Solo 23.3 por ciento del personal de los centros penitenciarios tiene licenciatura.
Se requiere personal especializado y garantizar el interés superior de la niñez: Karina Labastida.
Al compartir que solo 23.3 por
ciento del personal de los centros penitenciarios cuenta con licenciatura, 2.3
por ciento en psicología, 1.5 por ciento en pedagogía y 2.8 por ciento en
trabajo social, la diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA) señaló
deficiencias en la atención psicológica para los menores que viven con sus
madres privadas de la libertad, quienes sufren una dolorosa separación cuando
ya no permanecer juntos.
La legisladora enfatizó en la
relevancia de que el Estado garantice que menores cuenten con todo lo adecuado
en materia de salud, educación y alimentación, siempre cuidando el interés
superior de la niñez, pues refirió que, de los 392 menores de seis años que
permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros
penitenciarios del país en 2020, 16.07 por ciento (63 casos) fueron del Estado
de México.
En reunión de las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños,
Adolescentes y la Primera Infancia, presidida por la diputada Juana Bonilla
Jaime (MC), la legisladora Karina Labastida explicó que su iniciativa para
reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal
busca que se reconozca la situación especial en que se encuentran quienes viven
con sus madres o padres en prisión, garantizar sus derechos y priorizar
políticas incluyentes.
Detalló que la iniciativa,
elaborada en conjunto con Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad
estatal, es en virtud de que los menores no tienen atención psicológica para el
momento de separación entre menores y madres, cuando las y los menores tendrán
que salir por no poder acompañar más a sus madres en prisión, por lo que se
necesita personal especializado en la materia.
Al respecto, la legisladora
Alicia Mercado Moreno (MORENA) señaló un incremento de mujeres presas, quienes
sufren abuso sexual, golpes, amenazas, humillaciones lo que lleva a la
invisibilidad de la niñez que las acompaña al nacer al momento de su reclusión,
por lo que consideró necesario darles atención psicológica, diferenciar
responsabilidades de autoridades municipales y estatales, además de incluir un
capítulo en el que se describa el alcance de los derechos a reconocer con una
redacción acorde a la situación local.
Las diputadas Gretel González
Aguirre y Karla Aguilar Talavera, señalaron que solo 37 de las 367 prisiones
del país cuentan con áreas de maternidad y educación temprana; los retos de los
centros de la reclusión en la actualidad y los derechos de las madres privadas
de su libertad a permanecer con sus hijos e hijas durante sus primeros tres
años de vida. También concordaron en fortalecer la normatividad privilegiando
los derechos de los menores.
La diputada Ingrid Schemelensky
Castro recordó que en el presupuesto de egresos para este año se destinaron
cinco millones de pesos para el cuidado de niñas y niños que viven con sus
madres en centros de reinserción social para canasta básica y vestido y 400 mil
pesos para el acondicionamiento de espacios acorde a las necesidades de mujeres
embarazadas.
La legisladora Juana Bonilla
reconoció que en algunos centros penitenciarios sí hay ludotecas pero que
faltan estos espacios en otros centros, y comunicó que la Junta de Coordinación
Política atenderá la solicitud de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón
(PVEM) para que se integre al análisis una iniciativa de su bancada con un
contenido similar, así como que se le solicitará una reunión con autoridades
estatales para enriquecer la iniciativa.
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