•Integra las iniciativas de las diputadas Karla Aguilar
(PRI) y Azucena Cisneros (MORENA)
•Establece la creación de Juzgados Cívicos con autonomía
técnica y operativa
Por Mario Ruiz Hernández
Toluca, Méx., octubre del 2023.- Promover el acceso a la
justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses
mediante reglas mínimas de comportamiento cívico, así como establecer una
clasificación básica de las conductas que constituyen infracciones
administrativas y sus sanciones, al tiempo de fomentar los mecanismos
alternativos de solución de controversias, son propósitos de la Ley de Justicia
Cívica del Estado de México y sus Municipios, aprobada por el Congreso
mexiquense.
En sesión deliberante, la diputada Karla Aguilar Talavera
(PRI), expuso los principales aspectos del ordenamiento, que conjunta su
iniciativa y la presentada por la legisladora Azucena Cisneros Coss (MORENA),
con un medio para fortalecer la convivencia armónica conforme al Modelo
Homologado de Justicia Cívica como un modelo innovador que busca resolver los
conflictos que se presentan entre personas en el día a día.
Estas situaciones, que se reflejan en la acumulación de
basura en lugares públicos, colocación de objetos en las banquetas o el acoso
callejero, desgastan el tejido social y generan un ambiente de impunidad, por
lo que la justicia cívica fortalece la capacidad de los municipios en materia
de seguridad y les devuelve un papel protagónico en la construcción de sociedad
con mayor armonía.
Karla Aguilar explicó que el nuevo ordenamiento privilegia
la economía procesal al desahogar los asuntos en una sola audiencia y de forma
oral; pasa de un enfoque punitivo a uno basado en la reparación del daño o el
trabajo en favor de la comunidad, además de que promueve la resolución pacífica
de conflictos a través de la mediación y la conciliación, por lo que es un
escalón necesario para contribuir a reparar el tejido social y le cierra el
paso a la impunidad, por lo que agradeció el acompañamiento de las y los
diputados, dependencias de gobierno y del Poder Judicial.
En su mensaje, la diputada Azucena Cisneros indicó que esta
ley responde a una demanda de la ciudadanía, privilegia el diálogo en la
resolución de conflictos para mejorar la convivencia en la comunidad y busca
terminar con abusos de las autoridades municipales quienes sancionan conductas
que no necesariamente son faltas o hacen oídos sordos a las denuncias.
Con la implementación de los juzgados cívicos, indicó, se
garantizará la pronta solución de conflictos a fin de que no escalen a
conductas delictivas o violentas.
Asimismo, con la mediación y la conciliación se da un paso
más en la transformación del estado para lograr un cambio verdadero que
garantice derechos plenos, además de que responde a un compromiso de campaña
con la ciudadanía de Ecatepec, por lo que llamó a las y a los diputados a
socializar estas reformas a fin de informar sus beneficios.
Con este ordenamiento, el Congreso atiende el mandato
establecido en la Ley General de Justicia Cívica Itinerante, en tanto que la
población contará con un ordenamiento para atender sus conflictos, mediante
disposiciones que fijen la competencia de las autoridades.
Promueve la convivencia armónica de las personas y la
preservación del orden público como valores fundamentales para la cultura
cívica; la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para conservar el
medio ambiente, el entorno urbano, las vías, y espacios de concurrencia
colectiva, los servicios, la salud y la seguridad pública, así como la cultura
de la paz a través del diálogo.
Establece la mediación, la conciliación y la justicia
restaurativa, como medios alternativos de solución de controversias; trato
digno a las personas, con respeto a la diversidad cultural que caracteriza a la
comunidad, sin discriminación alguna; y la solidaridad y colaboración entre la
población y autoridades, así como entre los propios habitantes; especialmente
con las personas que están en situación de vulnerabilidad, como una medida para
mejorar el entorno y la calidad de vida.
La ley crea los Juzgados Cívicos con autonomía técnica y
operativa, adscritos a la Secretaría del Ayuntamiento, los cuales operarán en
turnos sucesivos con personal que cubrirán las 24 horas, entre ellos, una jueza
o juez cívico, secretaria o secretario, una persona facilitadora, personal
médico, de psicología y policíaco.
Con la emisión del nuevo ordenamiento se reforman también la
Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo, ambos del Estado de México.
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