de Trabajo, que atenderá el mandato judicial, y se solicitó segunda prórroga porque la primera venció el 30 de abril pasado.

Señaló que la resolución establece que “fijar un plazo fatal para emitir las reformas o la ley, puede perjudicar las condiciones ideales que deben desarrollarse en la deliberación pública”. Añade que el Congreso federal podrá justificar el retraso en atención del desarrollo del proceso legislativo y que será el juez que evalúe si se justifica realmente el retraso en la emisión de reformas o ley y si se puede hablar de acciones en vía de cumplimiento. 

Dijo que el amparo tiene una resolución y que “los tiempos que explican no dependen de un plazo fatal que nos fijemos para cumplirlo, sino que nosotros mismos pongamos, como grupos parlamentarios, para tener un producto legislativo a finales del periodo siguiente”. Se tienen materiales para revisar las actividades del plan de trabajo y las acciones que podemos determinar para desahogar la discusión, puntualizó. 

Actividades y plan de trabajo

La diputada Alavez Ruiz informó que las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo, durante el receso se llevarán a cabo los lunes a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para deliberar semana a semana sus avances.

La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena) pidió tomar en cuenta los insumos que han elaborado las y los especialistas en la materia para reforzar los trabajos de este grupo. 

La diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) consideró necesario establecer métodos para integrar las iniciativas del grupo y desahogar con claridad estos asuntos en las reuniones correspondientes. “Hay muchos actores interesados en estos temas, debemos esquematizar para realizar las convocatorias correspondientes”. 

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) destacó la necesidad de invitar a las y los presidentes de los tribunales estatales que son los que atienden de manera directa el tema de justicia cotidiana.