• Representantes de empresas y de
organizaciones civiles expresan observaciones a la propuesta de reforma a la
Ley Federal de Protección al Consumidor
La Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad se reunió con representantes de empresas y asociaciones
civiles para dialogar y escuchar diversos planteamientos, a fin de enriquecer
la propuesta de dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 77 y 80 de
la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de vigencia de garantías
de los productos eléctricos y electrónicos.
El presidente de la Comisión,
diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, dijo que la idea es escuchar la opinión
de los distintos sectores y hacer un dictamen que se traduzca en beneficios
para el consumidor.
Asimismo, agregó, seguir teniendo
una industria dinámica que permita condiciones para ofrecer al mercado los
mejores productos. “Siempre hemos cuidado que tengamos una industria viable, en
crecimiento, pero también que el consumidor cuente con las mejores condiciones
posibles, es decir, un ganar ganar”.
Mencionó que el objeto es
analizar y dialogar sobre esta iniciativa y escuchar opiniones que mejoren y
enriquezcan la propuesta de dictamen, que se sometería a votación a finales de
agosto.
El diputado Enrique Godínez del
Río, promovente de la iniciativa, indicó que ésta tiene un fin importante que
es el cuidado del consumidor, para que cuente con las garantías suficientes de
un producto que le pueda durar más allá de lo que actualmente marca la
ley.
Señaló que el tema del medio
ambiente también es importante considerarlo en la propuesta de reforma, a fin
de elevar el tipo de producto que se ofrece al consumidor y que hoy tanto
afecta nuestros ecosistemas, como son los desperdicios eléctricos, electrónicos
y de electrodomésticos.
“Reconocemos a la industria, a
los ‘retailers’ y de alguna forma este tipo de iniciativas tienen un contexto
para diseñar estrategias en las cuales la industria ofrezca productos que
eleven el tiempo de duración hacia cada uno de los consumidores. El sentido es
que elevemos de tres meses a 24 meses la garantía que se ofrece en los
‘retailers’”, agregó.
El diputado Gabriel Ricardo
Quadri de La Torre comentó que en algún momento tendrá que crearse un mecanismo
financiado por las empresas productoras o importadoras de productos
electrónicos, para pagar el acopio y el reciclaje de todos los materiales
tóxicos que están implicados en ellos.
Dijo que “el tema central debe
ser cómo creamos la institucionalidad, la regulación y los mecanismos de
financiamiento tendrán que estar a cargo de las empresas productoras e
importadoras para acopiar y reciclar la creciente cantidad de residuos
electrónicos que se producen en el país”.
En la reunión participaron
representantes de empresas de tecnología, de telecomunicaciones y de venta de
artículos electrónicos al menudeo, entre ellos Javier Altamirano Magaña,
director de operaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; Luli Herreramoro, directora
de Relaciones con Gobierno y Política Pública de HP Inc para México y
Centroamérica; Nimbe Ewald, gerente de Asuntos Gubernamentales para México,
Centroamérica y el Caribe de Apple, y Alberto Villaseñor, director jurídico de
Elektra.
Asimismo, representantes de Samsung,
de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales,
asociaciones civiles como Caminemos al Futuro y de recicladores de residuos
electrónicos, empresarios en el ramo de la tecnología y de telefonías, entre
otros.
Externaron que es necesario
revisar el dictamen en el término de garantías, hacer un análisis profundo de
los alcances de las disposiciones contenidas en la iniciativa para que junto
con todos los actores involucrados se pueda construir una reforma sin
perjudicar al consumidor, los intereses de las industrias y el medio
ambiente.
También, que la extensión de la
garantía de productos eléctricos y electrónicos podría incrementar
sustancialmente el costo de los mismos, ya que los fabricantes y minoristas
deberán tomar cuenta un volumen mayor de devoluciones y solicitudes de
reparación o reemplazo.
Asimismo, proteger los derechos del consumidor, implementar herramientas para que la gente sepa usar los aparatos y así se alargue el tiempo de su vida útil y señalar que la economía circular es fundamental.
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